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El 18 de marzo de 2020, más de 50 organizaciones entre cabildos indígenas, zonas humanitarias, zonas de biodiversidad, organizaciones campesinas y asociaciones de desplazados de ocho departamentos enviaron una carta abierta a las Autodefensas Gaitanistas, al Eln, a las disidencias de las antiguas Farc y a las Fuerzas Militares para que cesen las acciones armadas durante la pandemia del COVID-19 en Colombia. Casi un mes después, la situación no parece mejorar, y por eso a la Corte Constitucional llegó una solicitud de proteger a las victimas de desplazamiento forzado con un carácter urgente por la crisis sanitaria que ha desatado el nuevo coronavirus.
El llamado lo hizo la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento que advirtió que el riesgo de las comunidades vulnerables ha aumentado en esta emergencia. Según esta instancia, un 13% de los colombianos han sufrido de desplazamiento forzado y el panorama en medio de la pandemia está empeorando su condición en tiempos de la emergencia por el COVID-19. Hace dos semanas, la mesa Nacional de Victimas hizo una petición similar a la Unidad para las Víctimas exigiendo un plan de contingencia para su protección.
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La situación es crítica en los territorios. Durante la cuarentena, por ejemplo, varios indígenas y defensores han sido asesinados. En medio de ese panorama, las comunidades indígenas se confinan y hacen guardia en las fronteras de sus resguardos mientras ya reportan cuatro contagios en límites con Ecuador y Venezuela. Dos de ellos en el pueblo binacional Yukpa, del departamento de Norte de Santander, y dos más en el pueblo Pastos, en el departamento de Nariño. Según la Comisión, estos territorios podrían estar frente al "peor" escenario de expansión de la pandemia.
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La Comisión advierte que la única amenaza no es avance de la pandemia. El pasado 23 de marzo, por ejemplo, dos indígenas embera fueron asesinados al norte del Valle del Cauca y otros dos resultaron heridos mientras hacían cuarentena. Tres días después, hubo atentados en cuatro estaciones de Policía del Cauca y en la carretera Panamericana, que atraviesa este departamento, donde habitan varias comunidades indígenas. Asimismo, desde el viernes pasado, indígenas embera del resguardo Pichicora, en el municipio de Bojayá (Chocó), están atrapados en medio de las balas de dos grupos armados.
Ante este panorama, la Comisión le pidió a la Corte Constitucional que le ordene a las distintas entidades del Estado establecer una estrategia de atención y acompañamiento a los desplazados en medio de la pandemia. Para ello, recomendó: crear una estrategia diferenciada para la población víctima que garantice un ingreso mínimo vital, acceso a la salud, abastecimiento de alimentos e implementos de aseo; utilizar el Registro Único de Víctimas junto con las evaluaciones de la Unidad de Víctimas como mecanismos que ayuden a priorizar la atención.
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Rodrigo Uprimny, miembro de la Comisión, aseguró: “Nunca, como ahora, es tan relevante el deber constitucional de las autoridades de tomar medidas en favor de grupos marginados y con mayor razón frente a la población desplazada, afectada por un conjunto de impactos derivados del conflicto armado y vulnerabilidades sobrevinientes, que comprometen su dignidad humana y por ende la de toda la sociedad”.
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