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La Fundación Defensa de Inocentes, organización presidida por el exdiputado Sigifredo López, presentó una solicitud a la JEP en la que piden privar de la libertad y suspender del Congreso a los integrantes del secretariado y del estado mayor de las extintas Farc mencionados en el auto de secuestro. La Sala de Reconocimiento de Verdad aceptó estudiar la solicitud de medidas cautelares y pidió a las partes que se pronuncien. No obstante, esta misma instancia de la justicia especial ya ha negado solicitudes similares en el pasado.
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Las dos medidas consisten en restringirle la libertad a los exFarc implicados en secuestro para que no puedan salir de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), así como también el cese de actividades de aquellos que ostenten la calidad de congresistas. El partido político de las extintas Farc, ahora llamado Comunes, cuenta con 5 senadores, dos de los cuales, de ser aceptada la solicitud de la fundación, deberían cesar sus actividades legislativas.
Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo Cubillos, quienes ocupan dos puestos del partido Comunes ante el Senado, suspenderían sus actividades si así lo decidiera la JEP. Por lo espinoso del asunto, la Sala de Reconocimiento pidió conceptos a múltiples organizaciones y centros de pensamiento para que le den su opinión a la jurisdicción especial, de si es necesario acudir a estas medidas cautelares.
Sin embargo, hay antecedentes que indican que la solicitud podría no prosperar. Hace apenas unas semanas, por ejemplo, la misma Sala de Reconocimiento negó una medida cautelar que pedía congelar los sueldos de los excombatientes de las extintas Farc que están en el Congreso. Como en el caso de secuestro el Secretariado ha comparecido, no hay indicios de que vayan a obstruir la administración de justicia, concluyeron en ese momento los magistrados.
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Dentro de los invitados a evaluar la solicitud, se encuentran ocho facultades de Derecho de diversas universidades: la Javeriana, el Rosario, la Del Valle y la Nacional. Así mismo, se solicitó la opinión de cuatro organizaciones internacionales: el Instituto Colombo Alemán, la Fundación Vivamos Humanos y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), completando así la lista de 18 organizaciones llamadas por la JEP.
Los representantes la Defensa de Inocentes argumentan que su solicitud va encaminada a la reparación de las víctimas y que, por tal motivo, los congresistas del partido Comunes no pueden actuar en el Congreso, ni estar desempeñando otras labores que no sean única y exclusivamente el cumplimiento de la sanción. Según la fundación, dichas sanciones exigen el cumplimiento de horarios de trabajos y restricciones de movilidad, las cuales deberán cumplir en las zonas veredales transitorias de normalización.
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Adicionalmente, la Fundación Defensa de Inocentes, expuso, para consideración de la JEP, que su petición es válida para evitar el incumplimiento del Acuerdo de Paz. “Ya hay antecedentes sobre dicho riesgo, el cual no puede asumirse por parte de la sala, pues no hay que desconocer que estamos ante personas señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad y de guerra, las cuales están ad portas de aceptar su responsabilidad y/o de enfrentarse a un proceso para determinar su responsabilidad o no por los delitos endilgados”, expuso la fundación en su solicitud de medida cautelar.
El auto del que habla la Fundación es el 019 de 2021, en el que la Sala de Reconocimiento tomó la primera decisión contra la exguerrilla: les imputó en 322 páginas múltiples conductas dentro del caso que ahora se llamará “Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-Ep”. En ese auto, la JEP los acusó como coautores de los crímenes de privaciones de la libertad, desaparición forzada y homicidio. Y algunos de ellos fueron acusados, por responsabilidad de mando, de torturas, violencia sexual y atentados a la dignidad personal. Y, en febrero de este año, los ocho excomandantes acusados aceptaron su responsabilidad.