“Nos querían desaparecer”: Líderes de la Comuna 13 de Medellín

“Díganles a los primos que ya las llevamos”. Esas fueron las palabras que Socorro Mosquera escuchó de boca de un militar de la Cuarta Brigada del Ejército el 12 de noviembre de 2002, mientras ella y otras dos líderes, Mery Naranjo y Ana Teresa Yarce, eran conducidas hacia la Casa Orión. Con ese nombre se conocía el centro de operaciones que la Fuerza Pública y la Fiscalía usaron durante la operación Orión, que había concluido 20 días atrás en la Comuna 13 de Medellín. “Yo le pregunté a Mery Naranjo: ¿quiénes son los primos? Y ella me contestó: los paramilitares”.

Socorro Mosquera y Mery Naranjo son dos de las cinco defensoras de derechos humanos que fueron víctimas de tantos atropellos que la Corte Interamericana acaba de condenar al Estado por su falta de acción para protegerlas en 2002. Tanto Mosquera como Naranjo están convencidas de que ese 12 de noviembre, su detención sin orden judicial —pero avalada por el estado de conmoción interior que entonces regía en el país— tenía un solo propósito: desaparecerlas. Lo que no ocurrió, sostienen, porque sus familiares iban detrás de la patrulla en la que terminaron trasladándolas a la Sijín de la Policía.

Luz Dary Ospina, otra de las defensoras cuyo caso abarcó este fallo reciente de la Corte IDH, también recuerda bien ese 12 de noviembre, el día en que su vida y las de sus compañeras de trabajo comunitario cambiaron para siempre. Ospina recibió una llamada de alerta de Socorro Mosquera cuando ella, Naranjo y Yarce estaban siendo detenidas. Era entonces la directora ejecutiva de la AMI (Asociación de Mujeres de las Independencias) y llegó corriendo hasta la Sijín para tratar de apoyarlas. Mosquera, Naranjo y Yarce pasaron cinco días en un calabozo de la Sijín y cinco más en la cárcel El Buen Pastor. Luego, Ospina fue desterrada.

“Desde esa época el trabajo de las líderes comunitarias en Las Independencias (sector de la Comuna 13) no ha vuelto a ser el mismo”, cuenta Luz Dary Ospina. Después de la detención de Mosquera, Naranjo y Yarce, ella salió huyendo con su esposo y sus tres hijos, y aunque defendieron su casa hasta con los dientes, al final los paramilitares se la tomaron y robaron todo lo que había adentro. “Hasta unos álbumes con fotos de nuestro trabajo”, cuenta Luz Dary. “Se reían tirándolas al piso, diciendo: ‘Ya estos hijuetantas guerrilleros pagarán. Un vecino encontró unas empantanadas y nos las guardó”.

Ni Luz Dary Ospina ni Myriam Rúa —esta última también reconocida en el fallo de la Corte IDH— volvieron a trabajar con la comunidad. No pudieron. El miedo las derrotó. “Mi familia y yo vivimos un año como refugiados en Uruguay, pero conocimos a gente pidiendo asilo y viviendo en condiciones infrahumanas y nos regresamos. Lo pensamos mucho antes de volver a Medellín, pero en organizaciones no volví a trabajar. A nosotras no nos encontraron por azar, todo fue premeditado”, asegura Luz Dary. “Me amarraron de manos con respecto al trabajo que hacía con los niños y jóvenes de la comunidad. ¿Para qué seguía en proyectos si sabía que iba a tener a esa gente detrás?”, se lamenta Myriam Rúa.

Rúa también salió expulsada de la Comuna 13 en junio de 2002, cuando el ambiente en esa zona del occidente de Medellín ya estaba bastante agitado, luego de que se hubieran ejecutado las operaciones Mariscal y Potestad. Se animó a regresar seis años después, para encontrar que su casa, el hogar que ella y su compañero levantaron con sus propias manos y que al principio era sólo bahareque, ya no estaba. “Solamente nos dejaron el terreno”, dice con tristeza. “Tenía dos habitaciones, un solar grandísimo, su cocina, su sala. La destruyeron totalmente. Fue muy duro llegar y encontrar sólo ruinas”.

Para Mery Naranjo, quien después de su arresto arbitrario y de todas las intimidaciones que vinieron detrás aún se animó a formar la mesa de derechos humanos de la Comuna 13 —en donde ella y Socorro Mosquera son voceras—, su detención fue traumática. No tanto, sin embargo, como ver a su amiga Ana Teresa Yarce sucumbir ante las balas, lo cual ocurrió el 6 de octubre de 2004. “Ella se comió el desayuno y prendió un cigarrillo. Estaba sentada en el suelo cuando llegó un sicario y le disparó cuatro veces. Yo las conté. Cuando fue a dispararme a mí me escondí detrás de un árbol y él salió corriendo”.

Al recordar la violenta forma en que murió la líder comunitaria Ana Teresa Yarce, el llanto entrecorta su voz. “Fue muy duro… muy duro pa’ nosotros. Yo no sabía pa’ dónde pegar, fue todo muy angustiante”. Unos obreros que estaban en una obra cercana detuvieron un taxi y ayudaron a la hija de Ana Teresa, Mónica, quien estaba desayunando con ellas, a montarla en el carro. “Como a la 1 de la tarde me llamaron a decirme que en la terminal de San Javier estaban celebrando el asesinato de Teresa. Ahí funcionaba el grupo de paramilitares que manejaba Jorge Aguilar”, dice Mery Naranjo.

Estas cuatro mujeres se reunieron en un punto de Medellín para evocar con este diario su época como defensoras de derechos humanos en una comuna invadida por la guerra. A lo largo de 2002, durante las operaciones Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión, todas denunciaron ante entidades del Estado y ante medios de comunicación los atropellos y hasta asesinatos y desapariciones de los que la población de la Comuna 13 estaba siendo víctima. Luego denunciaron también las amenazas que empezaron a recibir. Vinieron el arresto arbitrario de tres de ellas y los desplazamientos forzados. Y por último, el asesinato de Yarce.

La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano porque, aunque sabía de antemano de los riesgos que corrían estas cinco mujeres, poco o nada hizo para protegerlas. Las cuatro defensoras agradecen al Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y a su directora, María Victoria Fallon, por haber batallado hasta obtener este fallo. “Me dio un fresquito”, dice Luz Dary Ospina. “Después de señalamientos tan duros en contra nuestra, es gratificante”, agrega Socorro Mosquera”. Mery Naranjo, sin embargo, dice algo distinto en medio de lágrimas: “Queda un sabor agridulce. A Teresa la asesinaron. Que no se nos olvide”.

“Díganles a los primos que ya las llevamos”. Esas fueron las palabras que Socorro Mosquera escuchó de boca de un militar de la Cuarta Brigada del Ejército el 12 de noviembre de 2002, mientras ella y otras dos líderes, Mery Naranjo y Ana Teresa Yarce, eran conducidas hacia la Casa Orión. Con ese nombre se conocía el centro de operaciones que la Fuerza Pública y la Fiscalía usaron durante la operación Orión, que había concluido 20 días atrás en la Comuna 13 de Medellín. “Yo le pregunté a Mery Naranjo: ¿quiénes son los primos? Y ella me contestó: los paramilitares”.

Socorro Mosquera y Mery Naranjo son dos de las cinco defensoras de derechos humanos que fueron víctimas de tantos atropellos que la Corte Interamericana acaba de condenar al Estado por su falta de acción para protegerlas en 2002. Tanto Mosquera como Naranjo están convencidas de que ese 12 de noviembre, su detención sin orden judicial —pero avalada por el estado de conmoción interior que entonces regía en el país— tenía un solo propósito: desaparecerlas. Lo que no ocurrió, sostienen, porque sus familiares iban detrás de la patrulla en la que terminaron trasladándolas a la Sijín de la Policía.

Luz Dary Ospina, otra de las defensoras cuyo caso abarcó este fallo reciente de la Corte IDH, también recuerda bien ese 12 de noviembre, el día en que su vida y las de sus compañeras de trabajo comunitario cambiaron para siempre. Ospina recibió una llamada de alerta de Socorro Mosquera cuando ella, Naranjo y Yarce estaban siendo detenidas. Era entonces la directora ejecutiva de la AMI (Asociación de Mujeres de las Independencias) y llegó corriendo hasta la Sijín para tratar de apoyarlas. Mosquera, Naranjo y Yarce pasaron cinco días en un calabozo de la Sijín y cinco más en la cárcel El Buen Pastor. Luego, Ospina fue desterrada.

“Desde esa época el trabajo de las líderes comunitarias en Las Independencias (sector de la Comuna 13) no ha vuelto a ser el mismo”, cuenta Luz Dary Ospina. Después de la detención de Mosquera, Naranjo y Yarce, ella salió huyendo con su esposo y sus tres hijos, y aunque defendieron su casa hasta con los dientes, al final los paramilitares se la tomaron y robaron todo lo que había adentro. “Hasta unos álbumes con fotos de nuestro trabajo”, cuenta Luz Dary. “Se reían tirándolas al piso, diciendo: ‘Ya estos hijuetantas guerrilleros pagarán. Un vecino encontró unas empantanadas y nos las guardó”.

Ni Luz Dary Ospina ni Myriam Rúa —esta última también reconocida en el fallo de la Corte IDH— volvieron a trabajar con la comunidad. No pudieron. El miedo las derrotó. “Mi familia y yo vivimos un año como refugiados en Uruguay, pero conocimos a gente pidiendo asilo y viviendo en condiciones infrahumanas y nos regresamos. Lo pensamos mucho antes de volver a Medellín, pero en organizaciones no volví a trabajar. A nosotras no nos encontraron por azar, todo fue premeditado”, asegura Luz Dary. “Me amarraron de manos con respecto al trabajo que hacía con los niños y jóvenes de la comunidad. ¿Para qué seguía en proyectos si sabía que iba a tener a esa gente detrás?”, se lamenta Myriam Rúa.

Rúa también salió expulsada de la Comuna 13 en junio de 2002, cuando el ambiente en esa zona del occidente de Medellín ya estaba bastante agitado, luego de que se hubieran ejecutado las operaciones Mariscal y Potestad. Se animó a regresar seis años después, para encontrar que su casa, el hogar que ella y su compañero levantaron con sus propias manos y que al principio era sólo bahareque, ya no estaba. “Solamente nos dejaron el terreno”, dice con tristeza. “Tenía dos habitaciones, un solar grandísimo, su cocina, su sala. La destruyeron totalmente. Fue muy duro llegar y encontrar sólo ruinas”.

Para Mery Naranjo, quien después de su arresto arbitrario y de todas las intimidaciones que vinieron detrás aún se animó a formar la mesa de derechos humanos de la Comuna 13 —en donde ella y Socorro Mosquera son voceras—, su detención fue traumática. No tanto, sin embargo, como ver a su amiga Ana Teresa Yarce sucumbir ante las balas, lo cual ocurrió el 6 de octubre de 2004. “Ella se comió el desayuno y prendió un cigarrillo. Estaba sentada en el suelo cuando llegó un sicario y le disparó cuatro veces. Yo las conté. Cuando fue a dispararme a mí me escondí detrás de un árbol y él salió corriendo”.

Al recordar la violenta forma en que murió la líder comunitaria Ana Teresa Yarce, el llanto entrecorta su voz. “Fue muy duro… muy duro pa’ nosotros. Yo no sabía pa’ dónde pegar, fue todo muy angustiante”. Unos obreros que estaban en una obra cercana detuvieron un taxi y ayudaron a la hija de Ana Teresa, Mónica, quien estaba desayunando con ellas, a montarla en el carro. “Como a la 1 de la tarde me llamaron a decirme que en la terminal de San Javier estaban celebrando el asesinato de Teresa. Ahí funcionaba el grupo de paramilitares que manejaba Jorge Aguilar”, dice Mery Naranjo.

Estas cuatro mujeres se reunieron en un punto de Medellín para evocar con este diario su época como defensoras de derechos humanos en una comuna invadida por la guerra. A lo largo de 2002, durante las operaciones Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión, todas denunciaron ante entidades del Estado y ante medios de comunicación los atropellos y hasta asesinatos y desapariciones de los que la población de la Comuna 13 estaba siendo víctima. Luego denunciaron también las amenazas que empezaron a recibir. Vinieron el arresto arbitrario de tres de ellas y los desplazamientos forzados. Y por último, el asesinato de Yarce.

La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano porque, aunque sabía de antemano de los riesgos que corrían estas cinco mujeres, poco o nada hizo para protegerlas. Las cuatro defensoras agradecen al Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y a su directora, María Victoria Fallon, por haber batallado hasta obtener este fallo. “Me dio un fresquito”, dice Luz Dary Ospina. “Después de señalamientos tan duros en contra nuestra, es gratificante”, agrega Socorro Mosquera”. Mery Naranjo, sin embargo, dice algo distinto en medio de lágrimas: “Queda un sabor agridulce. A Teresa la asesinaron. Que no se nos olvide”.