Estado debe reparar al pueblo Wuounaan con más de $20.000 millones

Bajo San Juan - Buenaventura

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Por no prevenir el desplazamiento forzado y no haber brindado medidas de atención posteriores al desplazamiento de 405 indígenas, el Estado colombiano fue condenado por el Consejo de Estado a pagar más de $20.000 millones a los indígenas Wuounaan. Este pueblo fue desplazado hace siete años. Según el alto tribunal, Colombia también incumplió en entregarles medidas de atención que les permitieran una vida digna durante su desplazamiento desde la cuenca baja del río San Juan, en Chocó y Valle, hacia Buenaventura, ni unas condiciones que permitieran su retorno.

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El Consejo de Estado ordenó que se repare con 20.520 salarios mínimos mensuales vigentes a los indígenas Wounaan que fueron desplazados de los resguardos de Chachajo, Chamapurro y Aguaclara. Este pago debe ser realizado por el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, el Distrito de Buenaventura y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv). Además, los condenados deberán ofrecer excusas públicamente a los indígenas afectados.

La decisión se dio gracias a una demanda de acción de grupo que presentó un abogado representante de las comunidades de Aguaclara, Chamapurro y Chachajo. La demanda señaló que, desde 2008, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, considerando que la presencia de grupos armados constituía una amenaza para los pueblos indígenas de la zona.

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Para los demandantes no se tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitar la violencia en el bajo San Juan, lo que causó el desplazamiento. Esta violencia por parte de grupos armados continuó acechando a las víctimas durante su regreso. Además, se comprobó la falta de gestión del Distrito de Buenaventura y la Uariv para suministrar servicios y atención humanitaria a estas comunidades durante el tiempo que permanecieron desplazados de sus tierras, afectando su integridad étnica.

Durante el proceso, los municipios de Buenaventura y Santiago de Cali aseguraron que prestaron la atención que necesitaban los desplazados al llegar a las ciudades. Esto a través de jornadas de vinculación escolar, traslado de EPS y logística de transporte para su retorno. El Ejército y la Policía señalaron que no hubo omisión, ya que en la zona hubo importantes éxitos en operativos militares, además aseguraron que la seguridad de las comunidades corría por parte de la Infantería de Marina de la Armada Nacional. Al final, el Ministerio del Interior explicó que el Ministerio de Defensa era el encargado del orden público, y que no se probó el nexo de causalidad entre el daño y las omisiones del Estado.

No obstante, según la demanda, en presencial de miembros del pueblo Wounaan las organizaciones ilegales cometían asesinatos, extorsiones, despojo de tierras para cultivar sustancias ilícitas y mantenían en constante enfrentamiento con el Ejército. El Tribunal Administrativo del Valle negó las pretensiones, en primera instancia, pues consideró que la presencia del Ejército en la zona del desplazamiento y las pruebas presentadas por la Defensoría del Pueblo sobre las ayudas que habrían recibido las comunidades, eran suficientes para exculpar al estado. Sin embargo, la decisión fue apelada ante el Consejo de Estado.

El Consejo de Estado determinó que las entidades estatales sí fueron responsables del daño que sufrieron las víctimas por su desplazamiento forzado. Esto debido a la falta de atención que sufrieron al huir de sus tierras y la inacción de las instituciones a la hora de gestionar un retorno seguro de los aborígenes. La sala encontró que el bajo San Juan, a pesar de cultivar un lazo ancestral entre el pueblo Wounaan y la tierra, ha sido un lugar azotado por el abandono del Estado.

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