JEP excluye a Luis Rafael Páez, investigado por el antiguo pacto “para” de Chivolo

Imagen de referencia. Las Auc no solo firmaron el Pacto de Ralito en 2001, un año antes aseguraron alianzas políticas en el Magdalena a través del Pacto de Chivolo.

El exalcalde encargado de San Antonio (Magdalena) en el 2.000, Luis Rafael Páez Zambrano, seguirá siendo objeto de investigación en la justicia ordinaria. Así lo determino la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, la cual lo excluyó por sus escasos aportes para conocer la verdad del pacto de Chivolo: un acuerdo administrativo y económico en el Magdalena entre políticos y paramilitares de la talla de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, cabeza del antiguo Bloque Norte de las Auc.

Antecedentes: Chivolo y Pivijay, los otros pactos

“Por considerar que su plan de aporte a la verdad fue insuficiente e insatisfactorio, la JEP decidió no aceptar la solicitud sometimiento de Luis Rafael Páez Zambrano, exalcalde encargado de San Antonio (Magdalena), y excluir su proceso de la competencia de la Jurisdicción”, señaló el órgano de justicia transicional. Páez Zambrano, entonces, seguirá defendiéndose en la justicia ordinaria de un proceso por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en beneficio de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

El denominado Pacto de Chivolo se realizó el 28 de septiembre de 2000 en la población del mismo nombre. Según se denunció ante la justicia, esta fue la primera gran convención política organizada por el jefe paramilitar alias Jorge 40, y se hizo a nombre de la “Provincia unida por una mejor opción de vida”. Se apoyó, entonces, la candidatura a la gobernación del dirigente liberal José Domingo Dávila Armenta. En 2011, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por parapolítica.

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A la reunión presuntamente acudieron 13 candidatos a alcaldías del departamento del Magdalena y 395 personas más, entre aspirantes a concejos municipales y la Asamblea. En particular, hubo una importante representación política de los municipios de Remolino, Salamina, Pedraza, Granada, Piñón, Sabanas de Ángel, Cerro de San Antonio, Concordia, Algarrobo, Tenerife, Zapayán, Ariguaní, Pivijay y Plato. Muchos de estos firmantes, según se ha conocido, llegaron a ser alcaldes, diputados y concejales.

Páez Zambrano, encargado de San Antonio, al parecer habría participado de tal reunión. En noviembre de 2019 presentó un acta de sometimiento a la JEP, en calidad de agente del Estado no miembro de la fuerza pública. La solicitud, en principio, no fue aceptada en octubre de 2019, por lo cual se le pidió una ampliación al exalcalde de su proyecto de aporte. El documento fue presentado en marzo de 2020, no obstante, la JEP consideró que fueron “vagos, sin sustento y denotaron una clara ausencia de exhaustividad”.

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“Páez Zambrano tampoco hizo alusión a hechos o personas, más allá de datos que son de conocimiento público, por lo cual no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional. Está siendo juzgado por haber hecho parte del ‘Pacto de Chivolo’ y entregar dineros públicos a organizaciones paramilitares, a través de la contratación pública cuando estuvo como alcalde encargado del municipio de San Antonio, en Magdalena”, concluyó la Sala que definió el presente judicial del exalcade. El Pacto de Chivolo, una reunión de la cual Páez al parecer no quiso hablar.

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