El coronel enredado por contrataciones en la Contraloría

Por la firma de tres contratos por $8.300 millones que fueron entregados sin licitación pública a la firma Mnemo Colombia por la Contraloría entre 2012 y 2013, la Fiscalía logró que un juez ordenara la captura del coronel Jairo Gordillo Rojas, un oficial de la Policía que adelanta estudios en Washington (EE.UU.). El coronel Gordillo, para la época de los hechos, era el jefe de la oficina de Telemática de la Policía y fue quien recomendó, luego de realizar estudios previos, que la compañía Mnemo era la única en el país que podía prestar los servicios para la modernización de la plataforma tecnológica de la Contraloría.

Por estos hechos fueron arrestadas hace una semana otras tres personas que en su momento trabajan en la Contraloría también. Se trata de Libardo Núñez Páez, Raimundo Vélez Cabrales y el coronel (r) Carlos Alberto Barragán, quien ejercía como jefe de Seguridad Tecnológica e Informática de la Contraloría y fue el encargado de acompañar todo el proceso de contratación con Mnemo. A estas tres personas les imputaron cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, los mismos por los que será procesado el coronel Gordillo.

Los dos exfuncionarios de la Contraloría y el coronel (r) Carlos Barragán fueron dejados en libertad tras la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía aseguró que los tres hombres no hicieron las verificaciones necesarias para referir en los estudios previos que la empresa Mnemo Colombia era la única que capaz de implementar un sistema de seguridad informática en el organismo de control. Agregó que en el mercado nacional sí existían otros potenciales oferentes y que por tal motivo no había razón para contrata de forma directa y no por licitación pública.

El contrato de los $8.300 millones buscaba blindar a la Contraloría de posibles fugas de información en los expedientes y garantizar la seguridad informática. Desde que empezaron los rastreos a la contratación de la entidad en noviembre de 2013, El Espectador reveló que el coronel (r) Carlos Barragán, el 4 de junio de 2012, presentó un documento de 23 páginas en el que señaló las vulnerabilidades que tenía el sistema informático de la Contraloría ya que no había protocolos de confidencialidad para proteger la información ni políticas centralizadas para custodiar archivos sensibles.

El coronel (r) Barragán –el mismo que le entregó Andrés Pastrana los narcocasetes del Proceso 8.000– recomendó entonces que se debían implementar los software Sciso y Maveric –que permitían reconocer fugas de información– y que la empresa Mnemo era la única autorizada para negociar la adquisición e implementación de estos programas. Pocos días antes de que el oficial retirado enviara su concepto, el coronel Jairo Gordillo envió un diagnóstico en el que hacía las mismas recomendaciones. Según las pesquisas, ambos oficiales viajaron juntos a España, donde queda ubicada la sede principal de Mnemo, para mirar la tecnología.

Los investigadores de la Fiscalía analizaron el acuerdo entre la Policía y la Contraloría –firmado en 2012– que buscaba garantizar el proceso de modernización. Encontraron que los estudios previos que envió la Fuerza Pública a la Contraloría fueron realizados por el coronel Jairo Gordillo, por lo que concluyeron que tenía responsabilidad en la contratación directa de la que se benefició Mnemo. 

Fue el 25 de julio de 2012, luego de que la Procuraduría certificara que la empresa Mnemo Colombia no tenía sanciones ni inhabilidades vigentes, que se firmó el primer contrato en la Contraloría por un valor de $3.800. A ese mismo contraro, el 28 de diciembre de 2012 se adicionaron $1.563 millones. El segundo se otorgó el 19 de abril de 2013 por $690 millones para el diseño de una guía de responsabilidad en la Contraloría para “el aseguramiento del expediente electrónico”. Finalmente, el 10 de julio de 2013 se firmó el tercero por un valor $2.256 millones que especificaba el uso y las licencias de los software especializados.

Este capítulo fue la punta de lanza que utilizó el fiscal Eduardo Montealegre para exponer la hipótesis de que desde la Contraloría –en ese entonces en cabeza de Sandra Morelli– se estaba chuzando y realizando seguimientos ilegales a los periodistas  Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco. Por ahora, el proceso quedó enmarcado en un tema de contratación irregular y no de chuzadas. El último implicado, el coronel Jairo Gordillo, aún no ha sido ubicado en Washington.

Por la firma de tres contratos por $8.300 millones que fueron entregados sin licitación pública a la firma Mnemo Colombia por la Contraloría entre 2012 y 2013, la Fiscalía logró que un juez ordenara la captura del coronel Jairo Gordillo Rojas, un oficial de la Policía que adelanta estudios en Washington (EE.UU.). El coronel Gordillo, para la época de los hechos, era el jefe de la oficina de Telemática de la Policía y fue quien recomendó, luego de realizar estudios previos, que la compañía Mnemo era la única en el país que podía prestar los servicios para la modernización de la plataforma tecnológica de la Contraloría.

Por estos hechos fueron arrestadas hace una semana otras tres personas que en su momento trabajan en la Contraloría también. Se trata de Libardo Núñez Páez, Raimundo Vélez Cabrales y el coronel (r) Carlos Alberto Barragán, quien ejercía como jefe de Seguridad Tecnológica e Informática de la Contraloría y fue el encargado de acompañar todo el proceso de contratación con Mnemo. A estas tres personas les imputaron cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, los mismos por los que será procesado el coronel Gordillo.

Los dos exfuncionarios de la Contraloría y el coronel (r) Carlos Barragán fueron dejados en libertad tras la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía aseguró que los tres hombres no hicieron las verificaciones necesarias para referir en los estudios previos que la empresa Mnemo Colombia era la única que capaz de implementar un sistema de seguridad informática en el organismo de control. Agregó que en el mercado nacional sí existían otros potenciales oferentes y que por tal motivo no había razón para contrata de forma directa y no por licitación pública.

El contrato de los $8.300 millones buscaba blindar a la Contraloría de posibles fugas de información en los expedientes y garantizar la seguridad informática. Desde que empezaron los rastreos a la contratación de la entidad en noviembre de 2013, El Espectador reveló que el coronel (r) Carlos Barragán, el 4 de junio de 2012, presentó un documento de 23 páginas en el que señaló las vulnerabilidades que tenía el sistema informático de la Contraloría ya que no había protocolos de confidencialidad para proteger la información ni políticas centralizadas para custodiar archivos sensibles.

El coronel (r) Barragán –el mismo que le entregó Andrés Pastrana los narcocasetes del Proceso 8.000– recomendó entonces que se debían implementar los software Sciso y Maveric –que permitían reconocer fugas de información– y que la empresa Mnemo era la única autorizada para negociar la adquisición e implementación de estos programas. Pocos días antes de que el oficial retirado enviara su concepto, el coronel Jairo Gordillo envió un diagnóstico en el que hacía las mismas recomendaciones. Según las pesquisas, ambos oficiales viajaron juntos a España, donde queda ubicada la sede principal de Mnemo, para mirar la tecnología.

Los investigadores de la Fiscalía analizaron el acuerdo entre la Policía y la Contraloría –firmado en 2012– que buscaba garantizar el proceso de modernización. Encontraron que los estudios previos que envió la Fuerza Pública a la Contraloría fueron realizados por el coronel Jairo Gordillo, por lo que concluyeron que tenía responsabilidad en la contratación directa de la que se benefició Mnemo. 

Fue el 25 de julio de 2012, luego de que la Procuraduría certificara que la empresa Mnemo Colombia no tenía sanciones ni inhabilidades vigentes, que se firmó el primer contrato en la Contraloría por un valor de $3.800. A ese mismo contraro, el 28 de diciembre de 2012 se adicionaron $1.563 millones. El segundo se otorgó el 19 de abril de 2013 por $690 millones para el diseño de una guía de responsabilidad en la Contraloría para “el aseguramiento del expediente electrónico”. Finalmente, el 10 de julio de 2013 se firmó el tercero por un valor $2.256 millones que especificaba el uso y las licencias de los software especializados.

Este capítulo fue la punta de lanza que utilizó el fiscal Eduardo Montealegre para exponer la hipótesis de que desde la Contraloría –en ese entonces en cabeza de Sandra Morelli– se estaba chuzando y realizando seguimientos ilegales a los periodistas  Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco. Por ahora, el proceso quedó enmarcado en un tema de contratación irregular y no de chuzadas. El último implicado, el coronel Jairo Gordillo, aún no ha sido ubicado en Washington.