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Para Ecuador, la fecha 26 de marzo de 2018 y la palabra Guacho son heridas eternas. Ese día, la disidencia de las Farc comandada por Guacho, un hombre que no llegaba a los 30 años, secuestró a un equipo periodístico del diario El Comercio, integrado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Lo internó en la selva colombiana y, días después, lo asesinó.
En la página web de El comercio todavía se ve la cintilla negra que se puso entonces para conmemorar a su gente. La pena no se ha ido. Fue con este crimen que ese diario y el país vecino conocieron la violencia que en Colombia ya era costumbre. Cuando Guacho murió en un enfrentamiento con la Fuerza Pública el pasado 21 de diciembre, el presidente Iván Duque celebró la noticia, dijo que así acababa la impunidad del crimen de los periodistas. La familia del equipo de El Comercio concluyó lo contrario: con Guacho se fueron las verdades.
Una de las cosas que más duele a los familiares del equipo de El Comercio es que los hechos que llevaron a la ejecución de los ecuatorianos no han sido del todo esclarecidos, a pesar de las peticiones que organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han elevado a estrados judiciales buscando explicaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso ordenó a Colombia y Ecuador avanzar en las investigaciones pertinentes y mantener informadas a las familias de las víctimas.
Hablamos con el periodista Arturo Torres coautor de “Rehenes: ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?”. Junto a su colega y esposa, María Belén Arroyo, se embarcó en una investigación de nueve meses yendo de un rincón al otro de los dos países para responder esa pregunta que, a un año de los hechos, aún no puede ser respondida con total seguridad.
¿Fueron Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra secuestrados exclusivamente por su labor periodística? ¿O buscaba la gente de Guacho canjeables a como diera lugar?
Nosotros en la investigación que hicimos con María Belén Arroyo, que es mi colega y esposa, pudimos detectar con base en testimonios y documentos que, básicamente el equipo de El Comercio es secuestrado en Mataje la mañana del 26 de marzo casi por un azar del destino. Es decir, en ese momento, había una orden de Guacho de capturar y secuestrar, e incluso ejecutar a cualquier extraño que ingresara a esa ciudad. Lo cual incluía civiles, vendedores, equipos periodísticos y de militares y policías. Ellos eran los blancos a ser capturados y ejecutados por el frente Óliver Sinisterra.
En esas circunstancias es que ingresa el equipo y es secuestrado en Ecuador y trasladado a Colombia, según todas las evidencias que nosotros recogido.
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En otras oportunidades grupos armados colombianos han secuestrado periodistas, pero sus acciones han ido a otro ritmo y en la mayoría de los casos los han dejado en libertad. ¿Qué hubo de diferente aquí?
Yo creo que la diferencia se da, básicamente, por los antecedentes de Guacho. Él ya había sido entrevistado por algunos periodistas en Colombia. El escenario más probable es que él iba a liberar a los periodistas ecuatorianos, a él no le convenía tener a los periodistas, y menos ejecutarlos.
Lo que ocurrió, según lo que hemos podido documentar, es que, al segundo día del secuestro, es decir, el 28 de marzo, cuando un medio en Colombia anuncia que los liberaron, realmente había ya la intención de dejarlos en libertad.
El gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano lo sabían y el frente Óliver Sinisterra iba a liberar a los secuestrados. Sin embargo, no ocurre porque, extrañamente, comienza a haber operaciones en la misma zona en la que iban a ser liberados los periodistas. Eso no les da un factor de seguridad a los disidentes del frente y deciden no liberarlos y más bien cogerlos, e ingresar con ellos selva adentro de Nariño.
Sobre eso, ¿qué tanto incidió en la eventual ejecución del equipo de El Comercio que el gobierno colombiano haya continuado con operaciones militares para dar de baja a Guacho mientras los ecuatorianos estaban en su poder?
Creo que ese fue uno de los factores desencadenantes de la ejecución. Desde mi punto de vista y desde todo lo que hemos documentado en el libro. Volvamos a ese 28 de marzo: ya los iban a liberar, no los liberan y, según el testimonio de un disidente que está detenido en Colombia, no los liberan porque no hay seguridad y hay operaciones en la zona. Entonces, en ese momento, esos dos primeros días, los secuestrados estaban en buenas condiciones: no estaban encadenados. Eso es muy importante, esos dos primeros días, porque se pudo haber cambiado totalmente la historia de esta tragedia.
Encontramos, por ejemplo, que desde el lado ecuatoriano ingresaron policías de élite colombianos a hacer un barrido desde el río Mataje hacia el lado colombiano, que es más fácil acceder por Ecuador que por Colombia. Luego lo que ocurre es que sigue habiendo operaciones durante todo el cautiverio. Los disidentes se sentían acosados, todo el tiempo contra las cuerdas y por eso es que movían a los rehenes constantemente de un lugar a otro. Solo así se entiende que los movieran tanto: porque había operaciones militares en Colombia. En esa situación tan extrema lo único que se hizo fue agravar la actitud de los terroristas.
A eso se le suma que la negociación que estaba en marcha con el gobierno ecuatoriano, que era una negociación fallida. Esos dos factores fueron determinantes para la forma tan vertiginosa y tan trágica en la que terminó este hecho.
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¿Qué nuevos detalles conocieron, durante la investigación para el libro, sobre la negociación que llevó el gobierno ecuatoriano con Guacho?
Yo creo que el gobierno ecuatoriano nunca pudo manejar adecuadamente el tema. El presidente le asignó demasiadas funciones al entonces ministro César Navas. Él acumuló todo. O sea, básicamente todas las decisiones pasaban por él. La Policía, los militares fueron relegados de las principales decisiones, el ministro de Defensa no participó ni se involucró. Entonces, un primer error del presidente fue haber delegado en una sola persona —a pesar de que se creó un comité de crisis—, la responsabilidad del manejo de todo el tema. Era algo inédito: era la primera vez que ocurría un secuestro de periodistas aquí en Ecuador y de un frente narcoterrorista.
El gobierno, lógicamente, no tenía servicios de inteligencia leales, eso también hay que dejarlo muy claro porque no tenía idea de la amenaza, del nivel de peligrosidad del grupo de Guacho y del Frente Oliver Sinisterra. Además, estamos viviendo una transición en la cual el gobierno no ha podido estabilizar a sus uniformados, entre los cuales hay unos que siguen siendo leales al anterior gobierno, al de Rafael Correa.
De alguna forma, estos factores generan un ambiente como de desestabilización para el gobierno y, además, comete errores. Desde el inicio no sabe si negociar o no negociar, algunos grupos le dicen que no negocie y que no le dé un estatus político a un grupo delincuencial. Es esa ambigüedad, esa indecisión la que se nota durante todo este penoso proceso que termina el 13 de abril, cuando a todos nos dicen que los periodistas fueron ejecutados.
Además de las que ha mencionado, ¿a qué otras conclusiones llegaron con su trabajo sobre este crimen?
En el libro lo que intentamos hacer es entender el problema del secuestro en el contexto de inseguridad de la frontera norte. Allí la violencia empezó a escalar desde enero de 2018 con el primer atentado de Guacho a un cuartel de la Policía con un coche bomba. Pero, todos esto hechos están encadenados, son consecuencia y están relacionados el uno con el otro. Nosotros en el libro lo que hacemos es eso: mostrar esa relación.
Además, lo que tratamos de hacer es entender cómo la frontera estuvo descuidada y ahí es que Guacho empieza a reaccionar. No olvidemos que el gobierno de Lenin Moreno, desde finales de 2017, empieza a golpear a las estructuras del Frente Oliver Sinisterra. Empiezan las capturas, los operativos puntuales que realmente debilitan a la organización de Guacho.
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¿O sea que usted diría que el secuestro fue una forma de venganza por parte de Guacho?
Sí. Fue una retaliación, claro. Guacho estaba muy molesto porque el gobierno ecuatoriano empezó a trabajar de una manera mucho más coordinada con el gobierno de Colombia para enfrentar a las disidencias. Hay que recordar que el 14 de febrero se firma el Acuerdo de Pereira en el que se establece una cooperación de diferente nivel. Allí se establecen las operaciones conjuntas, lo que es totalmente inédito.
¿No le parece contradictorio que se estuviera aumentando la cooperación entre los dos países, pero, en este secuestro hubo una falta de comunicación enorme?
El sistema policial que estaba trabajando directamente en el tema, más que el militar, no recibía información de la Policía. O sea, se integró un comité especial para dirigir todas las operaciones en la frontera y en Esmeraldas. Este organismo era dirigido por un militar, por un marino. Es decir que a él debían reportarle todas las operaciones de inteligencia, tanto Policía como militares. Sin embargo, los policías no cruzaban información con los militares. No había una coordinación en la información.
Además, en la Policía, como te decía hace un momento, hay ciertas personas que son mucho más leales al gobierno anterior. Entonces, se da una situación en la cual los militares y la Policía no trabajan coordinado. Se dice que hay coordinación de manera formal, pero hay muchos problemas porque están muy distanciados y hay una fractura entre las dos instituciones, sobre todo para el intercambio de información, que es vital. Lo que no logro entender muy bien cómo es que en Colombia ya sabían que se les iba a liberar, previo a la operación.
Ecuador nunca había vivido una tragedia de estas dimensiones. Un año después del crimen, ¿qué impacto dejó sobre el gremio periodístico de ese país?
El impacto ha sido el de una bomba. Las ondas expansivas llegaron hasta todos los medios y se reflejan en la ausencia casi total de coberturas en fronteras. Los grandes medios de comunicación no están enviando a sus periodistas a hacer cubrimiento en zonas de frontera. Hay casos excepcionales, como Ecuavisa, por ejemplo, que están haciendo trabajos especiales para seguir documentando. Esto es una excepción. En general, la cobertura de la frontera se ha reducido drásticamente porque no hay seguridad todavía. Nadie confía en que un periodista ingrese a esa zona y no lo secuestren o pueda ser atacado
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¿Y sobre la sociedad ecuatoriana en general?
Creo que la sociedad ecuatoriana ha sido distante, ha visto lejano el problema de lo que ocurre en la frontera, pero como esto afectó a periodistas, se hizo mucho más visible lo que ha ocurrido allá. De alguna forma se está teniendo conciencia de que la frontera y las disidencias no son el problema de fondo, sino que es el narcotráfico. Y también hay la conciencia de que no tenemos una política integral para enfrentar ese fenómeno y, peor aún, tener una visión más regional, ver más allá las cosas con Colombia. O sea, tratar de armar una estrategia que pueda ser realmente efectiva frente a los carteles de la droga, que lógicamente son los que manejan todo el negocio y el resto de los actores son complementarios en esto: los disidentes, los sicarios, los milicianos, los informantes.
Evidentemente, esta conciencia que está tomando la sociedad sobre la peligrosidad y las dinámicas del narcotráfico, no solamente se da en la frontera, sino en el resto del país, porque hay varias provincias que están siendo afectadas por el narcotráfico. Ahora lo único que esperamos es que las autoridades y del gobierno puedan tomar decisiones que integren una estrategia mucho más integral.
¿Qué le dicen hoy los periodistas ecuatorianos al gobierno colombiano y al ecuatoriano?
Bueno, lo inmediato, a propósito de este caso es que se trasparente la manera en que están actuando los organismos. Es decir, que sea un poco más frontal y no a cuentagotas la forma en la que los periodistas y los familiares de las víctimas acceden a la información. Hay un sentimiento de orfandad frente al gobierno, frente a los Estados. Los civiles de a pie, las personas comunes y corrientes que están lejos del poder político sienten que el gobierno no está respondiendo a la altura de las circunstancias y por eso hay una indefensión. Hay una indefensión de los ciudadanos frente a un Estado que es inoperante.