Exparamilitar señala a exdirectivo de Drummond en asesinato de sindicalistas
Jairo de Jesús Charris entregó un documento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que mencionó que Augusto Jiménez Mejía, presidente de Drummond Ltda. entre 1989 y 2013, tenía conocimiento de los asesinatos de líderes sindicales de esa empresa que se perpetraron en los 2000.
El exparamilitar Jairo de Jesús Charris Castro, condenado a 30 años de prisión por homicidio agravado, prendió el ventilador en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo hizo en el caso que investiga los homicidios a líderes sindicales de la multinacional Drummond ocurridos en la década de los 2000. El hombre, quien se sometió a la justicia transicional en febrero del año pasado en su compromiso, claro, concreto y programado (CCCP) mencionó que Augusto Jiménez Mejía, entonces presidente de la entidad para 1989 y 2013, conocía de los asesinatos que se perpetraron para la época.
Lea aquí: A juicio presidente de Drummond Colombia por presuntos nexos con paramilitares
Charris Castro, en el escrito que presentó en mayo de 2022, relató las circunstancias en las que perdieron la vida los líderes sindicales Valmore Locarno Rodríguez, Gustavo Soler Mora y Víctor Hugo Orcasita Amaya. Los datos, según la JEP, son los mismos que conoce la justicia ordinaria en el que dan cuenta de las personas que participaron en los asesinatos y señaló, sin presentar mayor detalles o pruebas, que la orden de eliminar a los líderes sindicales provenía de las oficinas de la multinacional en Estados Unidos.
En su relato también trajo a colación a Jaime Blanco Maya, quien era un contratista de la Drummond que también terminó condenado a 37 años de prisión por los nexos con el paramilitarismo en la década de los 90 y por los homicidios que se perpetraron que enlodaron el nombre de la multinacional. Charris Castro mencionó que para la planeación de los asesinatos hubo varias reuniones en las que participó Blanco Maya y Jean Jakin, quien para ese momento era el director de seguridad de todas las operaciones de la multinacional.
Lea también: En la JEP: las revelaciones de Blanco Maya sobre carboneras y paramilitares en Cesar
En estas reuniones, según Charris, también se discutían temas relacionados con la voladura de trenes que afectaba la producción de carbón y la presión sindicalista. Pero, según relata el exparamilitar, fue Jean Jakin quien contactó a Blanco Maya y le preguntó que sí tenía algún tipo de relación con las Autodefensas del Cesar, a lo que este le respondió que tenía una relación con Juan Carlos, alias Tolemaida, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Frente a esta respuesta, Jean Jakin le indicó que “la orden de Gary Drummond era acabar con el sindicato así fuera mandarlos a matar”.
Según el relato de Charris Castro, Jean Jakin le pidió a Blanco Maya que hablara con alias Tolemaida para que le prestaran seguridad a la línea férrea y para que hicieran unos trabajos ya que estaban pasando por un mal momento por cuenta de las voladuras que realizaba la guerrilla. Lo que también reposa en el documento que presentó Charris Castro es que Blanco Maya le indagó a Jean Jakin sobre quiénes tenían conocimiento de lo planeado respecto de las decisiones que se tomaron sobre los líderes sindicales.
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El funcionario le respondió que “estaban de acuerdo el señor May Treicy, Augusto Jiménez, Alfredo Araujo, el general Rafael Peña Ríos, el coronel (r) Luis Carlos Rodríguez, el coronel (r) Jorge Garzón, el capitán (r) Wilmer Aguirre, Pedro Maya y Ricardo Urbina”. Sobre los homicidios de los sindicales, Charris Castro mencionó que el 12 de marzo de 2001, el coronel (r) Rodríguez lo llamó para que se comunicara con alias Tolemaida una vez Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya salieran de la mina hacia Valledupar.
“Atendiendo estas instrucciones, recordó que llamó al comandante Daniel para que montara el operativo de salida de los sindicalistas y este le respondió que los buses estaban listos (…) esperando los buses. Ese mismo día, los sindicalistas fueron interceptados y asesinados”, dice el documento que Charris Castro le entregó a la JEP. Posteriormente, señaló que, en octubre de 2001 en el cruce de Chiriguaná, Cesar, las AUC asesinaron a Gustavo Soler Mora, quien pasó a ser el presidente del sindicato.
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Charris Castro, en este caso, señaló a los responsables del hecho. Inicialmente, culpó a la multinacional Drummond y a todos sus directivos pasando por Gary Drummond, dueño de la multinacional; May Traicy, presidente de la multinacional; Jean Jakin exagente de la CIA y director de seguridad y operaciones de la multinacional; Augusto Jiménez, presidente de la multinacional en Colombia; Alfredo Araujo, gerente de relaciones de la multinacional en Colombia y Rafael Peña Ríos, director general del departamento de seguridad y servicios especiales de la multinacional.
También mencionó a Blanco Maya, Jorge 40, alias Tolemaida y alias Daniel, quien supuestamente era el comandante del Frente Juan Álvarez de las AUC que delinquía en el departamento de Cesar. Los señalamientos de Charris Castro quedaron consignados en el compromiso de entregar verdad, expresamente, por los homicidios de Valmore Locarmo y Víctor Orcasita por los que fue condenado.
Lea aquí: En firme prueba reina de la Fiscalía contra los directivos de la Drummond
Sobre el homicidio de Gustavo Soler, se comprometió a hablar una vez la JEP acepte su sometimiento porque aún hay sucesos de ese expediente que están bajo la lupa de las autoridades en investigación. Así las cosas, para la justicia transicional está claro, según su dicho, que Jairo de Jesús Charris tiene conocimiento de “primera mano” de la presunta relación que existía entre la multinacional Drummond y el Frente Juan Álvarez del Bloque Norte de las AUC en la que Jaime Blanco Maya servía de intermediario.
“Además, como jefe de seguridad del compareciente Blanco Maya, reconoce haber presenciado cada una de las reuniones que este sostuvo con Jean Jakin para planear el homicidio de los sindicalistas que, según sostiene, era una directriz que provenía directamente del señor Gary Drummond y que se desprendió después de que se asociara a estos con la guerrilla de las Farc. Además, aceptó con claridad haber participado en el homicidio de los señores Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya y señaló, con suficiente precisión, quienes fueron sus determinadores y autores materiales, como también quienes tenían conocimiento de estos hechos”, dice en el auto de la JEP.
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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le dio a Charris Castro un plazo de 15 días para que el compromiso que firmó lo complemente con más información específicamente con la forma en la que habrá reparación a las víctimas de su parte. Deberá mencionar unos “ejes de reparación” que den cuenta que no volverá a repetir los hechos por los cuales fue condenado en la justicia ordinaria y hoy se encuentra compareciendo ante la transicional.
Si bien la JEP apenas avanza en la investigación de los hechos y tendrá en cuenta los señalamientos de Charris Castro, hasta el momento, ningún directivo ni funcionario de la multinacional ha sido condenado por las autoridades nacionales e internacionales por la presunta financiación de grupos paramilitares en el Cesar. Todas las investigaciones que se han adelantado bajo la justicia ordinaria aún no han arrojado una decisión definitiva, por lo que los exdirectivos gozan de presunción de inocencia.
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En su momento, la multinacional anunció que el supuesto vínculo de Drummond con grupos paramilitares ha sido investigado reiteradamente en los tribunales estadounidenses, en múltiples demandas presentadas por el abogado Terrence Collingsworth. Además de que Drummond ha negado las acusaciones en su contra, según su dicho, las sentencias que se han producido en Estados Unidos sobre estos hechos han sido favorables a Drummond y sus empleados.
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“Como lo hemos manifestado en repetidas ocasiones, Drummond Ltd. continuará colaborando con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones que se adelantan, demostrando su inocencia como compañía y la de sus ejecutivos ante las acusaciones anteriormente referidas”, expuso en su momento la multinacional.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El exparamilitar Jairo de Jesús Charris Castro, condenado a 30 años de prisión por homicidio agravado, prendió el ventilador en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo hizo en el caso que investiga los homicidios a líderes sindicales de la multinacional Drummond ocurridos en la década de los 2000. El hombre, quien se sometió a la justicia transicional en febrero del año pasado en su compromiso, claro, concreto y programado (CCCP) mencionó que Augusto Jiménez Mejía, entonces presidente de la entidad para 1989 y 2013, conocía de los asesinatos que se perpetraron para la época.
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Charris Castro, en el escrito que presentó en mayo de 2022, relató las circunstancias en las que perdieron la vida los líderes sindicales Valmore Locarno Rodríguez, Gustavo Soler Mora y Víctor Hugo Orcasita Amaya. Los datos, según la JEP, son los mismos que conoce la justicia ordinaria en el que dan cuenta de las personas que participaron en los asesinatos y señaló, sin presentar mayor detalles o pruebas, que la orden de eliminar a los líderes sindicales provenía de las oficinas de la multinacional en Estados Unidos.
En su relato también trajo a colación a Jaime Blanco Maya, quien era un contratista de la Drummond que también terminó condenado a 37 años de prisión por los nexos con el paramilitarismo en la década de los 90 y por los homicidios que se perpetraron que enlodaron el nombre de la multinacional. Charris Castro mencionó que para la planeación de los asesinatos hubo varias reuniones en las que participó Blanco Maya y Jean Jakin, quien para ese momento era el director de seguridad de todas las operaciones de la multinacional.
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En estas reuniones, según Charris, también se discutían temas relacionados con la voladura de trenes que afectaba la producción de carbón y la presión sindicalista. Pero, según relata el exparamilitar, fue Jean Jakin quien contactó a Blanco Maya y le preguntó que sí tenía algún tipo de relación con las Autodefensas del Cesar, a lo que este le respondió que tenía una relación con Juan Carlos, alias Tolemaida, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Frente a esta respuesta, Jean Jakin le indicó que “la orden de Gary Drummond era acabar con el sindicato así fuera mandarlos a matar”.
Según el relato de Charris Castro, Jean Jakin le pidió a Blanco Maya que hablara con alias Tolemaida para que le prestaran seguridad a la línea férrea y para que hicieran unos trabajos ya que estaban pasando por un mal momento por cuenta de las voladuras que realizaba la guerrilla. Lo que también reposa en el documento que presentó Charris Castro es que Blanco Maya le indagó a Jean Jakin sobre quiénes tenían conocimiento de lo planeado respecto de las decisiones que se tomaron sobre los líderes sindicales.
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“Atendiendo estas instrucciones, recordó que llamó al comandante Daniel para que montara el operativo de salida de los sindicalistas y este le respondió que los buses estaban listos (…) esperando los buses. Ese mismo día, los sindicalistas fueron interceptados y asesinados”, dice el documento que Charris Castro le entregó a la JEP. Posteriormente, señaló que, en octubre de 2001 en el cruce de Chiriguaná, Cesar, las AUC asesinaron a Gustavo Soler Mora, quien pasó a ser el presidente del sindicato.
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Charris Castro, en este caso, señaló a los responsables del hecho. Inicialmente, culpó a la multinacional Drummond y a todos sus directivos pasando por Gary Drummond, dueño de la multinacional; May Traicy, presidente de la multinacional; Jean Jakin exagente de la CIA y director de seguridad y operaciones de la multinacional; Augusto Jiménez, presidente de la multinacional en Colombia; Alfredo Araujo, gerente de relaciones de la multinacional en Colombia y Rafael Peña Ríos, director general del departamento de seguridad y servicios especiales de la multinacional.
También mencionó a Blanco Maya, Jorge 40, alias Tolemaida y alias Daniel, quien supuestamente era el comandante del Frente Juan Álvarez de las AUC que delinquía en el departamento de Cesar. Los señalamientos de Charris Castro quedaron consignados en el compromiso de entregar verdad, expresamente, por los homicidios de Valmore Locarmo y Víctor Orcasita por los que fue condenado.
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Sobre el homicidio de Gustavo Soler, se comprometió a hablar una vez la JEP acepte su sometimiento porque aún hay sucesos de ese expediente que están bajo la lupa de las autoridades en investigación. Así las cosas, para la justicia transicional está claro, según su dicho, que Jairo de Jesús Charris tiene conocimiento de “primera mano” de la presunta relación que existía entre la multinacional Drummond y el Frente Juan Álvarez del Bloque Norte de las AUC en la que Jaime Blanco Maya servía de intermediario.
“Además, como jefe de seguridad del compareciente Blanco Maya, reconoce haber presenciado cada una de las reuniones que este sostuvo con Jean Jakin para planear el homicidio de los sindicalistas que, según sostiene, era una directriz que provenía directamente del señor Gary Drummond y que se desprendió después de que se asociara a estos con la guerrilla de las Farc. Además, aceptó con claridad haber participado en el homicidio de los señores Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya y señaló, con suficiente precisión, quienes fueron sus determinadores y autores materiales, como también quienes tenían conocimiento de estos hechos”, dice en el auto de la JEP.
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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le dio a Charris Castro un plazo de 15 días para que el compromiso que firmó lo complemente con más información específicamente con la forma en la que habrá reparación a las víctimas de su parte. Deberá mencionar unos “ejes de reparación” que den cuenta que no volverá a repetir los hechos por los cuales fue condenado en la justicia ordinaria y hoy se encuentra compareciendo ante la transicional.
Si bien la JEP apenas avanza en la investigación de los hechos y tendrá en cuenta los señalamientos de Charris Castro, hasta el momento, ningún directivo ni funcionario de la multinacional ha sido condenado por las autoridades nacionales e internacionales por la presunta financiación de grupos paramilitares en el Cesar. Todas las investigaciones que se han adelantado bajo la justicia ordinaria aún no han arrojado una decisión definitiva, por lo que los exdirectivos gozan de presunción de inocencia.
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En su momento, la multinacional anunció que el supuesto vínculo de Drummond con grupos paramilitares ha sido investigado reiteradamente en los tribunales estadounidenses, en múltiples demandas presentadas por el abogado Terrence Collingsworth. Además de que Drummond ha negado las acusaciones en su contra, según su dicho, las sentencias que se han producido en Estados Unidos sobre estos hechos han sido favorables a Drummond y sus empleados.
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