Fiscalía acusará a la exgobernadora de La Guajira por actos de corrupción
Por motivos de seguridad procesal el expediente por las irregularidades en la celebración de contratos para disminuir la mortandad infantil en Albania fue trasladado a Bogotá.
Redacción Judiical
La Fiscalía General presentará ante un juzgado de conocimiento de Bogotá el escrito de acusación en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez por su presunta participación y responsabilidad en la celebración de contratos que tenían como objeto reducir la mortandad infantil en el municipio de Albania.
Por motivos de seguridad, el expediente contra Pinto fue trasladado a Bogotá. La Fiscalía General sostuvo en su petición que existía un riesgo de manipulación y alteración de los elementos materiales probatorios debido al poder que tiene la exmandataria departamental en la región. (Ver: Oneida Pinto creó una “empresa criminal” en la Alcaldía de Albania: Fiscalía)
Para el ente investigador, Pinto Pérez montó “un plan criminal” cuando fungió como Alcaldesa del mencionado municipio. La celebración de los contratos tenía un solo fin: la financiación de su campaña política a la Gobernación de La Guajira en el año 2015. (Ver: Oneida Pinto utilizó contrato para reducir mortandad infantil con fines electorales: Fiscalía)
En la alcaldía de Yan Keller Hernández (2008 – 2011) se firmaron los contratos por 18 mil millones de pesos para fortalecer los programas de salud y atención en el municipio con la ESE Hospital San Rafael de Albanía. Hernández, quien trabajaba como escolta y conductor personal de Pinto, llegó al cargo por le impulso electoral que ejerció su patrona.
En el 2012, Oneida Pinto fue elegida como la nueva alcaldesa. Durante su administración ordenó adiciones del contrato por 12 mil millones de pesos. Pese a esto, el objetivo del millonario convenio nunca se cumplió. (Ver: "Oneida Pinto se inventó el programa con el fin de sacar recursos para su campaña": Fiscal)
Las pruebas indican que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual. Los subcontratados presuntamente recibieron la suma de $1 millón 200 mil pesos cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.
Entre estos últimos había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente.
Por estos hechos deberá responder en juicio por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
La exgobernadora, quien se encuentra actualmente privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, también es investigada por la Fiscalía, por las presuntas amenazas de muerte que habría emitido contra el ex mandatario departamental (e) Jorge Enrique Vélez.
La Fiscalía General presentará ante un juzgado de conocimiento de Bogotá el escrito de acusación en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez por su presunta participación y responsabilidad en la celebración de contratos que tenían como objeto reducir la mortandad infantil en el municipio de Albania.
Por motivos de seguridad, el expediente contra Pinto fue trasladado a Bogotá. La Fiscalía General sostuvo en su petición que existía un riesgo de manipulación y alteración de los elementos materiales probatorios debido al poder que tiene la exmandataria departamental en la región. (Ver: Oneida Pinto creó una “empresa criminal” en la Alcaldía de Albania: Fiscalía)
Para el ente investigador, Pinto Pérez montó “un plan criminal” cuando fungió como Alcaldesa del mencionado municipio. La celebración de los contratos tenía un solo fin: la financiación de su campaña política a la Gobernación de La Guajira en el año 2015. (Ver: Oneida Pinto utilizó contrato para reducir mortandad infantil con fines electorales: Fiscalía)
En la alcaldía de Yan Keller Hernández (2008 – 2011) se firmaron los contratos por 18 mil millones de pesos para fortalecer los programas de salud y atención en el municipio con la ESE Hospital San Rafael de Albanía. Hernández, quien trabajaba como escolta y conductor personal de Pinto, llegó al cargo por le impulso electoral que ejerció su patrona.
En el 2012, Oneida Pinto fue elegida como la nueva alcaldesa. Durante su administración ordenó adiciones del contrato por 12 mil millones de pesos. Pese a esto, el objetivo del millonario convenio nunca se cumplió. (Ver: "Oneida Pinto se inventó el programa con el fin de sacar recursos para su campaña": Fiscal)
Las pruebas indican que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual. Los subcontratados presuntamente recibieron la suma de $1 millón 200 mil pesos cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.
Entre estos últimos había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente.
Por estos hechos deberá responder en juicio por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
La exgobernadora, quien se encuentra actualmente privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, también es investigada por la Fiscalía, por las presuntas amenazas de muerte que habría emitido contra el ex mandatario departamental (e) Jorge Enrique Vélez.