El 7 de septiembre de 2019 fue la más reciente protesta de los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia en 1985. Con letreros de “La Fiscalía nos dio la espalda” reclamaron verdad, justicia y reparación. “Es vergonzoso que tuviéramos que pedirle a la Corte IDH una visita a Colombia, porque el Estado, en 34 años, no dio respuestas”, dijo Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, un desaparecido. La Corte hizo ese día en Bogotá un seguimiento al caso que dejó 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decenas de heridos y once desaparecidos; empleados de la cafetería y visitantes. El fiscal Jorge Sarmiento había dicho que “los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, sino de malas identificaciones o cuerpos mezclados”. Pero, según la CIDH, el Estado es responsable por la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao y del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. Están condenados el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega.