Gobernador de Nariño, a juicio por supuesta corrupción en venta de aguardiente
Camilo Romero es señalado de ser parte de las irregularidades en una venta de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño a una empresa distribuidora de la región. El mandatario departamental insiste en que detrás de su investigación hay intereses políticos y económicos.
Redacción Judicial
Desde noviembre de 2017, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, está bajo la lupa de las autoridades por supuestas irregularidades en las condiciones para comercializar aguardiente Nariño, que se fijaron mediante un decreto expedido por el propio Romero, en agosto de 2016. En ese contrato, cuyo costo fue de $18.000 millones, también fue acusado el gobernador encargado para la época, Mario Fernando Benavides. Ambos irán a juicio ante la Corte Suprema por su posible responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.
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Según las investigaciones, la subecretaria de Rentas de la Gobernación, Adriana Milena Amaya Buitrago, habría proyectado el decreto que ahora está bajo la lupa para que los interesados compraran el licor, pues se presume que la funcionaria facilitó la adquisición del Aguardiente Nariño a uno de los proponentes, ya que antes de haberse proferido dicho decreto la empresa Organización de Licores de Nariño SAS supuestamente hizo la consignación porque tuvo conocimiento previo de la normativa. Según el diario El Tiempo, Amaya Buitrago, llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía General con lo que la exfuncionaria departamental se compromete a dar información sobre estos hechos.
Cinco meses después, en mayo de 2018, la Procuraduría General abrió investigación contra Romero por estos mismos hechos. La investigación de la Procuraduría está relacionada con la aprobación del convenio que permitió la venta y distribución de aguardiente en el departamento a la Organización de Licores de Nariño. Según el Ministerio Público, el contrato fue autorizado por el Comité de Crédito de la Gobernación de Nariño el 25 de agosto de 2016 y, al parecer, la administración otorgó el contrato sin recibir otras propuestas, como señala la ley colombiana, permitiendo que otros interesados en participar en el concurso de licitación pública.
Por este mismo caso, en junio pasado, la Fiscalía General también le imputó cargos a Andrés Felipe Arango Romero por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento público. Arango Romero, quien es primo del gobernador, es un economista de Popayán que estuvo en la campaña de Romero a la Gobernación y lo acompañó en sus movimientos ‘Tienen huevo’ y el colectivo ‘Vamos independientes’. Sin embargo, no se conoce en detalle cuál habría sido su participación en las supuestas irregularidades en la comercialización de aguardiente.
Desde noviembre de 2017, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, está bajo la lupa de las autoridades por supuestas irregularidades en las condiciones para comercializar aguardiente Nariño, que se fijaron mediante un decreto expedido por el propio Romero, en agosto de 2016. En ese contrato, cuyo costo fue de $18.000 millones, también fue acusado el gobernador encargado para la época, Mario Fernando Benavides. Ambos irán a juicio ante la Corte Suprema por su posible responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.
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Según las investigaciones, la subecretaria de Rentas de la Gobernación, Adriana Milena Amaya Buitrago, habría proyectado el decreto que ahora está bajo la lupa para que los interesados compraran el licor, pues se presume que la funcionaria facilitó la adquisición del Aguardiente Nariño a uno de los proponentes, ya que antes de haberse proferido dicho decreto la empresa Organización de Licores de Nariño SAS supuestamente hizo la consignación porque tuvo conocimiento previo de la normativa. Según el diario El Tiempo, Amaya Buitrago, llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía General con lo que la exfuncionaria departamental se compromete a dar información sobre estos hechos.
Cinco meses después, en mayo de 2018, la Procuraduría General abrió investigación contra Romero por estos mismos hechos. La investigación de la Procuraduría está relacionada con la aprobación del convenio que permitió la venta y distribución de aguardiente en el departamento a la Organización de Licores de Nariño. Según el Ministerio Público, el contrato fue autorizado por el Comité de Crédito de la Gobernación de Nariño el 25 de agosto de 2016 y, al parecer, la administración otorgó el contrato sin recibir otras propuestas, como señala la ley colombiana, permitiendo que otros interesados en participar en el concurso de licitación pública.
Por este mismo caso, en junio pasado, la Fiscalía General también le imputó cargos a Andrés Felipe Arango Romero por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento público. Arango Romero, quien es primo del gobernador, es un economista de Popayán que estuvo en la campaña de Romero a la Gobernación y lo acompañó en sus movimientos ‘Tienen huevo’ y el colectivo ‘Vamos independientes’. Sin embargo, no se conoce en detalle cuál habría sido su participación en las supuestas irregularidades en la comercialización de aguardiente.