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'En protestas hubo brutalidad policial'

En manos de la Procuraduría y la Fiscalía está una queja disciplinaria y una denuncia que manifiestan la necesidad de investigar a los altos mandos del ministerio de Defensa, la Policía y el Esmad.

Redacción Judicial
30 de agosto de 2013 - 07:08 p. m.
'En protestas hubo brutalidad policial'

Los abogados Jorge Molano y Germán Romero solicitaron ayer a la Procuraduría que se investigue al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; al director general de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino y al director del Esmad, coronel Rafael Méndez por presuntos abusos de la Fuerza Pública durante los disturbios y manifestaciones en el marco del paro nacional. Los fundamentos que tienen los abogados son los registros de los hechos ocurridos durante el desarrollo del paro nacional y que muestran  “centenares” de casos de integrantes de la Policía y del Esmad haciendo uso desproporcionado de la fuerza contra quienes participaban en las manifestaciones.

En el documento aseguran que la Policía no sólo ha actuado de manera sistemática en contra de los manifestantes, sino que ha agredido a periodistas que realizan el cubrimiento del paro agrario, lo que va en contra del reconocimiento a la libertad de prensa.  “La brutalidad policial que ha caracterizado la reacción estatal ante la jornada de protesta ha significado graves violaciones de los derechos a la vida, integridad y libertad, entre otros. En el país se han registrado más de nueve muertos que participaban de las dos manifestaciones, reportándose a su vez más de ochocientos heridos durante toda la jornada”.

También fue radicada una denuncia penal en el mismo sentido ante la Fiscalía, esta vez para que se indague a los funcionarios por los presuntos delitos de prevaricato por omisión: “Es claro que el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino López, y del director del Esmad, Coronel Rafael Méndez, oportunamente fueron informados y tuvieron conocimiento del comportamiento del personal bajo su mando; es claro que los crímenes contra la vida e integridad personal y libertad personal tienen plena relación con las actividades bajo su responsabilidad y que no han adoptado las medidas necesarias y razonables para prevenir y reprimir el comportamiento antijurídico del personal sobre el que tienen disposición y control”.

En horas de la mañana, el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo Torres, dijo que en los 12 días que lleva el paro se han judicializado 512 personas, pero ningún miembro de la Fuerza Pública. El funcionario no negó la existencia de denuncias de abuso por parte de agentes pero, dijo, “ esos ya son casos puntuales que se están investigando, es decir son denuncias que se están dando, y por supuesto, nosotros también hacemos un llamado para obtener información, porque es importante que la Fiscalía reciba las denuncias e investigue todos los hechos sin importar por quién sean cometidos”.

Al margen de las denuncias, los hechos ocurridos en Bogotá en la jornada del jueves demostraron que el vandalismo también ha provocado daños contra establecimientos públicos y ciudadanía en general que nada tenían que ver con la protesta legítima de los campesinos y que dejó 122 policías heridos, tres muy graves entre ellos un auxiliar de 18 años que está en coma por un golpe que le dieron con un ladrillo mientras ayudaba con el tráfico, en Bogotá. En Soacha, un policía recibió un disparo en una pierna, a otro más en el pecho y otro está tan grave que podría perder la pierna.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y en general el Gobierno Nacional han pedido que no haya actos de vandalismo ni ataques contra la población civil. De hecho, los mismos campesinos se han mostrado en contra de que encapuchados alteren el orden público y de paso desvíen la discusión de fondo que es la legítima lucha por sus derechos. Aunque insistentemente se habla de que el paro agrario fue infiltrado por ilegales, todavía no parecen ser contundentes las pruebas. De todas maneras la Fiscalía deberá resolver y judicializar si es el caso a los uniformados del Esmad y la Policía que incurrieron en abusos, pero al mismo tiempo, deberá identificar a aquellos que infiltraron la protesta social y la llenaron de violencia.

Por Redacción Judicial

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