Lo inconcluso del caso Moreno, quien murió tras caer el helicóptero en el que viajaba

El empresario Pedro Juan Moreno murió en febrero de 2006 en un accidente aéreo en Urabá, Antioquia. / El Espectador

El próximo lunes 19 de febrero, el general (r) Rito Alejo del Río, condenado a 25 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena, está citado en la Fiscalía para ampliar su declaración sobre la muerte de Pedro Juan Moreno, quien fungió como secretario de Gobierno durante la administración de Álvaro Uribe en Antioquia (entre 1995 y 1997). Del Río ya ha manifestado públicamente que él no está convencido de que Moreno haya fallecido en un accidente y, por eso, la Fiscalía quiere preguntarle una vez más qué sabe al respecto.

No es el único de quien la Fiscalía espera recibir versión por este enigmático caso, que lleva 12 años en la penumbra: ¿Pedro Juan Moreno murió en un accidente o su helicóptero fue saboteado? El Espectador conoció que el fiscal del caso pidió también una declaración bajo juramento de Rodrigo Lara Restrepo, quien, dicen fuentes del organismo investigativo, ha manifestado tener información al respecto. Mientras tanto, la Fiscalía pidió otro informe de peritaje para tratar de establecer las causas del accidente aéreo, ocurrido en 2006 en el Urabá cuando él hacía campaña para llegar al Congreso.

Hasta ahora, con lo que la Fiscalía cuenta es una constancia enviada por la Aeronáutica Civil, que indica que la aeronave en la que viajaba Moreno con uno de sus hijos se estrelló por fallas mecánicas. Dicen en la Fiscalía que este expediente, carcomido por el polvo en los anaqueles del organismo investigativo, está de nuevo moviéndose. El tema, además, regresó a la opinión pública por dos razones: una, el fallo que se conoció la semana pasada contra los ganaderos Jaime y Francisco Angulo Osorio por la muerte del abogado Jesús María Valle, en el cual se menciona la posible responsabilidad de Moreno.

La segunda, la columna que Daniel Coronell publicó el domingo pasado, en la cual habló de un libro que publicará María McFarland, directora ejecutiva de Drug Policy Alliance. Coronell explicó que el libro “arroja luces sobre varios crímenes sin resolver, como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle”, el cual habría sido una solicitud de Pedro Juan Moreno por las investigaciones de Valle acerca de la masacre de El Aro. Por las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango (Antioquia), la Corte Interamericana condenó ya a Colombia.

Moreno, habría señalado el exjefe paramilitar Don Berna a McFarland, era un “asiduo visitante” de los campamentos dirigidos por los hermanos Castaño Gil. Y habría dicho también que el expresidente y senador Álvaro Uribe podría estar implicado en la muerte de Moreno, una hipótesis que se ha rumorado desde que ocurrió el accidente, mas nunca se ha comprobado. Uribe, no obstante, dio otra versión: este 14 de febrero puso a circular una carta cuya autoría atribuyó a Don Berna, en la que él señalaba no tener pruebas para involucrar a Uribe en el crimen de Pedro Juan Moreno o en cualquier otro.

La versión de Moreno, el “asiduo visitante” de campamentos paramilitares, encaja con lo que Don Berna ya le ha dicho a la justicia colombiana. El fallo contra los hermanos Angulo por el asesinato de Jesús María Valle, que se conoció la semana pasada porque en él se pide investigar a Álvaro Uribe, dice: “(Murillo Bejarano) resalta que la orden del asesinato del dr. Valle no fue de sus defendidos, sino del señor Pedro Juan Moreno, quien hiciera esa petición a Carlos Castaño a la vez se reunieron (sic) en la hacienda 53 del corregimiento El Volador, no solo estas personas sino también varios militares y funcionarios de la Gobernación (de Antioquia)”.

En 2015, en Miami, Don Berna ratificó esa versión ante una comisión especial de fiscales que viajaron desde Colombia para tomar su declaración con respecto a crímenes como el de Valle, el de José Eduardo Umaña o el de Jaime Garzón. Sus palabras llevaron a la Fiscalía de Montealegre a conformar un grupo especial compuesto por tres fiscales delegados ante la Corte Suprema. Uno de ellos tenía a cargo el caso de las masacres de El Aro y La Granja y, otro, el crimen de Pedro Juan Moreno.

El Espectador indagó sobre ese grupo. Funcionarios de la Fiscalía de Eduardo Montealegre explicaron que en el último año del período Montealegre se avanzaron en tareas y se lograron ciertos progresos. En la administración de Néstor Humberto Martínez tienen otra versión: fuentes de la Fiscalía le dijeron a este diario que “el grupo no se instaló y, por ende, no operó”. Que, por eso, los casos fueron de nuevo remitidos a la Dirección de Derechos Humanos.

La muerte de Pedro Juan Moreno, que ocurrió en febrero de 2006, resultó una frenada en seco para las indagaciones que hacía la justicia para confirmar o desvirtuar su supuesto papel como promotor del paramilitarismo, o su presunta responsabilidad en el asesinato de Jesús María Valle. Varios de los fallos en los que se pide investigar a Álvaro Uribe por supuestos nexos con el paramilitarismo hacen énfasis en Pedro Juan Moreno como una figura que, siendo la mano derecha del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, fomentó lo que podrían considerarse acciones ilegales.

Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Medellín contra integrantes del Bloque Cacique Nutibara en 2015 explica cómo en el despacho de Moreno, entonces secretario de Gobierno del gobernador Álvaro Uribe, se creó una oficina con la tarea específica de asesorar el surgimiento de las Convivir. En el fallo de 2014 contra alias Monoleche, mano derecha de Vicente Castaño, el mismo Tribunal resalta una confesión de Salvatore Mancuso: que para la masacre de El Aro los paramilitares se guiaron con la información que dieron el general Manosalva (quien ya murió) y Pedro Juan Moreno. Un año después del fallecimiento de Moreno, apareció ejecutada en un hangar del aeropuerto de Medellín Olaya Herrera una mujer llamada Nancy Esther Zapata Orozco, quien habría advertido que el helicóptero en que viajaba Moreno pudo haber sido alterado en uno de sus repuestos. En 2015, cuando la Fiscalía creó el grupo especial, incluyó ese crimen entre los que merecían atención particular. El Espectador confirmó que este caso sigue en indagación preliminar. Es decir, sigue abierto, pero nada significativo ha ocurrido con él.