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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó de la justicia transicional a Francisco Eladio Uribe Ochoa, un militar que, además, de estar señalado por las autoridades nacionales de la posible comisión de falsos positivos en Antioquia, también está capturado en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moise, ocurrido en julio del año pasado. El exmiembro del Ejército que comparecía ante el tribunal de paz, a través de su abogada, está pidiendo que se anule la decisión que lo dejó por fuera del sistema transicional.
Uribe Ochoa se presentó ante la JEP con dos expedientes en curso. El primero data de 2007 ocurrido en la vereda Rio Grande del municipio Don Matías en Antioquia en los que fallecieron Yeferson Rivas Palacios y Diego Juan López Vanegas, producto acciones de tropas del Ejército adscritas al Gaula de ese departamento. Lo que reposa en las investigaciones es que los hombres eran habitantes de la comuna 13 y fueron reportados como extorsionistas por lo que fueron dados de baja en combate.
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La otra investigación es la muerte de una persona que fue alertada por un hombre que respondía a Luis Carlos. Su deceso, según el informe, ocurrió en Medellín en una misión táctica denominada Ferrari. Para 2018, el militar presentó ante la JEP su intención de sometimiento, y con ello, llegó su libertad. Aunque su proceso avanzaba en el macrocaso que tiene abierto la justicia transicional sobre ejecuciones extrajudiciales, el panorama de Uribe Ochoa se complicó con el crimen del presidente de Haití.
La JEP lo expulsó. En una apelación presentada por la abogada Brenda Acosta, quien defiende los intereses del militar, se expone que “el despacho sustanciador a partir de las informaciones de prensa derivadas del homicidio del presidente Jovenel Moïse, desplegó una serie de actividades para confirmar la situación jurídica de mi patrocinado; de estas diligencias recolectó certificaciones de las autoridades colombianas encargadas de hacer las indagaciones respectivas y allegó el material extractado de la prensa en que se funda la Jurisdicción”.
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Lo que reclama la abogada es que las autoridades encargadas directamente del caso, y adscritas al Estado de Haití, no han informado a los magistrados cual es la situación real Uribe Ochoa. No obstante, con base en lo que recolectaron el magistrado, según la abogada, examinó una serie de condiciones para determinar que existe una vulneración del régimen de condicionalidad, y posteriormente, ordena la expulsión de la JEP.
“La Sala argumenta como causal en primera instancia que el señor Francisco Uribe Ochoa no elevó solicitud de autorización ante la JEP para salir del país, y la segunda causa que, el señor Uribe Ochoa se encuentra privado de la libertad en Haití”, resaltó la abogada en la apelación que allegó a la JEP, y añadió que el sometimiento no especificaba la prohibición de salir del país puesto que sus obligaciones era comparecer las veces que era requerido y mantener buen comportamiento.
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“Resulta clarísimo que no le es exigible al procesado una obligación que no tenía impuesta con claridad, y menos una que ya no puede cumplir, pues privado de la libertad en un país que ha sido considerado como un Estado fallido, ha recibido recomendaciones y medidas cautelares por parte de organismos internacionales sobre la ausencia de instituciones judiciales y legislaciones en materia penal, de suerte que resulta inocua toda argumentación sobre el tema”, expone.
Para la abogada está claro, además, que “como resultado de las informaciones de prensa no se pueden concluir asuntos tan delicados como la exclusión y menos comparar que el anuncio público de reintegración a un grupo armado efectuado por exintegrantes de las FARC, se compare con la información de prensa sobre la posibilidad de haber participado en un delito en el extranjero, que por connotado que parezca a la Sala no afecta el orden público interno, único llamado a proteger por la jurisdicción interna de Colombia”.
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Para Acosta, la Jurisdicción Especial para la Paz, violó los derechos al debido proceso, la defensa y la publicidad de los actos procesales. “La sola imposición de sanciones sin que se notificara de la iniciación de un incidente con fines sancionatorios que pretendía sin duda la expulsión de la JEP implica un atropello insalvable a los derechos del compareciente, sin excluir la vulneración evidente al debido proceso, que sin duda debió tratarse del trámite incidental, pues los argumentos que le permitieron obviarlos no son de recibo en este asunto”, explicó.
La abogada resaltó que las arbitrariedades en materia jurídica por las que está pasando su defendido en otro país no tiene por qué vulnerar también sus derechos en territorio colombiano, por lo que solicitó dejar sin piso la expulsión de Uribe Ochoa.
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