La preocupante situación de tres líderes que el Tribunal de Cundinamarca ordenó proteger
En una tutela que interpuso la Procuraduría para buscar que el gobierno entregue ayudas a comunidades étnicas del país en medio de la pandemia, el Ministerio Público agregó la urgencia que viven estas personas. Su grave panorama hizo que el juez del caso accediera a proteger sus derechos.
La pandemia por el coronavirus no respeta nada. Ni el hecho de que cientos de líderes sociales siguen haciendo su trabajo, en medio de un aislamiento ordenado por el gobierno, y en un panorama en el que ni quienes quieren matarlos respetan la cuarentena. Esta situación quedó evidenciada en una tutela que presentó la Procuraduría que, pese a no tener como hecho principal la segurdad de tres líderes sociales, terminó con un fallo judicial clave para su salvaguarda.
En el recurso judicial del Ministerio Público, el delegado para asuntos étnicos, Richard Moreno Rodríguez, relató que, pese a las promesas del gobierno de entregar ayudas humanitarias a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo rom, estás no se han efectuado y hay miles de miembros de estos pueblos sin ayuda alguna. De hecho, el Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca que estudió el caso, le dio toda la razón y aclaró que el 64% de esas ayudas no de han entregado.
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En la tutela, la Procuraduría le explicó a los jueces que, además de la falta de la mano del gobierno, habìa autoridades y líderes étnicos en constante riesgo por cuenta de amenazas y vulneración a sus derechos. El tribunal quiso saber más sobre estos casos y el Ministerio Público explicó que eran tres. El primero, un hombre del Consejo Comunitario Asocoetnar de Tumaco (Nariño), la segunda de Buenaventura (Valle), miembro del Comité de Paro Cívico de este departamento, y la tercera, una mujer del corregimiento norte de La Boquilla (Bolívar), del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La Boquilla.
Del oriundo de Nariño, el Ministerio Público señaló que ha recibido graves amenazas por parte de grupos al margen de la ley que lo obligaron a salir del departamento porque, además de la zozobra, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reforzó su esquema de seguridad justamente cuando los mensajes intimidatorios se recrudecieron. Ante este panorama, el Tribunal de Cundinamarca le pidió a la UNP explicaciones. La Unidad señaló que el hombre estaba bajo su protección desde 2016, cuando se implementaron los primeros mecanismos de protección.
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Agregó que desde esa época se ha revaluado su situación en varias oportunidades por un comité de expertos y que siempre se le ha prestado el servicio de protección. Para el Tribunal, la respuesta no fue suficiente y critió el hecho de que, pese a sus insistencia, la UNP no explicara cuándo será la próxima evaluación y qué medidas ha tomado la Unidad en medio de la pandemia. Agregó que hace más de dos meses no se ha revaluado el caso del líder de Tumaco. “Como consecuencia de lo anterior, estima la Sala que dicha tardanza se torna injustificada máxime si se tiene en cuenta el nivel de riesgo del actor”, añadió el Tribunal.
Sobre la segunda líder, la Procuraduría señaló que no solo ella sino también su familia es blanco de constantes amenazas que han quedado incluso en los registros del Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la UNP, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de Paz de la ONU. La Unidad Nacional de Protección aclaró que ella ha estado en sus registros desde 2017 y que, desde al año pasado, por la gravísima situación, le fue asignado un carro blindado, un hombre de protección, un botón de apoyo, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
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Al igual que en el caso del líder de Tumaco, el Tribunal expresó que considera que no son suficientes las medidas tomadas por la UNP y que es urgente que tome medidas drásticas para protegerla. El caso de la tercera lider tiene patrones similares. De acuerdo con la Procuraduría, el pasado 2 de mayo a las 10 de la mañana, la mujer fue intimidada por un individuo con arma de fuego y los hechos, al parecer, tendrían que ver con su trabajo como miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La Boquilla.
Ella, al igual que los otros dos líderes, también está en los registros de la UNP desde 2017 pero la diferencia es que desde ese año no se ha actualizado su nivel de riesgo, ni siquiera con los hechos ocurridos hace un mes y que fueron debidamente denunciados antes las autoridades. Y, de nuevo, para el Tribunal su situación es inadmisible y le dio cinco días a la Unidad Nacional de Protección para que revalúe su caso y tome las medidas necesarias para proteger su vida.
En los tres casos, la UNP no tiene más de una semana para revaluarlos y protegerlos de la manera debida. Para la Procuraduría, la protección que les ha brindado la Unidad ha sido “deficitaria, inoportuna, insuficiente e ineficaz pues son numerosos los asesinatos de autoridades, comuneros y líderes de los pueblos étnicos, en el Cauca, Nariño, Putumayo, Guajira y Chocó, entre otros departamentos”. Por estas razones, el Tribunal que estudió la tutela accedió a protegerlos y también a ordenarle al gobierno que en un plazo no mayor de 20 días, entrega las ayudas humanitarias a todos los pueblos étnicos.
Rupert Colville, el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló en abril pasado: “La pandemia de Covid-19 y las restricciones impuestas por el Gobierno y por las propias comunidades para evitar la propagación del virus parecen haber agravado una situación ya violenta y volátil”. Según cifras de Dejusticia y de la Oficina de Bachelet, desde que en marzo comenzó el aislamiento en el país, se han registrado más de 15 asesinatos de contra de líderes sociales.
La pandemia por el coronavirus no respeta nada. Ni el hecho de que cientos de líderes sociales siguen haciendo su trabajo, en medio de un aislamiento ordenado por el gobierno, y en un panorama en el que ni quienes quieren matarlos respetan la cuarentena. Esta situación quedó evidenciada en una tutela que presentó la Procuraduría que, pese a no tener como hecho principal la segurdad de tres líderes sociales, terminó con un fallo judicial clave para su salvaguarda.
En el recurso judicial del Ministerio Público, el delegado para asuntos étnicos, Richard Moreno Rodríguez, relató que, pese a las promesas del gobierno de entregar ayudas humanitarias a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo rom, estás no se han efectuado y hay miles de miembros de estos pueblos sin ayuda alguna. De hecho, el Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca que estudió el caso, le dio toda la razón y aclaró que el 64% de esas ayudas no de han entregado.
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En la tutela, la Procuraduría le explicó a los jueces que, además de la falta de la mano del gobierno, habìa autoridades y líderes étnicos en constante riesgo por cuenta de amenazas y vulneración a sus derechos. El tribunal quiso saber más sobre estos casos y el Ministerio Público explicó que eran tres. El primero, un hombre del Consejo Comunitario Asocoetnar de Tumaco (Nariño), la segunda de Buenaventura (Valle), miembro del Comité de Paro Cívico de este departamento, y la tercera, una mujer del corregimiento norte de La Boquilla (Bolívar), del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La Boquilla.
Del oriundo de Nariño, el Ministerio Público señaló que ha recibido graves amenazas por parte de grupos al margen de la ley que lo obligaron a salir del departamento porque, además de la zozobra, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reforzó su esquema de seguridad justamente cuando los mensajes intimidatorios se recrudecieron. Ante este panorama, el Tribunal de Cundinamarca le pidió a la UNP explicaciones. La Unidad señaló que el hombre estaba bajo su protección desde 2016, cuando se implementaron los primeros mecanismos de protección.
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Agregó que desde esa época se ha revaluado su situación en varias oportunidades por un comité de expertos y que siempre se le ha prestado el servicio de protección. Para el Tribunal, la respuesta no fue suficiente y critió el hecho de que, pese a sus insistencia, la UNP no explicara cuándo será la próxima evaluación y qué medidas ha tomado la Unidad en medio de la pandemia. Agregó que hace más de dos meses no se ha revaluado el caso del líder de Tumaco. “Como consecuencia de lo anterior, estima la Sala que dicha tardanza se torna injustificada máxime si se tiene en cuenta el nivel de riesgo del actor”, añadió el Tribunal.
Sobre la segunda líder, la Procuraduría señaló que no solo ella sino también su familia es blanco de constantes amenazas que han quedado incluso en los registros del Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la UNP, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de Paz de la ONU. La Unidad Nacional de Protección aclaró que ella ha estado en sus registros desde 2017 y que, desde al año pasado, por la gravísima situación, le fue asignado un carro blindado, un hombre de protección, un botón de apoyo, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
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Al igual que en el caso del líder de Tumaco, el Tribunal expresó que considera que no son suficientes las medidas tomadas por la UNP y que es urgente que tome medidas drásticas para protegerla. El caso de la tercera lider tiene patrones similares. De acuerdo con la Procuraduría, el pasado 2 de mayo a las 10 de la mañana, la mujer fue intimidada por un individuo con arma de fuego y los hechos, al parecer, tendrían que ver con su trabajo como miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La Boquilla.
Ella, al igual que los otros dos líderes, también está en los registros de la UNP desde 2017 pero la diferencia es que desde ese año no se ha actualizado su nivel de riesgo, ni siquiera con los hechos ocurridos hace un mes y que fueron debidamente denunciados antes las autoridades. Y, de nuevo, para el Tribunal su situación es inadmisible y le dio cinco días a la Unidad Nacional de Protección para que revalúe su caso y tome las medidas necesarias para proteger su vida.
En los tres casos, la UNP no tiene más de una semana para revaluarlos y protegerlos de la manera debida. Para la Procuraduría, la protección que les ha brindado la Unidad ha sido “deficitaria, inoportuna, insuficiente e ineficaz pues son numerosos los asesinatos de autoridades, comuneros y líderes de los pueblos étnicos, en el Cauca, Nariño, Putumayo, Guajira y Chocó, entre otros departamentos”. Por estas razones, el Tribunal que estudió la tutela accedió a protegerlos y también a ordenarle al gobierno que en un plazo no mayor de 20 días, entrega las ayudas humanitarias a todos los pueblos étnicos.
Rupert Colville, el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló en abril pasado: “La pandemia de Covid-19 y las restricciones impuestas por el Gobierno y por las propias comunidades para evitar la propagación del virus parecen haber agravado una situación ya violenta y volátil”. Según cifras de Dejusticia y de la Oficina de Bachelet, desde que en marzo comenzó el aislamiento en el país, se han registrado más de 15 asesinatos de contra de líderes sociales.