Exviceministro de Transporte Gabriel García, el primero en caer por caso Odebrecht

Indignante, como lo dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, resultó la implicación de un exfuncionario público en el escándalo de Odebrechet. Se trata de la captura de Gabriel García Morales, el exviceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe. Es el primer colombiano involucrado en los actos de corrupción de la firma de construcción de Brasil, que es investigada por entregar sobornos a funcionarios públicos en 12 países para la obtención de contratos.

Indignante, como lo dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, resultó la implicación de un exfuncionario público en el escándalo de Odebrechet. Se trata de la captura de Gabriel García Morales, el exviceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe. Es el primer colombiano involucrado en los actos de corrupción de la firma de construcción de Brasil, que es investigada por entregar sobornos a funcionarios públicos en 12 países para la obtención de contratos. Según el fiscal general, a García le pagaron US$6,5 millones para que en diciembre de 2009, cuando era director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) –hoy Agencia Nacional de Infraestructura–, direccionara la adjudicación del contrato de Ruta del Sol II, que tenía un valor $5 billones.

El pasado 21 de diciembre de 2016 se celebró un pacto entre la firma Odebrecht, la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza para que Odebrecht revelara cómo funcionó su red de soborno. Tres semanas más tarde, y luego de que la Fiscalía colombiana llegara a un acuerdo de colaboración con los miembros de la constructora brasileña, se capturó al exviceministro García, quien se convirtió en la primera persona en el mundo en ser arrestado por estos hechos. Lo que se conoce hasta el momento es que en el país se pagaron US$11 millones en coimas para apoderarse de contratos públicos.

A Gabriel García lo detuvieron frente al supermercado Olímpica de la calle 97 con carrera 11, al norte de Bogotá, hacia las seis de la tarde. En ese momento le informaron que su captura se debía a que bajo su gestión en el INCO se pagaron coimas para eliminar la competencia en la adjudicación de uno de los contratos más importantes de la historia en Colombia: la construcción de la carretera que uniría al centro del país con la Costa Caribe. Según Néstor Humberto Martínez, García logró direccionar el concurso y le entregó el jugoso negocio a la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. Con pruebas documentales y testimoniales, el fiscal general aseguró que tienen las pruebas para responsabilizar a García por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. Hoy se le imputarán cargos.

La Fiscalía indicó que ya tienen las pruebas para demostrar la forma en que se hizo el pago de US$6,5 millones. La hipótesis es la misma que tiene la justicia norteamericana: los dineros salieron desde las oficinas del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht en Brasil. Ésta, a su vez, realizaba los pagos a través de la banca off shore, se movían por distintos bancos del mundo y eran ordenados por una compañía de papel constituida en Islas Vírgenes Británicas. Por ese medio fue que hicieron efectivos los sobornos por más de US$788 millones en todo el mundo. El gran pecado fue utilizar el sistema bancario de Estados Unidos, país que evidenció el movimiento irregular de los dineros.

El nombre de García había empezado a sonar en círculos privados. Ante el rumor, el exviceministro emitió un comunicado de prensa en el que dijo que tenía todas las pruebas para demostrar su inocencia. “Mostraré oportunamente ante las autoridades competentes que bajo mi encargo en 2009, siempre se procedió con rigor y transparencia (…). El proceso de adjudicación conocido como Ruta del Sol fue estructurado por la Corporación Financiera Internacional y vigilado por organismos de control, brindando las máximas garantías para todos los proponentes (…). Soy el primer interesado en el esclarecimiento de estas denuncias que intentan enlodar mi reputación, como individuo y mi labor como funcionario público”, sostuvo.

La investigación continúa

La Fiscalía anunció que ya tiene identificados a otros cuatro funcionarios de la ANI que participaron en el pago de sobornos para la adjudicación de contratos, tanto a nivel nacional como territorial. No dio más detalles al asegurar que la información forma parte de un acuerdo de confidencialidad al que llegaron con funcionarios de Odebrecht, que se comprometieron a colaborar a cambio de inmunidad penal. El fiscal general señaló que se firmó un principio de oportunidad –aún no se conoce con quiénes exactamente, pues las responsabilidades penales son individuales y no se le pueden adjudicar a una empresa– a cambio de que paguen los mismos US$11 millones (los mismos que se entregaron en coimas) para reparar a la administración pública.

Néstor Humberto Martínez manifestó que Colombia es el primer país en el que se dan avances en la investigación del caso Odebrecht. Además de hacer la primera captura, también logró el mejor acuerdo de reparación. Agregó que todo se debe a la cooperación internacional, pues sin la ayuda de Brasil y EE. UU. poco se sabría de los pagos por US$11 millones que se hicieron entre 2009 y 2014 en Colombia. Además, en la Corte del Distrito Este de Nueva York ya hay varias pruebas sobre lo que hizo la compañía en el país, donde tiene presencia desde 1991.

Todo el lío de Odebrecht inició en 2015 en el marco de la operación Lava Jato, cuando se descubrió que la firma que tenía operación en 21 países estaba inmersa en actos de corrupción. Las coimas las pagó en países como Angola, en Argentina, en República Dominicana, en Ecuador, en Guatemala, en México, en Mozambique, en Panamá, en Perú, en Venezuela y en Colombia. Gracias a estas prácticas obtuvo ingresos por US$3.336 millones, algo así como $10 billones. Fue tan descarada la posición de los directivos de Odebrecht en el mundo, que en Colombia su presidente, Luiz Antonio Bueno Júnior, hablaba sobre las reglas que daban seguridad y garantías de igualdad a la hora de contratar.

Indignante, como lo dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, resultó la implicación de un exfuncionario público en el escándalo de Odebrechet. Se trata de la captura de Gabriel García Morales, el exviceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe. Es el primer colombiano involucrado en los actos de corrupción de la firma de construcción de Brasil, que es investigada por entregar sobornos a funcionarios públicos en 12 países para la obtención de contratos.

Indignante, como lo dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, resultó la implicación de un exfuncionario público en el escándalo de Odebrechet. Se trata de la captura de Gabriel García Morales, el exviceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe. Es el primer colombiano involucrado en los actos de corrupción de la firma de construcción de Brasil, que es investigada por entregar sobornos a funcionarios públicos en 12 países para la obtención de contratos. Según el fiscal general, a García le pagaron US$6,5 millones para que en diciembre de 2009, cuando era director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) –hoy Agencia Nacional de Infraestructura–, direccionara la adjudicación del contrato de Ruta del Sol II, que tenía un valor $5 billones.

El pasado 21 de diciembre de 2016 se celebró un pacto entre la firma Odebrecht, la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza para que Odebrecht revelara cómo funcionó su red de soborno. Tres semanas más tarde, y luego de que la Fiscalía colombiana llegara a un acuerdo de colaboración con los miembros de la constructora brasileña, se capturó al exviceministro García, quien se convirtió en la primera persona en el mundo en ser arrestado por estos hechos. Lo que se conoce hasta el momento es que en el país se pagaron US$11 millones en coimas para apoderarse de contratos públicos.

A Gabriel García lo detuvieron frente al supermercado Olímpica de la calle 97 con carrera 11, al norte de Bogotá, hacia las seis de la tarde. En ese momento le informaron que su captura se debía a que bajo su gestión en el INCO se pagaron coimas para eliminar la competencia en la adjudicación de uno de los contratos más importantes de la historia en Colombia: la construcción de la carretera que uniría al centro del país con la Costa Caribe. Según Néstor Humberto Martínez, García logró direccionar el concurso y le entregó el jugoso negocio a la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. Con pruebas documentales y testimoniales, el fiscal general aseguró que tienen las pruebas para responsabilizar a García por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. Hoy se le imputarán cargos.

La Fiscalía indicó que ya tienen las pruebas para demostrar la forma en que se hizo el pago de US$6,5 millones. La hipótesis es la misma que tiene la justicia norteamericana: los dineros salieron desde las oficinas del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht en Brasil. Ésta, a su vez, realizaba los pagos a través de la banca off shore, se movían por distintos bancos del mundo y eran ordenados por una compañía de papel constituida en Islas Vírgenes Británicas. Por ese medio fue que hicieron efectivos los sobornos por más de US$788 millones en todo el mundo. El gran pecado fue utilizar el sistema bancario de Estados Unidos, país que evidenció el movimiento irregular de los dineros.

El nombre de García había empezado a sonar en círculos privados. Ante el rumor, el exviceministro emitió un comunicado de prensa en el que dijo que tenía todas las pruebas para demostrar su inocencia. “Mostraré oportunamente ante las autoridades competentes que bajo mi encargo en 2009, siempre se procedió con rigor y transparencia (…). El proceso de adjudicación conocido como Ruta del Sol fue estructurado por la Corporación Financiera Internacional y vigilado por organismos de control, brindando las máximas garantías para todos los proponentes (…). Soy el primer interesado en el esclarecimiento de estas denuncias que intentan enlodar mi reputación, como individuo y mi labor como funcionario público”, sostuvo.

La investigación continúa

La Fiscalía anunció que ya tiene identificados a otros cuatro funcionarios de la ANI que participaron en el pago de sobornos para la adjudicación de contratos, tanto a nivel nacional como territorial. No dio más detalles al asegurar que la información forma parte de un acuerdo de confidencialidad al que llegaron con funcionarios de Odebrecht, que se comprometieron a colaborar a cambio de inmunidad penal. El fiscal general señaló que se firmó un principio de oportunidad –aún no se conoce con quiénes exactamente, pues las responsabilidades penales son individuales y no se le pueden adjudicar a una empresa– a cambio de que paguen los mismos US$11 millones (los mismos que se entregaron en coimas) para reparar a la administración pública.

Néstor Humberto Martínez manifestó que Colombia es el primer país en el que se dan avances en la investigación del caso Odebrecht. Además de hacer la primera captura, también logró el mejor acuerdo de reparación. Agregó que todo se debe a la cooperación internacional, pues sin la ayuda de Brasil y EE. UU. poco se sabría de los pagos por US$11 millones que se hicieron entre 2009 y 2014 en Colombia. Además, en la Corte del Distrito Este de Nueva York ya hay varias pruebas sobre lo que hizo la compañía en el país, donde tiene presencia desde 1991.

Todo el lío de Odebrecht inició en 2015 en el marco de la operación Lava Jato, cuando se descubrió que la firma que tenía operación en 21 países estaba inmersa en actos de corrupción. Las coimas las pagó en países como Angola, en Argentina, en República Dominicana, en Ecuador, en Guatemala, en México, en Mozambique, en Panamá, en Perú, en Venezuela y en Colombia. Gracias a estas prácticas obtuvo ingresos por US$3.336 millones, algo así como $10 billones. Fue tan descarada la posición de los directivos de Odebrecht en el mundo, que en Colombia su presidente, Luiz Antonio Bueno Júnior, hablaba sobre las reglas que daban seguridad y garantías de igualdad a la hora de contratar.