Los testimonios que enredan al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo
El exrector de la Universidad del Magdalena es investigado por el asesinato de un estudiante hace 18 años. Exparamilitares lo señalan. Él se defiende.
Catalina Vargas Vergara - @catavargas93
El pasado 31 de enero, la Fiscalía resolvió la situación jurídica de Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, en la investigación que se abrió en su contra por la muerte de Hugo Maduro, estudiante de la Universidad del Magdalena asesinado a manos de paramilitares de la zona en el año 2000. En un expediente de 245 páginas, en poder de El Espectador, reposan más de 120 testimonios que el ente investigador tuvo en cuenta para tomar tal determinación. Varias de estas declaraciones señalan que, al parecer, Caicedo tuvo vínculos con jefes paramilitares del momento; sin embargo, los testigos más solidos contra el exmandatario serían “de oídas”.
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El pasado 31 de enero, la Fiscalía resolvió la situación jurídica de Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, en la investigación que se abrió en su contra por la muerte de Hugo Maduro, estudiante de la Universidad del Magdalena asesinado a manos de paramilitares de la zona en el año 2000. En un expediente de 245 páginas, en poder de El Espectador, reposan más de 120 testimonios que el ente investigador tuvo en cuenta para tomar tal determinación. Varias de estas declaraciones señalan que, al parecer, Caicedo tuvo vínculos con jefes paramilitares del momento; sin embargo, los testigos más solidos contra el exmandatario serían “de oídas”.
Hugo Elías Maduro era estudiante de Economía agrícola de la Universidad del Magdalena, que se destacó por impulsar debates políticos y denunciar actos de corrupción dentro de la institución. Meses antes de su muerte estaba haciendo campaña para el Concejo Municipal de Santa Marta. Su lucha por la preservación de la universidad pública habría resultado incómoda para varias personas, especialmente para Caicedo, quien en la época se desempeñaba como rector de la Universidad del Magdalena. El estudiante también hizo parte del grupo de jóvenes que cuestionó los títulos universitarios que Caicedo reunía para ocupar dicho cargo.
Fueron tantos los roces entre Maduro y Caicedo, relatados por varios testigos, que en una oportunidad Maduro interpuso una acción de tutela contra la universidad para exigir el no pago de la matrícula de los estudiantes que ya habían terminado materias, la cual fue fallada a favor del joven. Pero la gota que rebosaría la copa entre rector y estudiante sería la denuncia que Maduro hizo, junto con otro de sus compañeros, ante el entonces procurador Jaime Bernal Cuéllar en una audiencia pública, donde relató varios hechos de corrupción ocurridos en la universidad, mencionando al entonces rector Carlos Caicedo.
“Vale decir que las denuncias que hacía Maduro sí generaban impacto, porque se volvían de público manejo dentro de la comunidad universitaria, lo que lógicamente no era de buen recibo para el rector, porque con ello no se podía consolidar el proyecto de refundación de la universidad”, señala la Fiscalía en el documento. Esta incomodidad que el estudiante generaba en varias personas habría desembocado en su asesinato, el 26 de mayo de 2000, cuando hacia las seis de la tarde dos sujetos que se movilizaban en una moto lo abordaron y le dispararon en varias oportunidades. Maduro trató de huir refugiándose en su casa, adonde ingresaron los sicarios para culminar su propósito.
Los autores materiales del homicidio fueron el grupo de Autodefensas Campesinas del Magdalena y Guajira comandadas por Hernán Giraldo Sierra (alias el Patrón) e integradas por Jairo Musso, Giovanni Navarro Muñoz (Monoleche), Ramiro Bejarano (Tolima), Walter Torres (Marco 2), José Guzmán (Quemadito) y Luis Carlos López Castro (Orejas). Según varios testigos, en la universidad se hablaba de la existencia de una lista de los hombres de Hernán Giraldo en la que figuraban las personas consideradas de la guerrilla o de izquierda, entre ellos varios estudiantes como Hugo Maduro.
Lo que dicen los testimonios
Uno de los primeros testigos que mencionó a Carlos Caicedo como presunto determinador del crimen del joven estudiante fue alias Orejas. Él afirmó que conoció de los supuestos vínculos del exrector de la Universidad del Magdalena con los paramilitares en una reunión entre Monoleche y Caicedo, en la zona conocida como la “refresquería” de la universidad. Según Orejas, Caicedo salió de su oficina y conversó con el paramilitar durante 25 o 30 minutos mientras él los esperaba a unos dos metros de distancia, sin saber de manera específica lo que hablaban.
Fue hasta cuando finalizó el encuentro que Monoleche le contó a Castro que Caicedo tenía serios roces con un estudiante de la institución. “El comandante Monoleche me comentó que el señor con el que estaba hablando era el rector de la Universidad del Magdalena, que tenía un problema y el señor Caicedo quería que se lo resolviéramos, porque había que quitar del medio a Hugo Maduro, porque ellos habían tenido problemas, no me acuerdo qué problemas”, aseguró Orejas en su declaración. Sin embargo, se retractó de estas afirmaciones en junio de 2016, siendo postulado de la Ley de Justicia y Paz.
La primera razón que dio Orejas para explicar su retractación fueron amenazas contra su esposa, Betty López, vía telefónica. También aseguró que en un encuentro que tuvo con su antiguo jefe, Hernán Giraldo, años después en la cárcel de Barranquilla, este le dijo que “no fuera a decir nada porque supuestamente (los autores) habían sido Julio y Monoleche”. “En ese orden de ideas, el testimonio de López Castro debe considerarse como una sola prueba; es decir, el hecho de que existan varias intervenciones no le resta menos o más peso, en unas u otras, y esa única prueba será respaldada con otros testimonios y elementos de convicción”, aseguró la Fiscalía.
El segundo testigo contra Caicedo es Edgar Ochoa Ballesteros, alias Morrocoyo. Según Ballesteros, el jefe paramilitar Hernán Giraldo tenía una lista en la que aparecían datos proporcionados, al parecer, por Carlos Caicedo. “Se recogía esa información con inteligencia; en este caso el señor Carlos Caicedo nos pasaba la lista de quién era guerrillero y activista. Estaba claro, la verdad, a nivel de la organización sabíamos que el doctor Carlos Caicedo nos colaboraba (...) Se le perdonó la vida porque había hecho un convenio con Quemadito y Monoleche para señalar más personas (...)”, agregó Morrocoyo en su declaración.
El tercer declarante es Willinton Mora Buenhaber, alias Willy, quien aseguró que no tenía conocimiento de los hechos que rodearon la muerte de Maduro, pero sí sabía sobre los vínculos de Caicedo con los grupos paramilitares de Santa Marta. Willy aseguró que presenció una reunión entre Caicedo y Monoleche en cercanías de la universidad. Al parecer, Monoleche llamó al rector y este salió del plantel educativo para atenderlo. Al finalizar la reunión, el exparamilitar le confirmó a Willy que era Caicedo quien les daba toda la información relacionada con la universidad. Adicionalmente, Willy habría sido uno de los testigos de las reuniones entre Hernán Giraldo y Carlos Caicedo.
“La declaración de Mora Buenhaber es una prueba directa de las relaciones o vínculos que Caicedo Omar tenía con el grupo de los urbanos de Santa Marta, pues no solo escuchó los comentarios de su comandante Monoleche confirmándole que él era quien suministraba la información de los activistas de la universidad, sino que presenció uno de sus encuentros; declaración que fue ratificada ante Justicia y Paz en su versión de agosto 8 del 2012, donde amplió, aun más, la información en tanto adujo que Monoleche llevó a Caicedo adonde Hérnan Giraldo”, asegura la Fiscalía en la investigación.
La cuarta declaración que tuvo en cuenta el ente investigador es la de Luis Alfredo Ropero, alias Cambalache, quien en 2014 confirmó “haber estado con Quemadito y Monoleche en unas reuniones de rapidez con Caicedo y luego con Monoleche y Ochoa Ballesteros, recibiendo una lista para realizar unos homicidios; lista dentro de la cual estaba el nombre de Hugo Maduro”, señala el ente investigador. Otro de los testigos que fue tenido en cuenta por la Fiscalía es Carlos Enrique Pareja Mendoza, quien afirmó que el mismo Monoleche le dijo que la muerte de Hugo Maduro fue ordenada por Hernán Giraldo y “un importante personaje de Santa Marta”. En resumen, todos mencionan a Monoleche. Pero Monoleche está muerto.
Otros testigos aseguraron a la Fiscalía que Carlos Caicedo habría cedido varios contratos relacionados con la universidad a paramilitares a modo de “acuerdo”, debido a que Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, le habría perdonado la vida a Caicedo Omar, a quien, en principio, consideraba colaborador de la guerrilla. Algunos de esos contratos habrían sido el de la compañía de vigilancia, servicios generales y dos contratos de electricidad ejecutados por la firma Eléctrica GB. Uno de los testigos de estos contratos fue José Gelves Albarracín, alias el Canoso, quien ha sido procesado por el delito de falso testimonio en otros casos penales.
“Es una canallada”
Sobre este anuncio de la Fiscalía, Carlos Caicedo se pronunció en rueda de prensa el pasado lunes 4 de febrero, en donde calificó su vinculación a la investigación como “una canallada” y, al mismo tiempo, dio a conocer su postulación a la Gobernación del Magdalena. “La Fiscalía sabe que los crímenes fueron cometidos por los paramilitares y que yo estaba declarado objetivo de los paramilitares. Esto es una vil mentira, he llevado cargando a cuestas esta imputación 18 años”, dijo Caicedo Omar, al negar que les haya entregado a esas estructuras ilegales una serie de contratos cuando era rector de la Universidad del Magdalena.
Además, el exalcalde de Santa Marta señaló que él también ha sido una víctima del paramilitarismo y que jamás ha sostenido ningún tipo de reunión con alias Jorge 40. “Buscamos que se demuestre la verdad y que se condene a los verdaderos culpables, porque con esta desviación que está haciendo la Fiscalía está dejando en la impunidad a los verdaderos criminales”, agregó Caicedo en la rueda de prensa. Por ahora, Caicedo no podrá salir del país, debe tener vigilancia permanente, no podrá comunicarse con testigos o víctimas del proceso y deberá pagar una sanción económica de treinta salarios mínimos.