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El exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, está en búsqueda de una segunda evaluación judicial, la cual le permita librarse de una condena de siete años y 11 meses de prisión que tiene en contra por orden de la Corte Suprema de Justicia. Ante la misma alta corte, en la Sala de Casación Penal, interpuso un recurso de apelación con el que quizás pueda ser declarado inocente en segunda instancia o, para su infortunio, recibir nuevamente una noticia para nada alentadora sobre su función pública: ser sentenciado por parapolítica.
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“Con la certeza de quien es inocente, radiqué u escrito donde pongo en evidencia las contradicciones e inconsistencias de los testigos que dieron lugar a la decisión de la Sala de Juzgamiento (de la Corte Suprema), y diferentes vulneraciones al debido proceso en mi contra. Confío en que en segunda instancia prevalezcan la justicia, la valoración integral de la prueba y la verdad procesal”, explicó Ramos.
Sobre la apelación. pic.twitter.com/243RdWJLca
— Luis Alfredo Ramos (@LuisAlfreRamos) October 21, 2021
El pasado 1 de octubre, luego de 10 años de un expediente entorpecido por filtraciones a la prensa y recursos ante distintas cortes, Ramos fue condenado a alrededor de ocho años de prisión. La Corte Suprema de Justicia avaló la hipótesis de que el exgobernador antioqueño encontró alianzas en grupos paramilitares entre 2001 y 2007, incluso con criminales de la talla de los hermanos Vicente y Carlos Castaño. También se esclareció la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia para sus compañas políticas.
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En palabras de la Corte Suprema, Ramos entregó la función pública al servicio de los grupos paramilitares y contribuyó “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”. Recibió apoyo político de las autodefensas, en especial del Bloque Metro y el Bloque Centauros. Asimismo, el fallecido exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, testificó que Ramos era amigo de los hermanos Castaño.
Todo indica que Ramos se asoció con los paramilitares porque ellos podían asegurarle votos en la región. A cambio, el político les prometió pasar desapercibidos de la Fuerza Pública en Antioquia. Además, los “paras” contarían con un aliado al momento de la negociación de la Ley de Justicia y Paz de 2006, sistema transicional que permitió al grueso de las autodefensas colombianas desmovilizarse y, a cambio de confesión, obtener penas reducidas de hasta ocho años de prisión. Las reuniones entre el político y los criminales se gestaron, por ejemplo, en la finca Bellanita en Bello (Antioquia) a principios de 2005. A ese encuentro asistieron Ramos, Ernest Báez, Pablo Hernán Sierra y Rodrigo Pérez Álzate, conocido como Julián Bolívar.
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Para la Corte Suprema, en ese encuentro de 2005, organizado por los hermanos Castaño, la cúpula de las Auc le expresó a Luis Alfredo Ramos, quien entonces era Senador, sus intenciones y peticiones respecto a la ley de Justicia y Paz, pues no estaban dispuestos a pasar ni un día de cárcel. La idea del encuentro se lee en la sentencia, era que Ramos “colaborara con sus gestiones en el Congreso”. Aunque él mismo confesó haberse reunido con los “paras”, aclaró que lo hizo porque consideró que estaba dentro de sus funciones constitucionales como congresista.
No obstante, la alta corte desarmó ese argumento dado que, para esa época, estaba prohibido que los jefes paramilitares se reunieran por fuera de la zona de concentración de las mesas de Santafé de Ralito, en Tierralta (Córdoba), y que eso lo debía saber un congresista como Ramos, no solo por su condición de senador, sino por su larga trayectoria en el servicio público y su educación como abogado. Durante el proceso, la defensa del exgobernador y la Procuraduría pidieron la absolución de Ramos, pues varios testigos cambiaron su versión a lo largo de los años. Entre ellos el Tuso Sierra, quien es señalado de falso testigo en el presente caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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