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Mientras Segundo Alberto Villota está a la espera de ser enviado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico, la Fiscalía está pidiendo que dos de sus abogados, Gustavo Enrique Gallardo y José Alejandro Aristizábal, sean investigados por supuestamente ayudar a Villota a ser reconocido por la JEP como integrante de las Farc, cuando supuestamente, de acuerdo al ente acusador, era un narcotraficante que servía de enlace con el cartel los Zetas de México.
Para la Fiscalía, los abogados, representantes de la fundación Lazos de Dignidad, supuestamente lograron que Villota fuera reconocido por la Justicia Especial para la Paz (JEP) como antiguo miembro del Frente Oriental de las Farc. Asimismo, los defensores habrían conseguido que la justicia indígena le adelantara un juicio en su contra. Estas acciones se habrían hecho para evitar que Villota fuera enviado a los Estados Unidos, país que lo solicita para que responda por cargos de narcotráfico.
(Puede ver: JEP da vía libre a la extradición de narco colado en los listados de las Farc)
En 2018, Villota fue uno de las primeras personas señaladas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de ser un “colado” de las listas de desmovilizados entregadas por las Farc. Esto quiere decir que Segundo Alberto Villota intentó gozar de los beneficios de los Acuerdos de Paz, como lo es la garantía de no extradición, a pesar de no ser miembro de las Farc y supuestamente dedicarse a actividades relacionadas con el narcotráfico.
Por esta razón. Segundo Villota fue excluido por el Gobierno de los listados de integrantes de las Farc, acción que fue demandada por Mortales y Aristizábal. Para la Fiscalía, tanto las acciones en la JEP como en la justicia indígena tenían como fin evadir la solicitud de extradición en contra de Villota, pedido por una corte del distrito de Texas para que afronte un juicio por tráfico de drogas y lavado de activos.
(Además: Seguirá en prisión expolicía que buscaba colar a narcos en la JEP)
El 20 de diciembre del año pasado, la JEP le dio vía libre a la extradición de Villota hacia los Estados Unidos. “No se demostró que el solicitante hubiera pertenecido a las FARC-EP ni que hubiera sido acusado o condenado por ninguna autoridad judicial de haber hecho parte de ese grupo”, señaló la JEP en la decisión en la que se le negó la garantía de no extradición al presunto narcotraficante.
Villota fue capturado en Ecuador el 25 de septiembre de 2015 y es requerido por las cortes de la Florida y Texas en los Estados Unidos. Es acusado de ser un narcotraficante del Pacífico colombiano y uno de los enlaces del Cartel de Sinaloa en la misma región, por lo que desde el 26 de septiembre se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad La Picota de Bogotá.
(Vea: Procesan a dos fiscales por presentar a narcotraficante como guerrillero de las Farc)
El caso de Villota fue de suma importancia para el tribunal transicional debido a que las investigaciones se ejecutaron con la ayuda de la Justicia Especial Indígena. En un principio, esta entidad envió a la JEP un acta en contra del presunto narcotraficante por las conductas de rebelión, tráfico de estupefacientes y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Sin embargo, la justicia indígena tuvo dudas e inició un proceso de verificación de esta acta.
El 11 de octubre, la Asamblea Comunitaria anuló el acta en contra de Villota y lo excluyó de la Jurisdicción Especial Indígena. De esta forma, la condena, que era la única prueba de la pertenencia de Villota a las Farc, fue dejada sin validez. Por eso, la JEP señaló que no había forma de comprobar que Villota hizo parte del grupo guerrillero que abandonó las armas.
(Además: Colados en listados de Farc que buscan cupo en la JEP)
La JEP concluyó que Villota no perteneció a las Farc primero, porque fue excluido de los listados presentados por la antigua guerrilla; segundo, porque no tenía la calidad de acusado de haber pertenecido a las FARC-EP en el proceso que se le adelanta en la jurisdicción ordinaria y; tercero, porque tampoco tenía la calidad de condenado en la Jurisdicción Indígena, por la anulación de la sanción impuesta y la exclusión de la competencia de esa Jurisdicción.
Otros investigados por casos similares
Por otro lado, la Fiscalía anunció que investigará a Andrés Antonio Almendras, gobernador del resguardo del Cabildo La Laguna Siberia (Cauca). Las pesquisas en contra del líder indígena son por haber acreditado como comunero a Darly Rodrigo Sánchez, presunto narcotraficante solicitado por los Estados Unidos.
La acción de Almendras permitió que a Sánchez fuera condenado por la jurisdicción indígena por los cargos de concierto para delinquir, narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos de los que normalmente la justicia indígena no se pronuncia. Esta condena sirvió para que el presunto narcotraficante intentara frenar su extradición a Estados Unidos, bajo el argumento de que ya había sido procesado por estos delitos como indígena.