El enredo del exdirector de la DIAN en Cartagena

Las denuncias contra el exdirector de Aduanas en Cartagena y Buenaventura, capitán (r) de la Armada Humberto Angulo Montero, por un supuesto enriquecimiento ilícito, tienen un capítulo por explicar: el presunto nexo con redes de contrabando que, al parecer, tuvieron carta blanca para ingresar mercancía ilegal al país entre 2003 y 2009. La investigación comenzó el 1º de marzo de 2007, tras una denuncia que radicó el Comité Radical para la Transparencia de la Función Pública. Sin embargo, hay serios reparos contra los investigadores del proceso.

 

Según la Fiscalía, Angulo habría tenido a lo largo de su trabajo en la DIAN un incremento patrimonial del 580% sin justificar. Por esta razón, el 31 de diciembre de 2014 una fiscal de Cartagena le dictó medida de aseguramiento con el beneficio de detención domiciliaria. La decisión fue impugnada, pero en segunda instancia se ratificó que seguiría retenido. Asimismo se ordenó realizar nuevos peritajes contables porque no se analizó la totalidad de la documentación.

 

En marzo de 2007 el Comité Radical para la Transparencia de la Función Pública denunció irregularidades en el actuar del capitán (r) durante su gestión en las seccionales de la DIAN en Buenaventura y Cartagena. Según la denuncia, Angulo Montero aprovechó su posición en Buenaventura para crear “un foco de corrupción respecto al contrabando de textiles y licores”. Explicaron que el entonces funcionario de Aduanas entregaba documentos oficiales en blanco para que sus socios, una vez descargaban la mercancía ilegal, pusieran cifras inferiores a las reales. Tanto así, señalaron, desaparecían los registros originales.

 

El Comité de Transparencia agregó que el supuesto “premio” que Angulo recibió fue el traslado a Cartagena. En esta seccional supuestamente hizo una alianza con el entonces jefe de la División de Fiscalización, Javier Francisco Reina, cuya investigación precluyó y hoy es director de Aduanas en Cartagena. 

 

Finalmente, los denunciantes indicaron que los funcionarios habrían permitido “la entrada ilegal de zapatos, licores, cigarrillos y textiles” y que el 50% de cada container lo registraban como mercancía legal, mientras que la otra mitad no se declaraba en Aduanas.

 

La explicación que el capitán (r) Angulo les entregó a las autoridades fue que el incremento patrimonial obedecía a que, además de las primas que le daban por ser oficial de la Armada, recibía un sueldo y primas legales por su labor en la DIAN. Añadió que al finalizar su contrato —renunció el 31 de julio de 2009— recibió cesantías por su labor en la entidad y en la Armada, donde pidió la baja luego de 25 años de servicio y que continuó trabajando. Al principio como jefe de operaciones del muelle El Bosque (Cartagena) y luego en una consultoría para la empresa Interamerican Coal.

 

Pero los investigadores llegaron a otra conclusión: el patrimonio del capitán (r) registraba un incremento patrimonial de 580% y sus ingresos mensuales no evidenciaban la capacidad de aumentar sus riquezas en tal magnitud. Además, la Fiscalía contaba con informes periciales contables que demostraban que la posibilidad de crecimiento económico gracias a sus ingresos sólo era del 28%.

“Así las cosas, el juicio de reproche penal no se hace esperar, ya que tal acrecentamiento no se deduce de su vínculo laboral de acuerdo con la ley ni la ética, lo que nos lleva a platear, por lo tanto, la imposición de una medida de aseguramiento”, puntualizó la Fiscalía, que le dio el beneficio de prisión domiciliaria al capitán (r), que vive en Cali. La defensa de Angulo Montero impugnó la decisión al calificarla de “errada y desfasada”.

 

Su argumento era que no existía incremento patrimonial, ya que en el momento en que se realizó el informe pericial no pudieron entregar los documentos que sustentaban sus declaraciones de renta. Por eso solicitaron que se volviera a practicar la prueba. Aunque en la decisión de segunda instancia, una fiscal delegada ante el Tribunal de Cartagena, les dio parcialmente la razón, le negó la libertad a Angulo.

 

La Fiscalía les ordenó a los investigadores que practicaran nuevamente el peritaje contable, ya que existían nuevos documentos de prueba. Asimismo, les llamó la atención a los peritos al señalarles que habían cometido errores en sus análisis, pues no tuvieron en cuenta temas como la valorización o desvalorización de las propiedades “No sólo basta inconsistencia o incremento patrimonial injustificado, se debe demostrar que el dinero proviene de una actividad ilícita”, se indicó en segunda instancia.

 

El tema no es de poca monta, ya que el proceso contra el capitán (r) Angulo surgió de la denuncia de supuestos nexos con redes de contrabando. A pesar de que en las dos decisiones de la Fiscalía sólo se referencia esta situación con la denuncia presentada por el Comité de Transparencia, para el ente investigador “subsisten indicios que hacen relación al aumento hasta ahora injustificado del patrimonio”.

 

El actual director de Aduanas en Cartagena, Javier Reina, salió bien librado de este impasse. Entre las declaraciones que le entregó a la Fiscalía dijo que nunca tuvo amistad con Angulo, quien llegó a la seccional en enero de 2004, cuando él se desempeñaba como asistente del despacho. Agregó que Angulo lo nombró a los tres meses como jefe de Fiscalización, pero sólo estuvo siete meses en el cargo luego de múltiples altercados con el oficial (r). Es más, el propio Angulo Montero les dijo a las autoridades que su relación con Reina había sido traumática.

 

Reina les contó a las autoridades que su traslado a Bucaramanga se dio el 30 de junio de 2005 y que le parecía curioso que en las dos oportunidades en las que ha ocupado cargos directivos en Aduanas de Cartagena se le han iniciado procesos por denuncias anónimas por un supuesto incremento patrimonial. “Ambas investigaciones se han archivado a mi favor”, declaró. Aún se espera conocer cómo terminará la historia del capitán (r), quien salió de la entidad en 2009 en medio de señalamientos por supuestos nexos con redes de contrabando.

Las denuncias contra el exdirector de Aduanas en Cartagena y Buenaventura, capitán (r) de la Armada Humberto Angulo Montero, por un supuesto enriquecimiento ilícito, tienen un capítulo por explicar: el presunto nexo con redes de contrabando que, al parecer, tuvieron carta blanca para ingresar mercancía ilegal al país entre 2003 y 2009. La investigación comenzó el 1º de marzo de 2007, tras una denuncia que radicó el Comité Radical para la Transparencia de la Función Pública. Sin embargo, hay serios reparos contra los investigadores del proceso.

 

Según la Fiscalía, Angulo habría tenido a lo largo de su trabajo en la DIAN un incremento patrimonial del 580% sin justificar. Por esta razón, el 31 de diciembre de 2014 una fiscal de Cartagena le dictó medida de aseguramiento con el beneficio de detención domiciliaria. La decisión fue impugnada, pero en segunda instancia se ratificó que seguiría retenido. Asimismo se ordenó realizar nuevos peritajes contables porque no se analizó la totalidad de la documentación.

 

En marzo de 2007 el Comité Radical para la Transparencia de la Función Pública denunció irregularidades en el actuar del capitán (r) durante su gestión en las seccionales de la DIAN en Buenaventura y Cartagena. Según la denuncia, Angulo Montero aprovechó su posición en Buenaventura para crear “un foco de corrupción respecto al contrabando de textiles y licores”. Explicaron que el entonces funcionario de Aduanas entregaba documentos oficiales en blanco para que sus socios, una vez descargaban la mercancía ilegal, pusieran cifras inferiores a las reales. Tanto así, señalaron, desaparecían los registros originales.

 

El Comité de Transparencia agregó que el supuesto “premio” que Angulo recibió fue el traslado a Cartagena. En esta seccional supuestamente hizo una alianza con el entonces jefe de la División de Fiscalización, Javier Francisco Reina, cuya investigación precluyó y hoy es director de Aduanas en Cartagena. 

 

Finalmente, los denunciantes indicaron que los funcionarios habrían permitido “la entrada ilegal de zapatos, licores, cigarrillos y textiles” y que el 50% de cada container lo registraban como mercancía legal, mientras que la otra mitad no se declaraba en Aduanas.

 

La explicación que el capitán (r) Angulo les entregó a las autoridades fue que el incremento patrimonial obedecía a que, además de las primas que le daban por ser oficial de la Armada, recibía un sueldo y primas legales por su labor en la DIAN. Añadió que al finalizar su contrato —renunció el 31 de julio de 2009— recibió cesantías por su labor en la entidad y en la Armada, donde pidió la baja luego de 25 años de servicio y que continuó trabajando. Al principio como jefe de operaciones del muelle El Bosque (Cartagena) y luego en una consultoría para la empresa Interamerican Coal.

 

Pero los investigadores llegaron a otra conclusión: el patrimonio del capitán (r) registraba un incremento patrimonial de 580% y sus ingresos mensuales no evidenciaban la capacidad de aumentar sus riquezas en tal magnitud. Además, la Fiscalía contaba con informes periciales contables que demostraban que la posibilidad de crecimiento económico gracias a sus ingresos sólo era del 28%.

“Así las cosas, el juicio de reproche penal no se hace esperar, ya que tal acrecentamiento no se deduce de su vínculo laboral de acuerdo con la ley ni la ética, lo que nos lleva a platear, por lo tanto, la imposición de una medida de aseguramiento”, puntualizó la Fiscalía, que le dio el beneficio de prisión domiciliaria al capitán (r), que vive en Cali. La defensa de Angulo Montero impugnó la decisión al calificarla de “errada y desfasada”.

 

Su argumento era que no existía incremento patrimonial, ya que en el momento en que se realizó el informe pericial no pudieron entregar los documentos que sustentaban sus declaraciones de renta. Por eso solicitaron que se volviera a practicar la prueba. Aunque en la decisión de segunda instancia, una fiscal delegada ante el Tribunal de Cartagena, les dio parcialmente la razón, le negó la libertad a Angulo.

 

La Fiscalía les ordenó a los investigadores que practicaran nuevamente el peritaje contable, ya que existían nuevos documentos de prueba. Asimismo, les llamó la atención a los peritos al señalarles que habían cometido errores en sus análisis, pues no tuvieron en cuenta temas como la valorización o desvalorización de las propiedades “No sólo basta inconsistencia o incremento patrimonial injustificado, se debe demostrar que el dinero proviene de una actividad ilícita”, se indicó en segunda instancia.

 

El tema no es de poca monta, ya que el proceso contra el capitán (r) Angulo surgió de la denuncia de supuestos nexos con redes de contrabando. A pesar de que en las dos decisiones de la Fiscalía sólo se referencia esta situación con la denuncia presentada por el Comité de Transparencia, para el ente investigador “subsisten indicios que hacen relación al aumento hasta ahora injustificado del patrimonio”.

 

El actual director de Aduanas en Cartagena, Javier Reina, salió bien librado de este impasse. Entre las declaraciones que le entregó a la Fiscalía dijo que nunca tuvo amistad con Angulo, quien llegó a la seccional en enero de 2004, cuando él se desempeñaba como asistente del despacho. Agregó que Angulo lo nombró a los tres meses como jefe de Fiscalización, pero sólo estuvo siete meses en el cargo luego de múltiples altercados con el oficial (r). Es más, el propio Angulo Montero les dijo a las autoridades que su relación con Reina había sido traumática.

 

Reina les contó a las autoridades que su traslado a Bucaramanga se dio el 30 de junio de 2005 y que le parecía curioso que en las dos oportunidades en las que ha ocupado cargos directivos en Aduanas de Cartagena se le han iniciado procesos por denuncias anónimas por un supuesto incremento patrimonial. “Ambas investigaciones se han archivado a mi favor”, declaró. Aún se espera conocer cómo terminará la historia del capitán (r), quien salió de la entidad en 2009 en medio de señalamientos por supuestos nexos con redes de contrabando.