La amenaza, un delito invisible

Aura Lucía Llanos fue asesinada el 2 de febrero, presuntamente, por su expareja Javier Solís Angulo. Tras una relación de 12 años y comprobar una infidelidad, Llanos decidió dejar a Solís, un policía retirado con el que tenía una hija de ocho años. Durante los cuatro meses que estuvieron separados, él la amenazó repetidamente con matarla si la veía con otro hombre.

 

Dos días después, otro hecho trágico se tomó los diarios y los noticieros de Colombia. Cuatro niños aparecieron muertos en una casa de la vereda Las Brisas, en el departamento de Caquetá. El papá de los niños tenía líos con los vecinos por un tema de tierras, por el cual se habían agredido y amenazado recíprocamente. 

 

En ambos casos, las víctimas habían interpuesto denuncias por amenazas. Sin embargo, ello no evitó las tragedias. Muchos se preguntaron por qué las autoridades no evitaron que se perdieran las vidas de Aura Lucía y de los cuatro niños. Y aunque en el país es ampliamente conocido que periodistas, políticos y defensores de derechos humanos son víctimas frecuentes de amenazas, un tanto menos visibles son los casos de las personas que no ejercen ninguna de esas labores. La intolerancia y los problemas de convivencia, que con frecuencia van acompañados de amenazas, son causa frecuente de violencia —al punto que en 2013 se presentaron 158.798 casos de lesiones personales y 68.230 de violencia intrafamiliar—.

 

El problema se ve agravado por las distintas interpretaciones que han hecho las autoridades sobre el tema. La policía y la Fiscalía han explicado de distintas maneras los procedimientos a seguir cuando un ciudadano interpone una denuncia luego de recibir una amenaza. La Fuerza Pública reconoce que es su responsabilidad intervenir en las contravenciones que se puedan presentar entre vecinos, familias o parejas. Sin embargo, manifiesta que, a veces, su capacidad operativa es superada por el número de denuncias y  señala que los desenlaces trágicos pueden evitarse si la Fiscalía investiga y procesa a los agresores.  

 

Por su parte, el ente investigador argumenta que la amenaza no es un delito y que, por tanto, no puede judicializarse a una persona por esos hechos. Luis González, director nacional de seccionales de la Fiscalía, señala que las amenazas por intolerancia o problemas de convivencia son contravenciones descritas en el código de Policía y que deben ser solucionadas por esa institución. Además, que “esos comportamientos de convivencia ciudadana nos quitan recursos para perseguir las verdaderas denuncias”. Según González, una amenaza “tiene que tener un elemento subjetivo de terrorismo, zozobra y terror sobre la comunidad” para que se considere un delito y pueda ser investigado.  

 

Lo que es claro es que el código penal establece una pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa que oscila entre los 13 y los 150 salarios mínimos para quien “por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella”. Para Carlos Andrés González, decano de la facultad de derecho de la universidad Jorge Tadeo Lozano, la línea entre la responsabilidad de la Policía y la Fiscalía para investigar estos hechos es muy delgada. Al final, solo determinando si la amenaza  genera zozobra en una comunidad o en un individuo se puede establecer el procedimiento a seguir, que termina siendo crucial para garantizar la vida de las personas. 

Aura Lucía Llanos fue asesinada el 2 de febrero, presuntamente, por su expareja Javier Solís Angulo. Tras una relación de 12 años y comprobar una infidelidad, Llanos decidió dejar a Solís, un policía retirado con el que tenía una hija de ocho años. Durante los cuatro meses que estuvieron separados, él la amenazó repetidamente con matarla si la veía con otro hombre.

 

Dos días después, otro hecho trágico se tomó los diarios y los noticieros de Colombia. Cuatro niños aparecieron muertos en una casa de la vereda Las Brisas, en el departamento de Caquetá. El papá de los niños tenía líos con los vecinos por un tema de tierras, por el cual se habían agredido y amenazado recíprocamente. 

 

En ambos casos, las víctimas habían interpuesto denuncias por amenazas. Sin embargo, ello no evitó las tragedias. Muchos se preguntaron por qué las autoridades no evitaron que se perdieran las vidas de Aura Lucía y de los cuatro niños. Y aunque en el país es ampliamente conocido que periodistas, políticos y defensores de derechos humanos son víctimas frecuentes de amenazas, un tanto menos visibles son los casos de las personas que no ejercen ninguna de esas labores. La intolerancia y los problemas de convivencia, que con frecuencia van acompañados de amenazas, son causa frecuente de violencia —al punto que en 2013 se presentaron 158.798 casos de lesiones personales y 68.230 de violencia intrafamiliar—.

 

El problema se ve agravado por las distintas interpretaciones que han hecho las autoridades sobre el tema. La policía y la Fiscalía han explicado de distintas maneras los procedimientos a seguir cuando un ciudadano interpone una denuncia luego de recibir una amenaza. La Fuerza Pública reconoce que es su responsabilidad intervenir en las contravenciones que se puedan presentar entre vecinos, familias o parejas. Sin embargo, manifiesta que, a veces, su capacidad operativa es superada por el número de denuncias y  señala que los desenlaces trágicos pueden evitarse si la Fiscalía investiga y procesa a los agresores.  

 

Por su parte, el ente investigador argumenta que la amenaza no es un delito y que, por tanto, no puede judicializarse a una persona por esos hechos. Luis González, director nacional de seccionales de la Fiscalía, señala que las amenazas por intolerancia o problemas de convivencia son contravenciones descritas en el código de Policía y que deben ser solucionadas por esa institución. Además, que “esos comportamientos de convivencia ciudadana nos quitan recursos para perseguir las verdaderas denuncias”. Según González, una amenaza “tiene que tener un elemento subjetivo de terrorismo, zozobra y terror sobre la comunidad” para que se considere un delito y pueda ser investigado.  

 

Lo que es claro es que el código penal establece una pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa que oscila entre los 13 y los 150 salarios mínimos para quien “por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella”. Para Carlos Andrés González, decano de la facultad de derecho de la universidad Jorge Tadeo Lozano, la línea entre la responsabilidad de la Policía y la Fiscalía para investigar estos hechos es muy delgada. Al final, solo determinando si la amenaza  genera zozobra en una comunidad o en un individuo se puede establecer el procedimiento a seguir, que termina siendo crucial para garantizar la vida de las personas.