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En una sentencia de 75 páginas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la condena al Estado por el perfilamiento, seguimiento e interceptaciones que le hizo en su momento el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la hoy senadora electa, Piedad Córdoba en el que la catalogaron como persona cercana a grupos al margen de la ley. En primera instancia, el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá ordenó, además de una millonaria indemnización, ofrecer excusas públicas a la política.
Aunque el Tribunal dejó en firme el monto de la condena que debe recibir Córdoba y su familia, se alejó de las excusas que deben ofrecerle. “Esta Sala no accederá a esta petición, como quiera que, dentro del expediente no se demostró que el Presidente de la República de ese momento, hubiese dado la orden de interceptaciones ilegales y desprestigio a la demandante Piedad Córdoba, pues únicamente se demostró que la información recopilaba se enviaba al alto Gobierno, por ello, resulta adecuado que sea el director del Departamento Administrativo de la Presidencia quien deba realizar el acto de perdón público”, reposa en la providencia.
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Pese a que la corporación se alejó de las excusas públicas por parte del mandatario de turno, ratificó que la hoy senadora electa y su familia fueron víctimas de los perfilamientos y seguimientos que en su momento realizó el desaparecido DAS. “Para la Sala debe confirmarse la sentencia de primera instancia porque se probó el daño antijurídico ocasionado a los demandantes, consistente en la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad, privacidad, honra y buen nombre, como consecuencia de las interceptaciones ilegales adelantadas en contra de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, que resultan contrarias a las atribuciones constitucionales y legales que se había otorgado al DAS”, dice el documento.
El Tribunal aseguró que está probado que el Departamento Administrativo de la presidencia realizaba requerimientos al DAS relacionados con las interceptaciones realizadas a Córdoba y se exigía que se mantuviera informado respecto a este “blanco político” que era de “gran interés” para el Gobierno, de ahí que los directores del DAS recopilaran, analizaran y enviaran información al alto gobierno sin fundamento legal alguno.
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Para la corporación está claro que los funcionarios del DAS no actuaron por razones personales, sino en ejercicio de sus labores públicas con equipos de la entidad y demás institucionalidad, que les permitió llevar a cabo las labores de inteligencia sin orden judicial previa. Así las cosas, para la Sala es evidente que el DAPRE y el Departamento Administrativo de Seguridad son responsables de la vulneración de los derechos de Córdoba y su familia.
La persecución y el perfilamiento de la hoy senadora electa dejó a su paso varios procesos judiciales que terminaron en condenas. Por ejemplo, en mayo de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a los capitanes de la Armada Nacional, Jorge Alberto Lagos León y Fernando Alonso Tabares Molina, por las labores de recopilación de material grabado e inteligencia ilegal. De igual forma, en agosto del mismo año se profirió sentencia contra Germán Villalba Chávez y Fabio Duarte Traslaviña por los delitos de concierto agravado, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
La puja por este caso empezó, precisamente, entre los años 2005 y 2008 desde el extinto DAS en el marco de las operaciones denominadas Amazonas y Onix. El Departamento Administrativo realizó labores de inteligencia, interceptación y monitoreo no solo contra Córdoba y su familia, sino contra personalidades públicas que estuvieran en oposición al Gobierno de turno. Los perfilamientos vincularon desde congresistas hasta periodistas, magistrados y jueces.
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Este miércoles, la justicia le dio volvió a dar el espaldarazo a la política al mantener viva la millonaria reparación económica para ella y su familia. A través de un comunicado emitido desde su equipo de trabajo argumentaron: “Sin lugar a dudas, este fallo demuestra una vez más la existencia de una campaña de desprestigio contra la exsenadora y que su labor como dirigente política y social se ha ajustado a la ley y se ha desarrollado en el marco de la legalidad y por los canales democráticos”, explicaron.
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