Ordenan investigar a Sexta Brigada por masacre de Cajamarca

El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó que se abra una investigación para determinar la responsabilidad de los comandantes de la Sexta Brigada del Ejército y del Batallón Roke en la llamada masacre de Cajamarca, durante la cual fueron asesinados cuatro campesinos, en hechos ocurridos la primera semana de noviembre del 2003.

Así mismo, el despacho solicitó que se investigue disciplinariamente a los abogados defensores Jorge Enrique Lizarazo Oviedo y Jorge Ramos Valenzuela, teniendo en cuenta las declaraciones que sobre el particular ofrecieron los uniformados Marco Tulio Gueche Pérez y Omar Beltrán Blanco.

El Juez también determinó que se debe investigar la desaparición de la ciudadana Cecilia Vargas, que pudo haber sido asesinada por este grupo paramilitar, teniendo en cuenta los informes de la Policía Judicial del 16 de enero de 2000, que da cuenta de la mutilación de cuatro personas, cuyos restos fueron arrojados a las aguas de una laguna en el sector conocido como "Semillas de Agua".

Cerca de la zona, fueron encontrados otros dos cuerpos descuartizados, hecho que también debe ser objeto de investigación, según se advierte en la decisión y que se suma a otra serie de atentados en contra de los habitantes de la región que se multiplicaron durante la época.

De igual manera, el juez Décimo Penal del Circuito, Óscar Germán Herrera, ordenó compulsar copias a las autoridades competentes, para que se investigue el asesinato de Juan Carlos Murcia Payán, ocurrido el 16 de octubre de 2003, en la misma región, teniendo en cuenta que presenta las mismas señas de tortura que caracterizaban los cuerpos sin vida de las personas asesinadas en Cajamarca

La condena se produjo en razón a las torturas y asesinatos de Ricardo Espejo Galindo y José Céspedes, además del de los ciudadanos Camilo Pulido y Marco Antonio Rodríguez, que fueron mutilados por paramilitares del Bloque Tolima de las Autodefensas.

La acción se produjo tras la incursión de los alzados en armas en la vereda de Potosí el 2 de noviembre de 2003, en un recorrido que finalizó ocho días después en la parcelación de "La Florida", también en el municipio tolimense de Cajamarca, donde fue hallada la fosa con los cadáveres.

Por esta misma acción fueron condenados a 40 años de prisión, sin beneficio de excarcelación, el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el cabo segundo Wilson Casallas Suescún y al soldado profesional Albeiro Pérez Duque.

Entre otras decisiones, el titular del despacho dictó sanciones pecuniarias para los condenados que, sumadas, superan los 20 mil millones de pesos, así: cerca de 7.900 millones de pesos para el mayor (r) Rodríguez, más de 7.700 millones para el soldado Duque y casi 4.200 millones para el cabo Casallas.

Finalmente, el juez ordenó que el expediente fuera incluido en el Fondo de Reparación de Víctimas, con el fin de resarcir materialmente a los familiares de los asesinados que, según el abogado Reinaldo Villalba, han sido objeto de un ataque sistemático por parte de la fuerza pública y los grupos paramilitares desde la época en que se registraron los hechos materia de la pena.

El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó que se abra una investigación para determinar la responsabilidad de los comandantes de la Sexta Brigada del Ejército y del Batallón Roke en la llamada masacre de Cajamarca, durante la cual fueron asesinados cuatro campesinos, en hechos ocurridos la primera semana de noviembre del 2003.

Así mismo, el despacho solicitó que se investigue disciplinariamente a los abogados defensores Jorge Enrique Lizarazo Oviedo y Jorge Ramos Valenzuela, teniendo en cuenta las declaraciones que sobre el particular ofrecieron los uniformados Marco Tulio Gueche Pérez y Omar Beltrán Blanco.

El Juez también determinó que se debe investigar la desaparición de la ciudadana Cecilia Vargas, que pudo haber sido asesinada por este grupo paramilitar, teniendo en cuenta los informes de la Policía Judicial del 16 de enero de 2000, que da cuenta de la mutilación de cuatro personas, cuyos restos fueron arrojados a las aguas de una laguna en el sector conocido como "Semillas de Agua".

Cerca de la zona, fueron encontrados otros dos cuerpos descuartizados, hecho que también debe ser objeto de investigación, según se advierte en la decisión y que se suma a otra serie de atentados en contra de los habitantes de la región que se multiplicaron durante la época.

De igual manera, el juez Décimo Penal del Circuito, Óscar Germán Herrera, ordenó compulsar copias a las autoridades competentes, para que se investigue el asesinato de Juan Carlos Murcia Payán, ocurrido el 16 de octubre de 2003, en la misma región, teniendo en cuenta que presenta las mismas señas de tortura que caracterizaban los cuerpos sin vida de las personas asesinadas en Cajamarca

La condena se produjo en razón a las torturas y asesinatos de Ricardo Espejo Galindo y José Céspedes, además del de los ciudadanos Camilo Pulido y Marco Antonio Rodríguez, que fueron mutilados por paramilitares del Bloque Tolima de las Autodefensas.

La acción se produjo tras la incursión de los alzados en armas en la vereda de Potosí el 2 de noviembre de 2003, en un recorrido que finalizó ocho días después en la parcelación de "La Florida", también en el municipio tolimense de Cajamarca, donde fue hallada la fosa con los cadáveres.

Por esta misma acción fueron condenados a 40 años de prisión, sin beneficio de excarcelación, el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el cabo segundo Wilson Casallas Suescún y al soldado profesional Albeiro Pérez Duque.

Entre otras decisiones, el titular del despacho dictó sanciones pecuniarias para los condenados que, sumadas, superan los 20 mil millones de pesos, así: cerca de 7.900 millones de pesos para el mayor (r) Rodríguez, más de 7.700 millones para el soldado Duque y casi 4.200 millones para el cabo Casallas.

Finalmente, el juez ordenó que el expediente fuera incluido en el Fondo de Reparación de Víctimas, con el fin de resarcir materialmente a los familiares de los asesinados que, según el abogado Reinaldo Villalba, han sido objeto de un ataque sistemático por parte de la fuerza pública y los grupos paramilitares desde la época en que se registraron los hechos materia de la pena.