La apuesta de los abogados penalistas para no volver a la presencialidad

Este martes se debate en el Congreso el Proyecto de Ley No. 325 de 2022 (Senado) y 441 de 2022 (Cámara) “por medio del cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020″. Con el decreto implementado en pandemia se adoptaron medidas para adelantar actuaciones judiciales de manera virtual, algo que los abogados, al menos lo penalistas, buscan que se mantenga indefinidamente. El Espectador reunió cifras y habló con expertos en derecho penal para ampliar el panorama y resolver dudas sobre el modelo que, al parecer, llegó para quedarse.

Este martes se debate en el Congreso el Proyecto de Ley No. 325 de 2022 (Senado) y 441 de 2022 (Cámara) “por medio del cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020″. Con el decreto implementado en pandemia se adoptaron medidas para adelantar actuaciones judiciales de manera virtual, algo que los abogados, al menos lo penalistas, buscan que se mantenga indefinidamente. El Espectador reunió cifras y habló con expertos en derecho penal para ampliar el panorama y resolver dudas sobre el modelo que, al parecer, llegó para quedarse.

El Colegio de Abogados Penalistas mediante una carta sostuvo que volver a la presencialidad sería un “caos”. Y es que, de acuerdo a las cifras que maneja la Rama Judicial, el modelo que se ha implementado a raíz de la pandemia ha sido bien acogido por despachos y abogados. Aun así, quedan algunas dudas sobre su eficacia por el acceso a la virtualidad y algunas malas prácticas surgidas con este modelo. El abogado Ulises Canosa Suárez, quien hizo parte de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso; y José Freddy Restrepo, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), compartieron sus perspectivas de este tema.

Para Canosa, “después de dos años de vigencia del Decreto está demostrado que los medios digitales garantizan el debido proceso y respetan plenamente los derechos fundamentales de las personas”. Asimismo, manifiesta que “son evidentes las ventajas del uso de las TIC para fortalecer el acceso a la justicia y propender por su eficacia, flexibilización, rapidez, modernización, transparencia y economía. Volver a una completa presencialidad sería un retroceso para el país”. La idea de que los procesos penales queden por fuera de la extensión del decreto sería “desaprovechar una gran oportunidad de innovación y actualización y podría generar una grave crisis en la administración de justicia”.

Por su parte, Restrepo manifiesta que desde la Rama piensan que “definitivamente la virtualidad llegó para quedarse”. Aún así, reconoce que “también hay que garantizar que haya gente en las oficinas, porque sabemos que por varios motivos las personas no acceden a las plataformas, no tiene plata, no tienen datos suficientes o no manejan las tecnologías”. El presidente de ASONAL considera que “se tiene que garantizar que se les atienda, por eso hemos insistido en el tema de la alternancia, pero también en el tema de flexibilidad de horarios”.

En cuestión de cifras, los penalistas tienen con qué sustentar su postura, pues la eficacia de la justicia virtual ha sido amplia en números. De acuerdo con una encuesta hecha por la Rama Judicial, desde la implementación de la medida en pandemia hasta el 24 de febrero de este año, se encontró que “el 94% de los despachos encuestados consideran que el Decreto 806 de 2020 agilizó el trámite de los procesos judiciales y flexibilizó la atención a los usuarios del servicio de justicia”. Aún así, hay una preocupación por las “malas prácticas” que pueden darse en el desarrollo de una audiencia virtual, como salirse sin que el Juez se lo pueda impedir, fingir perdidas de conexión para no responder o tratar de manipular los testimonios estando en el mismo lugar que los testigos.

Ante estos obstáculos que persisten, Canosa sostiene que “son excepciones que no pueden generalizarse en perjuicio de todos los ciudadanos y abogados que actúan correctamente, además porque es un argumento contrario a la presunción de buena fe que dispone la Constitución”. Para el abogado, “cuando se presenta una situación irregular, el juez debe, con su conocimiento y experiencia, adoptar medidas correctivas y, en último caso, disponer la presencia de todos en la sede judicial, como está previsto de manera excepcional en la norma que se busca convertir en legislación permanente”.

Sobre el proyecto de ley en sí, que fue presentado por Germán Varón (senador) y Jaime Rodríguez (representante a la Cámara), ambos de Cambio Radical, Canosa profesa todo el apoyo, porque, a su parecer, “la oposición a la virtualidad obedece a la resistencia al cambio de algunos pocos que se niegan a transformarse y a utilizar la tecnología en el proceso, igual que se está usando para todas las relaciones, en todas las materias y latitudes”. El abogado manifestó que “la tecnología que es beneficiosa, como la que se aplica al proceso judicial, no debe obstaculizarse por los caprichos o las protestas de algunos que quieren seguir en un pasado que ya no existe”.

Por la misma línea, el presidente de ASONAL manifiesta que hay un compromiso compartido si se busca que el modelo que se implementó en la pandemia perdure, ya que, según él, “el Estado tiene que ahondar en mecanismos que permitan fortalecer esa forma de acceso virtual a la justicia”. El deseo expresado por Rincón, Canosa y el Colegio de Abogados Penalistas está apoyado en el proyecto de ley 325, para que las actuaciones judiciales se puedan seguir haciendo virtualmente. Según Canosa, los abogados confían en que “el Congreso de la República actuará de manera responsable en beneficio de la comunidad colombiana, aprobando el Proyecto de Ley 325 que convierte el Decreto 806 de 2020 en legislación permanente”:

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