"El transgenerismo no es una enfermedad"

En un documento de 49 páginas conocido por El Espectador, varias ONG —entre ellas Colombia Diversa, Dejusticia y el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Transgénero— le solicitaron a la Corte Constitucional que reitere, sin dubitaciones, que “el transgenerismo no es una enfermedad ni una categoría psiquiátrica” y que flexibilice el mecanismo al que tienen que recurrir las personas transgénero para cambiar el sexo que aparece en su registro civil de nacimiento.

En Colombia se ha vuelto costumbre que lo que para la mayoría de la población es apenas un trámite, para la comunidad LGBTI es un dolor de cabeza. Un ejemplo es —precisamente— el largo camino que las personas trans tienen que recorrer para que les permitan modificar sus documentos de identidad.

Para ello, tienen que conseguir un abogado —con los costos que ello implica—, acudir a un juez y presentar un certificado médico que confirme el cambio de sexo o —de lo contrario— el peritaje de un psiquiatra que señale que el solicitante padece de disforia de género, que su identidad sexual y su sexo biológico no concuerdan. Mejor dicho: que es un enfermo.

Ante este panorama, y aprovechando que la Corte Constitucional estudia actualmente el caso de una mujer trans a la que le han negado el cambio en su registro civil, estas ONG le pidieron al alto tribunal que puntualice que para el reconocimiento del transgenerismo “como una opción de vida protegida no se requieren certificados médicos ni diagnósticos psiquiátricos de disforia de género”.

Y que les permita a las personas trans hacer el cambio en su registro civil, por ejemplo, mediante escritura pública, como ocurre con todas las otras modificaciones que se le pueden hacer a este documento. Y, si es necesario, con testigos que avalen que la persona no se identifica con el sexo que aparece en su registro.

Ello, de acuerdo con los firmantes, puede ser “más respetuoso del derecho a la igualdad y de los derechos de las personas transgénero, en especial del derecho a autodeterminar libremente su identidad de género”. 

Un cambio mayor 

La controversia no es para menos. Un ejemplo son las palabras de Pedro Julio, directora de la Fundación Santa María (que vela por los derechos de la comunidad LGTBI), quien dijo que “la cédula no dice quiénes somos nosotras. Tenemos una ciudadanía paraestatal, construida por el mismo Estado, que nos puso en ese lugar por obligación, sin posibilidad de elegir. Nos dice: ‘Para mí usted es un hombre, así que lo trato como un hombre’. Lo que tratamos de decir es que no somos hombres, somos mujeres, esa es nuestra identidad y así queremos ser reconocidas”.

La incongruencia entre el registro civil de nacimiento y el aspecto de la persona hace que a ésta se le haga casi imposible acceder a un trabajo y a los servicios estatales porque, en la mayoría de los casos, quienes la atienden creen que su registro civil y su cédula son falsos. Esto no hace sino agravar la situación de una población históricamente discriminada.

De acuerdo con un informe de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Transgénero (Redlactrans), del total de esta población, “entre un 44 y un 70% abandona o es expulsada de su hogar, y que este proceso ocurre principalmente entre los 13 y los 17 años”. De las personas transgénero encuestadas en 15 países del Caribe y Latinoamérica, “el 100% manifestó discriminaciones y maltrato en el ámbito escolar”.

Según un estudio realizado en Estados Unidos en 2011, en el que encuestaron 6.450 personas transgénero, el “78% de quienes asistieron a la escuela manifestaron haber sido hostigados, el 35% dijeron haber sufrido abuso físico y el 12% haber padecido violencia sexual. El 6% considera que fue expulsado/a debido al prejuicio sobre su identidad”.

Un estudio publicado en 2012 por la Alcaldía de Bogotá afirmó que “el 52,09% de las personas transgénero reportan haber sufrido maltrato en el sistema educativo” y que éstas “tienen los niveles más bajos de escolaridad: 39,35% cuentan con educación media y 26,7% con educación básica secundaria. El porcentaje de universitarios y universitarias en este sector es de 11,9% y de posgrado sólo el 1,94%”. Si consiguen trabajo, esto no asegura el fin del calvario. De acuerdo con los estudios adelantados por la Alcaldía de Bogotá, “el 92,44% de personas transgeneristas han sentido algún tipo de discriminación en el ámbito laboral”. Los demandantes esperan que ante este panorama el Estado, en vez de agravar la situación, avance en medidas para estas personas discriminadas por una sociedad que las sigue considerando enfermas por el simple hecho de haber tomado una decisión de vida distinta a la de la mayoría.

En un documento de 49 páginas conocido por El Espectador, varias ONG —entre ellas Colombia Diversa, Dejusticia y el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Transgénero— le solicitaron a la Corte Constitucional que reitere, sin dubitaciones, que “el transgenerismo no es una enfermedad ni una categoría psiquiátrica” y que flexibilice el mecanismo al que tienen que recurrir las personas transgénero para cambiar el sexo que aparece en su registro civil de nacimiento.

En Colombia se ha vuelto costumbre que lo que para la mayoría de la población es apenas un trámite, para la comunidad LGBTI es un dolor de cabeza. Un ejemplo es —precisamente— el largo camino que las personas trans tienen que recorrer para que les permitan modificar sus documentos de identidad.

Para ello, tienen que conseguir un abogado —con los costos que ello implica—, acudir a un juez y presentar un certificado médico que confirme el cambio de sexo o —de lo contrario— el peritaje de un psiquiatra que señale que el solicitante padece de disforia de género, que su identidad sexual y su sexo biológico no concuerdan. Mejor dicho: que es un enfermo.

Ante este panorama, y aprovechando que la Corte Constitucional estudia actualmente el caso de una mujer trans a la que le han negado el cambio en su registro civil, estas ONG le pidieron al alto tribunal que puntualice que para el reconocimiento del transgenerismo “como una opción de vida protegida no se requieren certificados médicos ni diagnósticos psiquiátricos de disforia de género”.

Y que les permita a las personas trans hacer el cambio en su registro civil, por ejemplo, mediante escritura pública, como ocurre con todas las otras modificaciones que se le pueden hacer a este documento. Y, si es necesario, con testigos que avalen que la persona no se identifica con el sexo que aparece en su registro.

Ello, de acuerdo con los firmantes, puede ser “más respetuoso del derecho a la igualdad y de los derechos de las personas transgénero, en especial del derecho a autodeterminar libremente su identidad de género”. 

Un cambio mayor 

La controversia no es para menos. Un ejemplo son las palabras de Pedro Julio, directora de la Fundación Santa María (que vela por los derechos de la comunidad LGTBI), quien dijo que “la cédula no dice quiénes somos nosotras. Tenemos una ciudadanía paraestatal, construida por el mismo Estado, que nos puso en ese lugar por obligación, sin posibilidad de elegir. Nos dice: ‘Para mí usted es un hombre, así que lo trato como un hombre’. Lo que tratamos de decir es que no somos hombres, somos mujeres, esa es nuestra identidad y así queremos ser reconocidas”.

La incongruencia entre el registro civil de nacimiento y el aspecto de la persona hace que a ésta se le haga casi imposible acceder a un trabajo y a los servicios estatales porque, en la mayoría de los casos, quienes la atienden creen que su registro civil y su cédula son falsos. Esto no hace sino agravar la situación de una población históricamente discriminada.

De acuerdo con un informe de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Transgénero (Redlactrans), del total de esta población, “entre un 44 y un 70% abandona o es expulsada de su hogar, y que este proceso ocurre principalmente entre los 13 y los 17 años”. De las personas transgénero encuestadas en 15 países del Caribe y Latinoamérica, “el 100% manifestó discriminaciones y maltrato en el ámbito escolar”.

Según un estudio realizado en Estados Unidos en 2011, en el que encuestaron 6.450 personas transgénero, el “78% de quienes asistieron a la escuela manifestaron haber sido hostigados, el 35% dijeron haber sufrido abuso físico y el 12% haber padecido violencia sexual. El 6% considera que fue expulsado/a debido al prejuicio sobre su identidad”.

Un estudio publicado en 2012 por la Alcaldía de Bogotá afirmó que “el 52,09% de las personas transgénero reportan haber sufrido maltrato en el sistema educativo” y que éstas “tienen los niveles más bajos de escolaridad: 39,35% cuentan con educación media y 26,7% con educación básica secundaria. El porcentaje de universitarios y universitarias en este sector es de 11,9% y de posgrado sólo el 1,94%”. Si consiguen trabajo, esto no asegura el fin del calvario. De acuerdo con los estudios adelantados por la Alcaldía de Bogotá, “el 92,44% de personas transgeneristas han sentido algún tipo de discriminación en el ámbito laboral”. Los demandantes esperan que ante este panorama el Estado, en vez de agravar la situación, avance en medidas para estas personas discriminadas por una sociedad que las sigue considerando enfermas por el simple hecho de haber tomado una decisión de vida distinta a la de la mayoría.