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El espinoso proceso judicial en contra del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos lleva en su recta final casi cuatro años. Y ahora un vencimiento de términos podría estar a la vuelta de la esquina y dejar sin piso una investigación que tomó más de siete años en la Corte Suprema de Justicia, que lo señaló de recibir dineros de las autodefensas para sus campañas al Senado. El expediente, en teoría, se encuentra en la Sala de Primera Instancia de la Corte, pero en la práctica, un fallo de tutela, del cual los magistrados del caso no han sido notificados y que reposa en la Corte Constitucional, tiene trabado el proceso a nueve meses de que el caso prescriba.
El atropellado expediente empezó formalmente en abril de 2014 y, de no culminar el 7 de mayo de 2022, la justicia perdería la facultad de judicializar a Ramos. Pero en estos siete años todo tipo de acciones legales han ralentizado el proceso: desde disputas con los medios de comunicación por publicar las ponencias de fallo y choques de trenes entre la Corte Suprema y la desaparecida Sala Disciplinaria de la Judicatura, hasta tutelas que han llegado a la Corte Constitucional, sentando nueva jurisprudencia. La más reciente decisión tuvo ponencia del magistrado José Fernando Reyes, y fue resuelta en la primera semana de junio pasado. Ramos le pedía al alto tribunal que se garantizara el derecho al debido proceso y, con ello, que le quitaran el expediente al magistrado Ariel Torres, de la Sala de Primera Instancia.