Natalia Ángel, la ternada que casi logra llegar a la Corte Constitucional sin maquinaria

Natalia Ángel Cabo

Foto: Cortesía

Sin maquinarias políticas, Natalia Ángel obtuvo 38 votos en el senado de la República que este jueves escogió a Jorge Enrique Ibáñez como nuevo magistrado de la Corte Constitucional como 58 apoyos. La votación la obtuvo sin ninguna maquinaria política y representó un aumento frente a los 30 que alcanzó en 2017 cuando enfrentó en una terna a la hoy magistrada Cristina Pardo y a Isabel Jaramillo. “Son votos solitarios, a pulso, de que uno termina convenciendo como candidata. Son completamente libres”, dijo a este diario la abogada de la Universidad de Los Andes, quien fue magistrada auxiliar del alto tribunal.

“No es fácil para una mujer hacer lobby en el Congreso ni llegar a la Corte sin apoyo político: el ejemplo es que solo han llegado cinco mujeres. Pero se puede lograr, por eso saqué 38 votos. Me siento absolutamente feliz”, dijo Ángel Cabo quien tiene una maestría en Harvard en derecho constitucional y que es conjuez del alto tribunal. En diálogo con El Espectador, Ángel Cabo agradeció el apoyo que recibió de dos senadoras mujeres de diferentes partidos.

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Y explicó que en su presentación ante el Senado el pasado 20 de agosto habló de la necesidad de tener más mujeres en la justicia, para hacer énfasis en al diversidad que se requiere en al justicia y como un mensaje para las mujeres de que sí se puede llegar a altos cargos de poder. Y, además, a raíz de la gravedad de los resultados sobre acoso laboral y acoso de género en ese alto tribunal que expuso un informe elaborado por la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).

“El informe y el contexto de la discusión sobre recordó la importancia de que hubiera mujeres en la Corte. Nadie dice que lleguen mujer por ser mujeres, sino que hay excelentes candidatas. Sí es un hecho que nosotras tenemos un techo de cristal, el camino es más duro para nosotras. Es un hecho”, agregó. La jurista, que se califica a sí misma como una demócrata y defensora de las instituciones y de la vigencia de los derechos y de los principios y valores que establece la Constitución, asegura que ese informe revela un panorama preocupante.

“Yo creo que es positivo el hecho de que la misma Corte haya sido quien ordenó el informe. No obstante, el resultado ilustra que al interior de esa corporación las acciones de prevención para la violencia y el acoso han sido insuficientes y los procesos internos de actuación ineficaces. Frente al acoso hay que estar atentos a prestar atención a cualquier signo para actuar de manera diligente y expedita. Es necesario que se adelanten investigaciones por los hechos denunciados, protegiendo el anonimato de la persona denunciante”, aseguró Ángel Cabo.

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Nacida en Bogotá, de familia caldense y tolimense, Ángel Cabo lleva años interesada en entender los retos que tienen las entidades territoriales en la implementación de decisiones judiciales, y considera que es necesaria darles una visión regional a las discusiones constitucionales. Igualmente, estimó que uno de los grandes desafíos del alto tribunal tiene que ver con el cumplimiento de sus fallos. “Unas órdenes demasiado ambiciosas, que pasan por encima de las competencias de otras ramas del poder público, o que no anticipan restricciones presupuestales o de otro orden del Estado, corren el riesgo de no ser cumplidas o de generar impactos no deseados”, dijo.

“Yo creo que los jueces tienen que ser unos garantes decididos de los derechos, pero para ello deben ser jueces que respetan la separación de poderes, consultan un principio de realidad y tratan de anticipar las consecuencias de sus decisiones. Poco gana una Corte que expide órdenes que se perciben como ilegítimas, con plazos irrazonables, y que terminan por dejar las promesas de los derechos escritas en un papel”, agregó la jurista.

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Natalia Ángel considera que el alto tribunal tiene actualmente el reto de tomar decisiones relacionadas con la pandemia de COVID-19, tanto sobre decretos legislativos como en tutelas y eventuales demandas de inconstitucionalidad de normas que busquen enfrentar sus devastadores efectos económicos y sociales. A esta se suma el deber de implementar avances tecnológicos. “Se anunció la puesta en marcha de Pretoria, una herramienta con componentes de inteligencia artificial para auxiliar a la Corte en la selección de tutelas. Esto es importantísimo, pero un reto para los jueces que deben enfrentar lo que algunos llaman el analfabetismo digital”, dijo.

La herramienta, en su criterio, es un paso necesario para poder manejar con eficiencia el desbordante número de tutelas que estudia el alto tribunal. “En el caso de la Corte Constitucional, la pandemia aceleró unas necesarias decisiones en materia de virtualidad. Antes de la pandemia todos los expedientes de tutela del país se enviaban en físico a la Corte. Estamos hablando de 3500 a 4000 expedientes diarios. Por fortuna hace unos meses se implementó el expediente digital, de manera que los expedientes se digitalizan y ya no se envían en físico a la Corte”, agregó.

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