Gustavo Villegas, en líos judiciales por la Oficina de Envigado

Al enterarse de que un grupo de la Dijín había viajado desde Bogotá para capturarlo, se entregó a las autoridades el secretario de seguridad de Medellín Gustavo Villegas. Según anunció la directora de Fiscalías de la capital antioqueña, Claudia Carrasquilla, la aprehensión del funcionario se produjo porque existen pruebas suficientes para imputarle los delitos de concierto para delinquir agravado, omisión de denuncia y uso indebido de información privilegiada.

Datos preliminares dan cuenta de que, al parecer, Villegas les brindaba información confidencial a jefes de estructuras delincuenciales como Rodolfo Rojas, alias Pichi, y Julio Perdomo, para favorecer el proceso de sometimiento a la justicia de la Oficina de Envigado, banda criminal cuya existencia negaba el mismo Villegas. La directora seccional de la Fiscalía en Medellín confirmó que las pesquisas contra el secretario de seguridad se abrieron desde julio de 2016.

La noticia causó revuelo en Medellín. Desde su nombramiento en el gabinete del alcalde Federico Gutiérrez se ventilaron cuestionamientos contra Villegas, en razón a que había estado vinculado a un proceso judicial en 2008. En ese momento, Villegas fue señalado de haber beneficiado al empresario Juan Felipe Sierra y su empresa Control Total con varios contratos para brindar esquemas de protección a los dirigentes de los desmovilizados de las Autodefensas.

Villegas oficiaba como director del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, que en ese entonces encabezaba Alonso Salazar. Él no era ajeno al tema de la desmovilización paramilitar: en 2003, ayudó a coordinar la dejación de armas de los hombres del bloque Cacique Nutibara. En 2008, cuando su nombre apareció en el asunto de Control Total, el propio Villegas manifestó que se trató de un correo que se cruzó con Juan Felipe Sierra, pero que la Fiscalía archivó el proceso por inexistencia de los hechos denunciados.

Cuando estalló el escándalo, Gustavo Villegas era director de los Juegos Suramericanos y había sido miembro del Comité Olímpico Colombiano. Aunque fue absuelto en esa época, el escándalo llevó a prisión al entonces director seccional de Fiscalías, Guillermo León Valencia Cossio, y al propio empresario Juan Felipe Sierra, cuya empresa, Control Total, accedió a siete contratos por un monto de $4.914 millones. Sierra resultó ser el intermediario ante Valencia para que este favoreciera a integrantes de la banda de alias Don Mario.

Alias Pichi, el hombre por el cual Villegas está en este enredo judicial, es Edison Rodolfo Rojas, un hombre que fue capturado en febrero de 2013 en Panamá y condenado a 16 años de prisión por el asesinato de un empleado bancario. Las autoridades lo consideraban el sucesor de alias Sebastián, jefe de la Oficina de Envigado. Pichi formaba parte de las negociaciones que la Fiscalía comenzó en 2016 para tratar de lograr el sometimiento a la justicia de este grupo ilegal.

A su vez, Julio Perdomo fue un desmovilizado del bloque Metro, de las autodefensas, y ofició como integrante de la Corporación Democracia, que manejaba Severo Antonio López, alias Job, una organización que se convirtió en una especie de fachada de la cual sacaba provecho el jefe paramilitar alias Don Berna. Perdomo quedó libre, pero volvió a enfrentar otro proceso judicial en 2015, cuando fue denunciado por desplazamiento intraurbano.

“Yo mismo como alcalde me pongo al frente”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, una vez se hizo pública la entrega voluntaria de su secretario de seguridad, Gustavo Villegas. “Inmediatamente citamos a un consejo de seguridad extraordinario, en el que reafirmamos la lucha estructural que venimos dando contra la criminalidad. Como siempre, daremos claridad y transparencia a la ciudadanía. El señor Villegas presentó su carta de renuncia con el fin de no entorpecer la investigación y mantener la institucionalidad”.

No todo el mundo, sin embargo, cree por completo la versión de que Villegas podría estar involucrado en actos irregulares. Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), declaró en los micrófonos de Caracol Radio que él  podría haber caído en una trampa tendida por el crimen organizado para atacar el proceso de sometimiento de varios delincuentes, el cual lideraba el exsecretario. Según Quijano, involucrar a Villegas podría hacer parte de una estrategia del clan del Golfo para entrar a Medellín a copar espacios que han estado restringidos para ese grupo armado.

Al enterarse de que un grupo de la Dijín había viajado desde Bogotá para capturarlo, se entregó a las autoridades el secretario de seguridad de Medellín Gustavo Villegas. Según anunció la directora de Fiscalías de la capital antioqueña, Claudia Carrasquilla, la aprehensión del funcionario se produjo porque existen pruebas suficientes para imputarle los delitos de concierto para delinquir agravado, omisión de denuncia y uso indebido de información privilegiada.

Datos preliminares dan cuenta de que, al parecer, Villegas les brindaba información confidencial a jefes de estructuras delincuenciales como Rodolfo Rojas, alias Pichi, y Julio Perdomo, para favorecer el proceso de sometimiento a la justicia de la Oficina de Envigado, banda criminal cuya existencia negaba el mismo Villegas. La directora seccional de la Fiscalía en Medellín confirmó que las pesquisas contra el secretario de seguridad se abrieron desde julio de 2016.

La noticia causó revuelo en Medellín. Desde su nombramiento en el gabinete del alcalde Federico Gutiérrez se ventilaron cuestionamientos contra Villegas, en razón a que había estado vinculado a un proceso judicial en 2008. En ese momento, Villegas fue señalado de haber beneficiado al empresario Juan Felipe Sierra y su empresa Control Total con varios contratos para brindar esquemas de protección a los dirigentes de los desmovilizados de las Autodefensas.

Villegas oficiaba como director del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, que en ese entonces encabezaba Alonso Salazar. Él no era ajeno al tema de la desmovilización paramilitar: en 2003, ayudó a coordinar la dejación de armas de los hombres del bloque Cacique Nutibara. En 2008, cuando su nombre apareció en el asunto de Control Total, el propio Villegas manifestó que se trató de un correo que se cruzó con Juan Felipe Sierra, pero que la Fiscalía archivó el proceso por inexistencia de los hechos denunciados.

Cuando estalló el escándalo, Gustavo Villegas era director de los Juegos Suramericanos y había sido miembro del Comité Olímpico Colombiano. Aunque fue absuelto en esa época, el escándalo llevó a prisión al entonces director seccional de Fiscalías, Guillermo León Valencia Cossio, y al propio empresario Juan Felipe Sierra, cuya empresa, Control Total, accedió a siete contratos por un monto de $4.914 millones. Sierra resultó ser el intermediario ante Valencia para que este favoreciera a integrantes de la banda de alias Don Mario.

Alias Pichi, el hombre por el cual Villegas está en este enredo judicial, es Edison Rodolfo Rojas, un hombre que fue capturado en febrero de 2013 en Panamá y condenado a 16 años de prisión por el asesinato de un empleado bancario. Las autoridades lo consideraban el sucesor de alias Sebastián, jefe de la Oficina de Envigado. Pichi formaba parte de las negociaciones que la Fiscalía comenzó en 2016 para tratar de lograr el sometimiento a la justicia de este grupo ilegal.

A su vez, Julio Perdomo fue un desmovilizado del bloque Metro, de las autodefensas, y ofició como integrante de la Corporación Democracia, que manejaba Severo Antonio López, alias Job, una organización que se convirtió en una especie de fachada de la cual sacaba provecho el jefe paramilitar alias Don Berna. Perdomo quedó libre, pero volvió a enfrentar otro proceso judicial en 2015, cuando fue denunciado por desplazamiento intraurbano.

“Yo mismo como alcalde me pongo al frente”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, una vez se hizo pública la entrega voluntaria de su secretario de seguridad, Gustavo Villegas. “Inmediatamente citamos a un consejo de seguridad extraordinario, en el que reafirmamos la lucha estructural que venimos dando contra la criminalidad. Como siempre, daremos claridad y transparencia a la ciudadanía. El señor Villegas presentó su carta de renuncia con el fin de no entorpecer la investigación y mantener la institucionalidad”.

No todo el mundo, sin embargo, cree por completo la versión de que Villegas podría estar involucrado en actos irregulares. Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), declaró en los micrófonos de Caracol Radio que él  podría haber caído en una trampa tendida por el crimen organizado para atacar el proceso de sometimiento de varios delincuentes, el cual lideraba el exsecretario. Según Quijano, involucrar a Villegas podría hacer parte de una estrategia del clan del Golfo para entrar a Medellín a copar espacios que han estado restringidos para ese grupo armado.