Fiscalía investigará, pero no hará mesa con SAE por inventario de bienes de la mafia

La SAE administra los bienes incautados en procesos de extinción de dominio, como la finca de la familia del exembajador Fernando Sanclemente en Guasca, Cundinamarca (foto).

Foto: Cortesía Fiscalía

Aunque no habrá la mesa de diálogo interinstitucional que habían acordado el gobierno y la Fiscalía en octubre para investigar las anomalías detectadas en el inventario de bienes incautados a la mafia, el ente investigador anunció que investigará esas denuncias. “La Fiscalía recibirá todas las denuncias que las entidades remitan donde haya señalamientos de hechos que constituyan delito”, dijo la entidad en un comunicado tras escuchar en declaración jurada al presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín.

La SAE es la encargada de administrar y disponer de los bienes que entran en procesos de extinción de dominio en medio de investigaciones que inicia la Fiscalía. Según cálculos del ente investigador, fiscales han impuesto medidas sobre miles de bienes que han significado la entrega a esa entidad de más de $26 billones. El gobierno de Gustavo Petro, entretanto, había prometido que dispondría de esos bienes para materializar algunas de sus propuestas, como la reforma rural, pero en octubre denunciaron que habían detectado discordancias en el inventario. En ese momento se anunció una mesa entre ambas entidades, que fracasó.

Lo que terminó sucediendo fue que Daniel Rojas Medellín fue citado a la Fiscalía a ampliar en una declaración jurada lo que estaba denunciando. En un comunicado de este 25 de enero, la SAE explicó que su presidente asistió a la diligencia y “entregó al ente acusador información asociada al inventario de activos bajo su administración, específicamente, respecto de las diferencias que han sido identificadas en el análisis y comparación con las bases de datos proporcionadas por la Superintendencia de Notariado y Registro”.

Según la entidad, tras cruzas ambas bases de datos se dieron cuenta que muchos bienes que tienen medidas cautelares inscritas en sus matrículas no aparecen en el inventario de la SAE. Es decir, a pesar de que un fiscal de extinción de dominio ordenó que no pueden ser vendidos o enajenados, los bienes no aparecen en los archivos de la autoridad encargada de administrarlos. Para la SAE esto puede significar que “algunos inmuebles no fueron migrados de la DNE —la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes— a la SAE o que posiblemente algunos inmuebles fueron sustraídos de su inventario”.

Además, Rojas Medellín informó a la Fiscalía de las falencias que tienen los sistemas de la SAE. Según la entidad, una reciente auditoría de ciberseguridad, ordenada por la anterior administración, arrojó que tienen un 73,9% de vulnerabilidad en sus sistemas de información. Por su parte, el ente investigador confirmó que Rojas “entregó dispositivos electrónicos e información que están siendo analizados para determinar si pueden constituirse en material probatorio de hechos de corrupción que se estarían presentando en la SAE”.

También le entregó al ente investigador información relacionada con la venta de la empresa Triple A, que pertenecía a una empresa pública española y sufrió un proceso de enajenación temprana, a Alumbrado Público de Barranquilla. Esa operación fue suspendida por el gobierno Petro y la Contraloría inició una indagación, ante posibles irregularidades, pero la Fiscalía no ha hecho anuncios al respecto.

La SAE dijo, finalmente, que sus directivos acordaron reunirse nuevamente con la Fiscalía el 10 de febrero y que sus interlocutores allí son el director especializado contra la Corrupción y una fiscal asignada al caso. El búnker no mencionó un nuevo encuentro, pero expresó que hasta la fecha no se ha reactivado mesa alguna entre ambas instituciones y que “se han priorizado las investigaciones por los presuntos hechos de corrupción denunciados”.

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