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Entre enero y abril de 2021 las confrontaciones armadas del Estado contra grupos al margen de la ley han disminuido en un 47% desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc en 2016. Así lo expuso el más reciente informe de Fundación Ideas para la Paz (FIP) que hizo un símil de los hechos frente al mismo periodo del año pasado.
Durante los primeros cuatro meses de 2021 la fuerza pública combatió contra Disidencias de las Farc en 16 ocasiones, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una oportunidad; contra miembros del EPL en dos ocasiones y 12 situaciones más se registraron con grupos que aún están sin identificar.
Lo que reposa en el documento es que en un 48% se redujeron los combates entre la Fuerza Pública y las organizaciones armadas, específicamente con el ELN. Mientras que los enfrentamientos entre los grupos ilegales por disputa del territorio y las rentas ilícitas se redujeron en un 44%, especialmente en Nariño y Cauca, mientras se mantiene la confrontación en el Bajo Cauca.
Las acciones de los grupos armados también disminuyeron en un 58% en donde cayeron los ataques a la infraestructura, los hostigamientos y las emboscadas frente al mismo periodo de 2020. El reporte da cuenta que la reducción más notoria se da en las zonas de influencia del ELN. En Norte de Santander, durante 2020 se presentaron 32 ataques mientras que para este año se registraron solo 11 acciones. En Arauca el año pasado reportaron 16 afectaciones mientras que para 2021 se presentaron ocho sucesos.
En Cauca parece haber el mismo panorama. Durante 2020 se presentaron 18 ataques mientras que para el periodo de este año se registraron cinco acciones. Sobre las detenciones a los miembros del ELN el informe también confirma una disminución en un 14%. No obstante, las muertes aumentaron de dos a ocho durante el mismo periodo.
Para la FIP las disminuciones en las cifras durante este periodo tienen cuatro significados puntuales. El primero de ellos es la baja capacidad armada de los grupos ilegales para enfrentar al Estado de ahí que pueda llegar a considerarse que la presencia de las fuerzas militares y policiales tenga un efecto disuasivo en ellos. Del mismo modo que los grupos ilegales opten por replegarse y no realizar acciones que llamen la atención.
En la segunda hipótesis es el cambio de estrategia de los grupos armados que, a juicio del informe, tratan de evadir los enfrentamientos directos con la fuerza pública para evitar su debilitamiento; el tercero es la presencia en zonas de difícil acceso y de baja intervención de las fuerzas del Estado, donde la confrontación es poco frecuente, y la cuarta obedece a la fácil movilidad entre Colombia y Venezuela que de alguna forma ayuda a eludir los controles de las fuerzas armadas.
Si bien, hay un descenso en las cifras lo que llama la atención del informe es el aumento que hay en el impacto humanitario, pues, con relación al mismo tiempo ascendieron los homicidios a nivel nacional en un 15%. El aumento también se registró sobre el mismo flagelo en un 19% en los municipios PDET.
“Comparar lo que ocurrió el primer cuatrimestre de 2021 con el mismo periodo del año anterior no es del todo posible, por las restricciones impuestas por el covid-19. Sin embargo, el número de homicidios en 2021 es más alto que en 2019 y 2017, lo que confirma la tendencia al incremento”, dice el informe y añade su preocupación por el aumento de homicidio en espacios PDTES, los lugares que fueron priorizados por el Gobierno para avanzar con la implementación del acuerdo de paz.
La FIP describe que en un 71% aumentaron las víctimas por masacres. Esa cifra es la más alta desde 2012. “No hay un único grupo armado responsable, ni un solo patrón, aunque parte de las masacres ocurrieron en zonas de disputa entre grupos. Contrario a las versiones oficiales, las zonas no siempre tienen presencia de cultivos ilícitos”, dice el documento.