El expediente Osorio

En un escueto oficio de siete páginas, el representante investigador Jorge Gómez Villamizar llamó a indagatoria el pasado 12 de marzo al exfiscal Luis Camilo Osorio Isaza (2001-2005) por delitos relacionados con su presunto favorecimiento al paramilitarismo. El Espectador conoció todo el expediente que inició, en marzo de 2003, luego de que el entonces parlamentario Gustavo Petro lo denunciara porque habría permitido la infiltración de las autodefensas en Norte de Santander.

El pasado jueves, el alcalde Petro amplió sus denuncias en la Comisión de Acusación y se declaró como víctima de una persecución en la que terminó interceptado por el DAS, haciendo alusión a una declaración de Rafael García, en la que se acusaba a Jorge Noguera y a Luis Camilo Osorio de espiar al dirigente. Para el próximo 29 de marzo fue fijada la diligencia de indagatoria de Osorio Isaza, quien ha sostenido que ha sido él el verdadero persecutor del paramilitarismo, que las estadísticas lo demuestran y que es un hombre que jamás ha desviado su proceder.

La corporación pidió escuchar en declaración a los exfiscales Elcida Molina Méndez y Luis Augusto Sepúlveda Reyes, así como a la exinvestigadora del CTI Magaly Janeth Moreno. Todos han resaltado graves irregularidades en la gestión de Osorio. Lo paradójico es que buena parte de esos testimonios se los entregaron al exrepresentante detenido Germán Olano, uno de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá. Por ejemplo, el exfiscal de Derechos Humanos Sepúlveda relató en mayo de 2008 cómo salió de la Fiscalía en abril de 2002.

Según él, haber vinculado al proceso por el atentado a Wilson Borja al jefe paramilitar Carlos Castaño y haber pedido investigaciones contra los generales Jorge Enrique Mora y Reinaldo Castellanos le causó un hondo malestar a Osorio, quien lo llamó a cuentas. “Él se molestó muchísimo y supe entonces que mis días estaban contados en la Fiscalía”. Y fue declarado insubsistente, a pesar de estar amenazado. Seis meses después salió del país con su familia. Sepúlveda sostuvo que conoció informes del CTI en los que había una lista de fiscales investigadores en la mira de la casa Castaño.

Como ejemplo nombró a fiscales como César Rincón, quien investigó la masacre de La Gabarra; Amelia Pérez, Martha Camacho, Pedro Díaz, Lucía Luna y Marcela Roldán, a quienes Osorio “en vez de proteger, como era su deber, los abandonó a la suerte de los gatilleros pagados por los paramilitares”. El testigo Sepúlveda recordó que el proceso en contra del general (r) Rito Alejo del Río, en el año 2001, originó la salida de Pedro Díaz y Pablo Elías González, quienes se negaron a reversar la medida de aseguramiento en contra del alto oficial. En síntesis, “hay una serie de hechos que nos permiten inferir que Osorio estaba en contra de todo lo que perjudicara a las autodefensas”.

A ello se suman el testimonio de la exfiscal Elcida Molina Méndez y las pesquisas de la justicia contra Magaly Moreno. Así se documentó cómo el paramilitarismo cooptó la Fiscalía en Cúcuta, a cargo de Ana María Flórez, hoy condenada a 12 años de prisión y prófuga de la justicia. Magaly, conocida con el alias de La Perla, con la complacencia de Flórez, direccionaba procesos, sacaba expedientes de los despachos y filtraba datos a los ‘paras’. Ana María Flórez es hija de Álvaro Flórez Bernal, de quien se ha dicho es un hombre muy allegado al exfiscal Osorio y, aunque ingresó a la Fiscalía en enero de 2002, en apenas 17 meses ya había sido nombrada directora seccional de Cúcuta.

La Comisión de Acusación pidió informar a la Fiscalía cuál es el estado de las denuncias que puso el abogado Jaime Granados en contra de Pablo Elías González, Luis Augusto Sepúlveda y Elcida Molina, es decir, los testigos contra Osorio. Asimismo, escuchar en declaración al exdirector del CTI, general (r) Ismael Trujillo, para establecer qué conoció de los hechos denunciados por el llamado hacker de la Fiscalía, Richard Riaño, quien en 2002 denunció cerca de 50 conexiones de funcionarios de la Fiscalía con presuntos paramilitares. Además, la corporación pidió información sobre los procesos que cursan contra el general (r) Rito Alejo del Río, hoy detenido.

En ocho años es poco lo que ha avanzado la Comisión para aclarar estos señalamientos. Osorio se defiende a rajatabla al reiterar que nunca ha tenido tratos con organizaciones paramilitares y que nadie jamás podrá probarlo. En la otra orilla, exfiscales que salieron bajo su mandato continúan señalándolo. El abogado del exfiscal Jaime Granados los cuestiona. Por lo pronto, más allá de estas versiones contrarias, poco ha podido verificar la Comisión en este cruce de testimonios.

Molestia en la defensa de Osorio

El defensor de Luis Camilo Osorio, el abogado Jaime Granados, le manifestó a este diario su inconformismo con la manera como la Comisión de Acusación ha manejado el caso del exfiscal general: “Este es un proceso que tiene nueve años. Cuando todavía era fiscal general, Luis Camilo Osorio dio versión libre y refutó todos los señalamientos que se le hicieron. Pero observo que se han practicado una serie de pruebas, más o menos el 70%, pedidas por la parte civil, que es David Teleki, abogado de Gustavo Petro. Y de las pruebas que ha pedido la defensa no se ha practicado más del 10%. En marzo de 2009 envié un escrito a la Comisión, en el que pedí la preclusión extraordinaria del proceso, y en estos tres años nunca ha habido respuesta a esta solicitud. Tampoco se han practicado unas pruebas que solicité en un escrito aparte. Me enteré por los medios de comunicación de que llamaron a Osorio a indagatoria. Este delito precluía a los 6 años y 4 meses, una investigación de tanta duración es una violación al debido proceso. La Comisión no actúa sólo como un órgano político, sino con funciones judiciales, por tanto sujetos a la ley, que si no hacen su tarea eso tiene nombre: prevaricato. No entiendo qué está pasando en la Comisión”.

En un escueto oficio de siete páginas, el representante investigador Jorge Gómez Villamizar llamó a indagatoria el pasado 12 de marzo al exfiscal Luis Camilo Osorio Isaza (2001-2005) por delitos relacionados con su presunto favorecimiento al paramilitarismo. El Espectador conoció todo el expediente que inició, en marzo de 2003, luego de que el entonces parlamentario Gustavo Petro lo denunciara porque habría permitido la infiltración de las autodefensas en Norte de Santander.

El pasado jueves, el alcalde Petro amplió sus denuncias en la Comisión de Acusación y se declaró como víctima de una persecución en la que terminó interceptado por el DAS, haciendo alusión a una declaración de Rafael García, en la que se acusaba a Jorge Noguera y a Luis Camilo Osorio de espiar al dirigente. Para el próximo 29 de marzo fue fijada la diligencia de indagatoria de Osorio Isaza, quien ha sostenido que ha sido él el verdadero persecutor del paramilitarismo, que las estadísticas lo demuestran y que es un hombre que jamás ha desviado su proceder.

La corporación pidió escuchar en declaración a los exfiscales Elcida Molina Méndez y Luis Augusto Sepúlveda Reyes, así como a la exinvestigadora del CTI Magaly Janeth Moreno. Todos han resaltado graves irregularidades en la gestión de Osorio. Lo paradójico es que buena parte de esos testimonios se los entregaron al exrepresentante detenido Germán Olano, uno de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá. Por ejemplo, el exfiscal de Derechos Humanos Sepúlveda relató en mayo de 2008 cómo salió de la Fiscalía en abril de 2002.

Según él, haber vinculado al proceso por el atentado a Wilson Borja al jefe paramilitar Carlos Castaño y haber pedido investigaciones contra los generales Jorge Enrique Mora y Reinaldo Castellanos le causó un hondo malestar a Osorio, quien lo llamó a cuentas. “Él se molestó muchísimo y supe entonces que mis días estaban contados en la Fiscalía”. Y fue declarado insubsistente, a pesar de estar amenazado. Seis meses después salió del país con su familia. Sepúlveda sostuvo que conoció informes del CTI en los que había una lista de fiscales investigadores en la mira de la casa Castaño.

Como ejemplo nombró a fiscales como César Rincón, quien investigó la masacre de La Gabarra; Amelia Pérez, Martha Camacho, Pedro Díaz, Lucía Luna y Marcela Roldán, a quienes Osorio “en vez de proteger, como era su deber, los abandonó a la suerte de los gatilleros pagados por los paramilitares”. El testigo Sepúlveda recordó que el proceso en contra del general (r) Rito Alejo del Río, en el año 2001, originó la salida de Pedro Díaz y Pablo Elías González, quienes se negaron a reversar la medida de aseguramiento en contra del alto oficial. En síntesis, “hay una serie de hechos que nos permiten inferir que Osorio estaba en contra de todo lo que perjudicara a las autodefensas”.

A ello se suman el testimonio de la exfiscal Elcida Molina Méndez y las pesquisas de la justicia contra Magaly Moreno. Así se documentó cómo el paramilitarismo cooptó la Fiscalía en Cúcuta, a cargo de Ana María Flórez, hoy condenada a 12 años de prisión y prófuga de la justicia. Magaly, conocida con el alias de La Perla, con la complacencia de Flórez, direccionaba procesos, sacaba expedientes de los despachos y filtraba datos a los ‘paras’. Ana María Flórez es hija de Álvaro Flórez Bernal, de quien se ha dicho es un hombre muy allegado al exfiscal Osorio y, aunque ingresó a la Fiscalía en enero de 2002, en apenas 17 meses ya había sido nombrada directora seccional de Cúcuta.

La Comisión de Acusación pidió informar a la Fiscalía cuál es el estado de las denuncias que puso el abogado Jaime Granados en contra de Pablo Elías González, Luis Augusto Sepúlveda y Elcida Molina, es decir, los testigos contra Osorio. Asimismo, escuchar en declaración al exdirector del CTI, general (r) Ismael Trujillo, para establecer qué conoció de los hechos denunciados por el llamado hacker de la Fiscalía, Richard Riaño, quien en 2002 denunció cerca de 50 conexiones de funcionarios de la Fiscalía con presuntos paramilitares. Además, la corporación pidió información sobre los procesos que cursan contra el general (r) Rito Alejo del Río, hoy detenido.

En ocho años es poco lo que ha avanzado la Comisión para aclarar estos señalamientos. Osorio se defiende a rajatabla al reiterar que nunca ha tenido tratos con organizaciones paramilitares y que nadie jamás podrá probarlo. En la otra orilla, exfiscales que salieron bajo su mandato continúan señalándolo. El abogado del exfiscal Jaime Granados los cuestiona. Por lo pronto, más allá de estas versiones contrarias, poco ha podido verificar la Comisión en este cruce de testimonios.

Molestia en la defensa de Osorio

El defensor de Luis Camilo Osorio, el abogado Jaime Granados, le manifestó a este diario su inconformismo con la manera como la Comisión de Acusación ha manejado el caso del exfiscal general: “Este es un proceso que tiene nueve años. Cuando todavía era fiscal general, Luis Camilo Osorio dio versión libre y refutó todos los señalamientos que se le hicieron. Pero observo que se han practicado una serie de pruebas, más o menos el 70%, pedidas por la parte civil, que es David Teleki, abogado de Gustavo Petro. Y de las pruebas que ha pedido la defensa no se ha practicado más del 10%. En marzo de 2009 envié un escrito a la Comisión, en el que pedí la preclusión extraordinaria del proceso, y en estos tres años nunca ha habido respuesta a esta solicitud. Tampoco se han practicado unas pruebas que solicité en un escrito aparte. Me enteré por los medios de comunicación de que llamaron a Osorio a indagatoria. Este delito precluía a los 6 años y 4 meses, una investigación de tanta duración es una violación al debido proceso. La Comisión no actúa sólo como un órgano político, sino con funciones judiciales, por tanto sujetos a la ley, que si no hacen su tarea eso tiene nombre: prevaricato. No entiendo qué está pasando en la Comisión”.