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17 Jul 2020 - 12:09 p. m.

La turbia historia del poderoso clan Gnecco en el Cesar

La noticia más reciente sobre esta familia tiene que ver con el actual gobernador de ese departamento, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a quien la Corte Suprema halló culpable de corrupción electoral. Entre los miembros de su familia hay un líder paramilitar, un exgobernador condenado por corrupción, un contrabandista en la frontera con Venezuela y nexos con las mafias locales.
David Escobar Moreno

David Escobar Moreno

Periodista Judicial
Luis Alberto Monsalvo Gnecco comenzó su periodo como mandatario del Cesar este año. Duró siete meses en el cargo antes de que fuera condenado en primera instancia por corrupción electoral. / Gobernación del Cesar
Luis Alberto Monsalvo Gnecco comenzó su periodo como mandatario del Cesar este año. Duró siete meses en el cargo antes de que fuera condenado en primera instancia por corrupción electoral. / Gobernación del Cesar
Foto: Gobernación del Cesar

En las próximas semanas se conocerá cuánto tiempo tendrá que estar en prisión el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, luego de que la Corte Suprema lo encontrara culpable en primera instancia del delito de corrupción al sufragante. Este proceso judicial del mandatario regional se suma a los que otros miembros de su familia han tenido que afrontar en el pasado y que, en algunos casos, terminaron en condenas. En el mundo político, Monsalvo Gnecco era considerado como el heredero de una reconocida familia, cuyo auge se dio hacia los años ochenta cuando llegaron al departamento a invertir en bombas de gasolina y tractomulas para el transporte de carbón.

El primer miembro del clan que empezó a tener líos con la justicia fue Lucas Gnecco Cerchar, tío del actual gobernador. En 2000 fue condenado en dos oportunidades. La primera, a 42 meses de prisión por constreñimiento al elector y, la segunda, a 10 años por irregularidades en contratos durante su administración. Nueve años después, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó a 24 años y nueve meses de cárcel por haber suscrito, entre 1998 y el 2000, 101 contratos de manera irregular que le costaron al departamento un detrimento de $9.680 millones.

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