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21 May 2020 - 10:59 p. m.

Fiscalía imputará cargos a 10 alcaldes por presuntas irregularidades en contratos

En un nuevo pronunciamiento conjunto de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General se dieron nuevos detalles de las investigaciones que adelantan las tres entidades sobre los contratos que se firmaron durante la pandemia generada por el COVID-19. En esta labor, el ente investigador verificó más de 3.000 convenios suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social. Además, la Contraloría puso bajo la lupa a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por contratos para el suministro de alimentos durante la crisis sanitaria.

El Espectador

El fiscal general, Francisco Barbosa, lo anunció durante una rueda de prensa / EFE
El fiscal general, Francisco Barbosa, lo anunció durante una rueda de prensa / EFE

El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que imputará y solicitará prisión preventiva contra 10 alcaldes por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado. Los mandatarios locales son: José Manuel Ríos Morales, Armenia (Quindío); Rummenigge Monsalve Álvarez, Malambo (Atlántico); Luis Antonio Rhenals, Cereté (Córdoba); Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, Socorro (Santander); Luis Alberto Balcero Contreras, Calarcá (Quindío); Jhon Jaime Ospina Loaiza, San Pedro (Valle del Cauca); Jorge Iván Vásquez Martínez, San Antonio (Tolima); Germán Herrera Gómez, Guaduas (Cundinamarca); Nelson Gómez Velásquez, Palocabildo (Tolima); Rafael Antonio Ospina Toscano, Coveñas (Sucre).

Barbosa señaló que realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. “En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Barbosa. Además, otros tres alcaldes serán llamados a interrogatorio: Eduardo Cortés Trujillo, Acacías (Meta); Carlos Alberto Román Ochoa, Girón (Santander); Andrés Eduardo Gómez Martínez, Sincelejo (Sucre).Barbosa indicó que este trabajo también arrojó tres citaciones para que rindan interrogatorio tres gobernadores: Éverth Hawkins, de San Andrés; José Facundo Castillo, de Arauca, y Heydeer Palacio, de Guaviare. “Debe indicarse que los fiscales delegados adelantan investigaciones contra 14 gobernadores. Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Guaviare (dos casos), Vichada (dos casos) y Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés (con un caso respectivamente)”, apuntó la cabeza del ente investigador.

El contralor general, Felipe Córdoba, precisó que la entidad ha revisado contratos por más de $3,1 billones en atención de la emergencia del COVID-19. Cerca de $2,1 billones para la compra de insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos. El billón de pesos restante han sido para contratos de prestación de servicios para apoyo y gestión. “Se han identificado $420.000 millones en sobrecostos y se han emitido 227 alertas, que han permitido, hasta el 18 de mayo, beneficios por $25.000 millones y la cancelación de contratos por $3.200 millones”, señaló la Contraloría.

En sus indagaciones, la Contraloría evidenció que solo en los municipios de los departamentos de Quindío y Caquetá no se han presentado sobrecostos. “En seis gobernaciones de las 30 que se han revisado no hemos evidenciado irregularidades. Estas son Bolívar, Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y La Guajira (...). Hemos podido ver que las capitales con sobrecostos más altos son Medellín, Cali, Sincelejo y Tunja”, agregó el contralor general. Asimismo, indicó que los municipios más afectados son Floridablanca (Santander), Sabaneta (Antioquia), Puerto Boyacá y Girón (Santander).

En la misma dirección, la Procuraduría anunció la apertura de nuevos procesos contra varios de los mandatarios investigados por la Contraloría y Fiscalía. También anunció que en el radar del Ministerio Público está el gobernador de Tolima y la Dirección Nacional de Bomberos, que afrontan investigaciones por presuntas irregularidades en el contrato para la adquisición de 30 camiones cisterna por más de $13.000 millones.

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