Los exgobernadores que, por corruptos, tienen en jaque a La Guajira

El próximo martes se conocerá cuánto tiempo de cárcel deberá pagar el exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, por hechos de corrupción relacionados con un convenio para la investigación de prevención del dengue, enfermedad que azota el departamento. Ballesteros ni es el único, ni es el primero de los exmandatarios que han saqueado al segundo departamento con mayores índices de pobreza extrema en Colombia —superado, apenas, por Chocó—.

El próximo martes se conocerá cuánto tiempo de cárcel deberá pagar el exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, por hechos de corrupción relacionados con un convenio para la investigación de prevención del dengue, enfermedad que azota el departamento. Ballesteros ni es el único, ni es el primero de los exmandatarios que han saqueado al segundo departamento con mayores índices de pobreza extrema en Colombia —superado, apenas, por Chocó—.

De la extensa lista de exgobernadores de La Guajira con problemas judiciales, hacen parte también el antecesor de Ballesteros, Juan Francisco Kiko Gómez y los sucesores, Oneida Pinto y Wilmer González Brito. Mientras la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretaban que en el departamento ocurren a diario violaciones a los derechos fundamentales por la escasez de agua potable, la desnutrición de los niños y las altas tasas de mortalidad de mujeres embarazadas, su clase política se empecinaba con el presupuesto público.

Álvaro Cuello Blanchar

Además de compositor de vallenatos, al exgobernador Álvaro Cuello lo recuerdan en el departamento por corrupto. El hombre que tuvo a cargo el departamento de La Guajira entre 1997 y 2000, elegido en unos de los primeros comicios que se hicieron en el país para escoger mandatarios regionales, comenzó también el linaje de hechos de corrupción.

En el 2005 empezaron los líos de Cuello Blanchar, cuando la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por cinco años, tras encontrar irregularidades en un contrato con un abogado al que le pagaron el 15% de lo que le correspondió al departamento en el proceso de liquidación de Electroguajira. La suma alcanzaba los $1.160 millones, honorarios que la Procuraduría consideró “excesivos”.

Asimismo, en abril de este año, la Corte Suprema decidió continuar con el proceso que se le adelanta al exgobernador Cuello en esa corporación. En este segundo caso de corrupción, se le cuestiona al exmandatario que habría invertido recursos de la Nación en un proyecto de viviendas de interés social que no contaba con los permisos necesarios. Al parecer, Cuello sabía que las casas no tendrían acceso a servicios públicos y continuó con la ejecución del contrato.

Hernando Deluque Freyle

El exmandatario Hernando Deluque Freyle, uno de los más poderosos de La Guajira, llegó a la gobernación en 2001. De hecho, su hijo Alfredo Deluque aspira a ese mismo cargo en las elecciones de octubre próximo. Cuando Deluque Freyle llegó al cargo, los locales lo veían como un nuevo aire en la administración departamental y con esa consigna consolidó el poder de su movimiento “Nueva Guajira”. Sin embargo, el Consejo de Estado anuló su elección en 2003 porque se comprobó que un enorme esquema de fraude electoral en los municipios San Juan del Cesar, Manaure, Maicao, Uribia, Urumita y Villanueva, fue lo que lo llevó a su silla de gobernador.

Además de que se le cuestiona que en 2012 avaló el pago de mil trescientos millones de pesos ($1.326.353.569 exactamente) a la constructora que contrató su antecesor, Cuello Blanchar, para las viviendas que no tenían permisos, el exmandatario tiene otros líos. Por ejemplo, en 2006 llegó la decisión de segunda instancia de la Procuraduría de destituirlo e inhabilitarlo por 12 años para ejercer cargos públicos.

Este nuevo lío fue por las irregularidades que se presentaron en contratos para el mantenimiento y rehabilitación de vías en La Guajira, así como fallas en el convenio para la construcción de la primera y segunda etapa del Colegio Sagrada Familia de Riohacha. En 2016 la Corte Suprema lo condenó a nueve años de prisión por estos mismos hechos los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación —cuando un funcionario se enriquece con recursos públicos—.

José Luis González Crespo

A González Crespo no lo volvieron a ver en La Guajira luego de que la Procuraduría lo sancionara en 2010 por irregularidades en un contrato que firmó mientras fue gobernador (2003-2007) y que beneficiaron a la compañía Gescop. Al año siguiente, en octubre de 2011, el exmandatario se sometió a condena anticipada en el proceso que le seguía la Corte Suprema por haberle pagado una suma superior a los $2.000 millones a un abogado para que defendiera al departamento en un proceso por recaudación de impuestos que se dejaron de percibir.

Finalmente, en 2012 fue condenado de nuevo por la Sala Penal de la Corte Suprema. El alto tribunal encontró serias irregularidades en, por lo menos, 15 contratos que González Crespo firmó con empresas de servicios públicos para mejorar las redes de servicios públicos de varios municipios. Según el fallo, en el proceso de selección se favoreció a tres empresas: Aguas de La Guajira, Aguas del sur de La Guajira y Aguas de la Península, que terminaron apropiándose de $1.027 millones.

Jorge Eduardo Pérez Bernier

El exgobernador Jorge Eduardo Pérez Bernier tuvo a su mando el departamento entre 2008 y 2011, y tiene el curioso récord de ser el único de los exgobernadores de La Guajira que ha sido sancionado por todos los entes de control: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía encontraron irregularidades en su gestión. Junto a Deluque Freyle llevaba las banderas de “Nueva Guajira”, pero para las próximas elecciones tiene a un candidato propio: su hijo, Jorge Pérez Smith.

La Contraloría, por ejemplo, lo encontró responsable fiscal de un detrimento de $3.162 millones por no hacer los desembolsos correspondientes de un préstamo que le hizo el Banco Mundial al departamento. Aunque el dinero estaba previsto que llegara al mejoramiento de la infraestructura del servicio de acueducto, Pérez Bernier no tramitó los pagos y la entidad internacional terminó sancionando a La Guajira. Por su parte, la Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario en 2016 por irregularidades en la prestación de servicios de salud a población vulnerable: a la empresa que atendió los pacientes, nunca le pagaron.

El caso que conoció la Fiscalía no pinta distinto. Su administración, al parecer, generó sobrecostos en contratos para el mejoramiento de 42 colegios de toda La Guajira por un valor superior a los $149.000 millones. Según dijo la Fiscalía en el proceso que se le adelanta a Pérez Bernier en la Corte Suprema, estos contratos le significaron al departamento un detrimento patrimonial cercano a los $22.000 millones. Aunque ya está en juicio por estos hechos, Pérez Bernier se encuentra en libertad mientras la Corte estudia el expediente.

Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar

“Kiko Gómez era comandante político de la organización criminal de Marquitos (Marcos de Jesús Figueroa)”, le dijo el fiscal del caso al juez noveno especializado de Bogotá en el juicio en su contra por el asesinato del concejal de Barrancas (La Guajira), Luis López Peralta. Pero Gómez además de este crimen, carga con una condena de 55 años por los asesinatos la alcaldesa de ese mismo municipio, Yandra Brito, su esposo y su escolta, ocurridos en 2012. Por esto, para la Fiscalía. Gómez, “es el autor intelectual de los crímenes de políticos en el departamento. Su ley es: quien no está con él, se muere”.

Gómez Cerchar está en la cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, por sus evidentes nexos con el narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, y el Bloque Norte de las Autodefensas. En septiembre del año pasado se supo que el condenado exmandatario pidió cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero la Corte Suprema le salió al paso y aclaró que los crímenes por los que fue condenado Gómez no tienen relación alguna con el conflicto armado.

José María Ballesteros

José María Ballesteros será condenado el próximo 24 de septiembre por las irregularidades que la Fiscalía encontró en un convenio de cooperación científica firmado en 2014 entre la administración departamental y la empresa Organización Latinoamericana para el Fortalecimiento de la Investigación en Salud (Olfis). El ente investigador determinó que Ballesteros incurrió en los delitos de de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión.

El objetivo del convenio que firmó Ballesteros era investigar y determinar la manera como se podría mitigar el riesgo de dengue en La Guajira. A pesar de que la empresa Olfis, registrada como una entidad sin ánimo de lucro, “no tenía la experiencia, ni la capacidad operativa, administrativa y técnica para cumplir lo dispuesto en el convenio”, según informó la Fiscalía General, el exgobernador Ballesteros le adjudicó el contrato y, además, le exigió a cambio la suma de $200 millones al representante legal de la empresa, Fredi Alexander Díaz.

Oneida Pinto

Oneida Pinto es prófuga de la justicia. Las autoridades desconocen su paradero desde julio de este año cuando la exgobernadora se fue a una “cita médica” justo en medio de una audiencia en Bogotá en la que el juez —minutos después de que Pinto saliera— ordenó enviarla a la cárcel mientras es formalmente investigada por hechos de corrupción que habría cometido cuando fue alcaldesa de Albania (La Guajira).

La investigación en contra de Pinto arrojó que esta, mientras fue alcaldesa de Albania (La Guajira) habría firmado contratos de infraestructura que no habrían cumplido los requisitos legales. Los contratos, que suman un valor de $12.590 millones, cuestionados tenían como fin "adoquinar varias vías del municipio" para crear empleo. Sin embargo, según la Fiscalía, solo se habrían llevado a cabo el 70% de las obras y, además, el contrato había beneficiado a familiares de Pinto.

Pinto, militante de Cambio Radical, fue elegida para reemplazar a Kiko Gómez desde enero de 2018 y, supuestamente, era su ficha para continuar gobernando en cuerpo ajeno, pero la destituyeron a los seis meses, en junio de 2016. En ese corto lapso, al parecer, también hubo un saqueo, pues la exmandataria fue llamada a juicio disciplinario ante la Procuraduría en agosto de este año por posibles actos de corrupción en un contrato por más de $20.000 millones destinado a la implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sector educativo de La Guajira.

Wilmer González Brito

González Brito fue condenado a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por hechos de corrupción relacionados con su cómo llegó a la gobernación en noviembre de 2016, durante unas elecciones atípicas que se llevaron a cabo en La Guajira. La Fiscalía demostró ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema que el gobernador compró a los electores con mercados, cementos, material para fabricar artesanías y hasta animales, todo con el propósito de sumar votos a su campaña. Incluso, los investigadores encontraron que se omitió la cifra de $2.000 millones en el informe de ingresos y gastos de campaña.

Wilbert Hernández Sierra

El actual gobernador de La Guajira, no se salva del recuento de hechos de corrupción. Como informó este diario el pasado mes de julio, horas antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías, norma que limita las contrataciones de los entes gubernamentales durante los cuatro meses anteriores a elecciones, la gobernación de La Guajira habría firmado un convenio por $11.000 millones para fortalecer el bilingüismo en los colegios de 38 municipios del departamento.

Solo había un problema, en el territorio de la península norte de Colombia solo hay 15 municipios, 23 menos que los contemplados en el contrato. Al conocerse esta presunta irregularidad, la Procuraduría le puso la lupa. Por eso, en la mañana de este lunes, el Ministerio Público anunció que abrió una investigación disciplinaria contra Wilbert Hernández, gobernador encargado de La Guajira y, así mismo, suspendió al mandatario mientras se llevan a cabo las pesquisas para determinar si hubo o no irregularidades en el convenio interadministrativo firmado con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones Niu Telco s.a.s.