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El precandidato Sergio Fajardo se reunió con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, luego de que en junio pasado su defensa solicitara ante esa dependencia de la ONU veeduría en su caso ante la Fiscalía General. El ente investigador, en cabeza de Francisco Barbosa, le imputó cargos por peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según ese organismo, el político se encuentra ante los estrados por la suscripción de un contrato de préstamo con el que pretendía cubrir algunas deudas con entidades bancarias, a cambio de asumir una más grande con el Banco Corpbanca, con el cual el departamento de Antioquia ya tenía una obligación económica.
El abogado de Sergio Fajardo, Mauricio Pava, señaló que “La ausencia de control al fiscal general para efectos de la imputaciones y las acusaciones que promueve creo que deben ser corregidas y es un tema al que se le debe prestar atención y hoy la ONU lo hizo”. El penalista señaló que un procurador delegado en Hacienda Pública y, que a juicio de él, es uno de los expertos en esa materia, ya archivó el caso en contra de Fajardo. Los hechos por los que Fajardo es procesado datan de diciembre de 2013, momento en el que celebró el convenio con Andrés Felipe Caballero, representante de Corpbanca.
La intención de Fajardo era suplir la deuda con el banco BBVA, con el cual tenía un saldo de $82.075 millones, otro con Bancolombia por $99.450 millones y un último con Corpbanca de$2.971 millones. En el contrato se contempló que el desembolso del dinero, así como los pagos de intereses, se realizarían en moneda legal colombiana a la tasa de cambio en dólares americanos. Esa decisión, asegura la Fiscalía, generó un detrimento para el departamento, porque al momento del desembolso el dólar costaba $1.926 y en 2015 ya superaba los $3.140.
El cambio en la naturaleza del contrato, que pasó de ser un crédito interno a un crédito público externo, requería la autorización del Ministerio de Hacienda y habría dejado varias irregularidades en su ejecución, pues además de que hubo estudios y documentos deficientes y extemporáneos en el proceso, no se hizo una evaluación sobre las diferentes alternativas que había en el mercado bancario. Así lo explicó el organismo investigativo durante la imputación de cargos.
De ahí que la Fiscalía considere que “la selección de Corpbanca, con quien ya existía una obligación, no fue transparente, como también el empleo en los pagos de intereses y de capital en una moneda extranjera diferente a la moneda legal colombiana como lo es el dólar americano”. Lo que le reprocha el ente acusador a Fajardo es que esas condiciones irregulares llevaron a tener un favorecimiento para el contratista, y un incremento en el endeudamiento de Antioquia, que no contribuyó a mejorar su perfil económico. Sin embargo, este diario conoció la determinación de la Procuraduría, que data de diciembre de 2017, en la que señala que los movimientos financieros de la Gobernación de Fajardo se trataron de un “asunto de negocios” y no fueron inconsultos o carecían de sustento.
Previo a la imputación de Fajardo, su defensa le pidió al fiscal general Barbosa convocar un comité técnico-jurídico, para evaluar la imputación. “Le escribo con el pleno convencimiento de la ausencia de comportamiento o voluntad criminal predicable de los hechos contenidos en el mencionado comunicado de prensa. Por el contrario, los elementos acreditados no dejan duda de que la actuación de SFV se ajustaba a la legalidad”, aseguró Pava.
Antecedentes: Fajardo pide oficialmente revisar imputación por presunta irregularidad en contrato
Sin embargo, Barbosa le respondió a Mauricio Pava en una carta de tres páginas. Lo primero que hizo la máxima cabeza de la institución fue dejar claro que, según la Constitución, él está en la capacidad de “determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley (...)En el caso bajo examen, las decisiones adoptadas dentro de la actuación penal de la referencia son producto de una investigación extensa, juiciosa y fundamentada en elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, por parte de la fiscal delegada que lidera el caso. Esta funcionaria, que pertenece al más alto nivel de la institución, ha gestionado el proceso en el marco de su independencia y autonomía”.
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