Fin del carrusel de pensiones

En nada quedó el carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). En 2011, este fue el tema que más golpeó a esa corporación: magistrados que supuestamente nombraron a allegados suyos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la históricamente cuestionada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, con una reciente decisión de la Comisión, el carrusel de las pensiones quedó reducido a cenizas.

El pasado 17 de abril el conservador Constantino Rodríguez Calvo, representante a la Cámara por el Guaviare, firmó un oficio en el que plasmó que la Comisión de Acusación se inhibía “de iniciar investigación penal en contra de los doctores (...) Angelino Lizcano Rivera, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón”. La tarea de la Comisión era establecer si había mérito o no para sancionar a magistrados de la Judicatura por haber hecho presuntos nombramientos irregulares, y la pista inicial era una información que la expresidenta de la CSJ, María Mercedes López —conservadora como Rodríguez— había remitido a la Fiscalía hacia abril de 2012.

Esa información, que bien conocida fue en su época, indicaba que se habían presentado unas anomalías en las actas en las que se oficializaron los nombramientos de al menos seis magistrados seccionales. El objetivo de la Comisión de Acusación, se suponía, era indagar en esas y en otras actas, así como en toda la información que reposara en la Judicatura, para determinar si acaso ese había sido un mecanismo para facilitar esos nombramientos anómalos, así como establecer quiénes en la Judicatura habían apoyado el ‘esquema’ de dar trabajos cortos para aumentar las mesadas de pensión.

El argumento principal del representante Rodríguez para no seguir con la investigación fue que las omisiones en algunas actas no significaba que se hubieran cometido delitos. En el documento, el representante Rodríguez hace explícito que solicitó las actas cuestionadas por la magistrada López; la imputación de cargos contra Yira Lucía Olarte, secretaria de la Sala Disciplinaria, y el expediente de su investigación disciplinaria; y que obtuvo declaraciones de todos los miembros de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Nada se dice de haber indagado en los nombramientos de otros magistrados seccionales o auxiliares que podrían haberse visto beneficiados con las ‘palomitas’.

Desde 2011, la contralora Sandra Morelli también prendió las alarmas sobre si esos nombramientos habrían podido causarle a la Nación un detrimento patrimonial. En noviembre del año pasado, en una decisión sin precedentes, ese organismo de control hizo una imputación de responsabilidad fiscal en contra de 13 magistrados y exmagistrados titulares y auxiliares de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, entre los que se encuentran Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, a quienes la Comisión de Acusación acaba de eximir. El detrimento que esos 13 funcionarios habrían ocasionado lo tasó inicialmente la Contraloría en $3.421 millones.

Según divulgó este diario en ese momento, la Contraloría halló por ejemplo que los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga designaron a tres magistrados auxiliares, que no ganaban más de $4 millones, y se jubilaron con unos $13 millones: cifras escandalosas en un país donde, según el Ministerio del Trabajo, el 67% de la población se jubila con dos salarios mínimos o menos. A la secretaria de la Sala Disciplinaria, Yira Olarte, la llamaron a juicio en diciembre pasado por el asunto de las actas anómalas, pero la paradoja es que la fiscal que la acusó, Martha Lucía Zamora, ahora es investigada por el propio Villarraga, en relación con el expediente Sigifredo López.

Como último ingrediente, quien reportó las actas supuestamente irregulares, la magistrada María Mercedes López, pasó de denunciante a investigada. El pasado 21 de mayo la Comisión de Acusación abrió formalmente una causa en su contra por cinco delitos, que incluyen supresión u ocultamiento de documento público, abuso de autoridad y constreñimiento. Deberá rendir indagatoria el próximo 13 de junio. Y así fue como el carrusel de las pensiones pasó a ser el carrusel de los absurdos.

En nada quedó el carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). En 2011, este fue el tema que más golpeó a esa corporación: magistrados que supuestamente nombraron a allegados suyos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la históricamente cuestionada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, con una reciente decisión de la Comisión, el carrusel de las pensiones quedó reducido a cenizas.

El pasado 17 de abril el conservador Constantino Rodríguez Calvo, representante a la Cámara por el Guaviare, firmó un oficio en el que plasmó que la Comisión de Acusación se inhibía “de iniciar investigación penal en contra de los doctores (...) Angelino Lizcano Rivera, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón”. La tarea de la Comisión era establecer si había mérito o no para sancionar a magistrados de la Judicatura por haber hecho presuntos nombramientos irregulares, y la pista inicial era una información que la expresidenta de la CSJ, María Mercedes López —conservadora como Rodríguez— había remitido a la Fiscalía hacia abril de 2012.

Esa información, que bien conocida fue en su época, indicaba que se habían presentado unas anomalías en las actas en las que se oficializaron los nombramientos de al menos seis magistrados seccionales. El objetivo de la Comisión de Acusación, se suponía, era indagar en esas y en otras actas, así como en toda la información que reposara en la Judicatura, para determinar si acaso ese había sido un mecanismo para facilitar esos nombramientos anómalos, así como establecer quiénes en la Judicatura habían apoyado el ‘esquema’ de dar trabajos cortos para aumentar las mesadas de pensión.

El argumento principal del representante Rodríguez para no seguir con la investigación fue que las omisiones en algunas actas no significaba que se hubieran cometido delitos. En el documento, el representante Rodríguez hace explícito que solicitó las actas cuestionadas por la magistrada López; la imputación de cargos contra Yira Lucía Olarte, secretaria de la Sala Disciplinaria, y el expediente de su investigación disciplinaria; y que obtuvo declaraciones de todos los miembros de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Nada se dice de haber indagado en los nombramientos de otros magistrados seccionales o auxiliares que podrían haberse visto beneficiados con las ‘palomitas’.

Desde 2011, la contralora Sandra Morelli también prendió las alarmas sobre si esos nombramientos habrían podido causarle a la Nación un detrimento patrimonial. En noviembre del año pasado, en una decisión sin precedentes, ese organismo de control hizo una imputación de responsabilidad fiscal en contra de 13 magistrados y exmagistrados titulares y auxiliares de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, entre los que se encuentran Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, a quienes la Comisión de Acusación acaba de eximir. El detrimento que esos 13 funcionarios habrían ocasionado lo tasó inicialmente la Contraloría en $3.421 millones.

Según divulgó este diario en ese momento, la Contraloría halló por ejemplo que los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga designaron a tres magistrados auxiliares, que no ganaban más de $4 millones, y se jubilaron con unos $13 millones: cifras escandalosas en un país donde, según el Ministerio del Trabajo, el 67% de la población se jubila con dos salarios mínimos o menos. A la secretaria de la Sala Disciplinaria, Yira Olarte, la llamaron a juicio en diciembre pasado por el asunto de las actas anómalas, pero la paradoja es que la fiscal que la acusó, Martha Lucía Zamora, ahora es investigada por el propio Villarraga, en relación con el expediente Sigifredo López.

Como último ingrediente, quien reportó las actas supuestamente irregulares, la magistrada María Mercedes López, pasó de denunciante a investigada. El pasado 21 de mayo la Comisión de Acusación abrió formalmente una causa en su contra por cinco delitos, que incluyen supresión u ocultamiento de documento público, abuso de autoridad y constreñimiento. Deberá rendir indagatoria el próximo 13 de junio. Y así fue como el carrusel de las pensiones pasó a ser el carrusel de los absurdos.