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La preocupación es máxima dentro de las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos en el país. Así lo hicieron saber 50 de estos grupos en un comunicado en el que expresaron sus reparos a la suspensión de las órdenes de captura y de las medidas de aseguramiento de miembros de la Fuerza Pública que cometieron delitos en el marco del conflicto y desean entrar al sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP)
La carta firmada por organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos (Asfaddes), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, entre otro, hace referencia al decreto 706 de 2017, firmado por el Ministerio de Defensa y de Justicia con en el que precisamente se aplica un tratamiento diferenciado para estas personas de acuerdo con los principios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación.
Sin embargo, los firmantes de la carta aseguran que ese sistema no está siendo consecuente con los derechos de las víctimas ni con lo planteado en el Acuerdo de Paz. Dice el comunicado que en lugar de estar aplicando un tratamiento diferenciado, se trata de uno especial pues no se está teniendo en cuenta que los miembros de la Fuerza Pública, al ser garantes del orden nacional, sus sanciones son mucho más elevadas que las de los demás.
“Lo anterior no es un capricho de las organizaciones de derechos humanos, ni mucho menos del legislador o el constituyente, sino un estándar internacional y constitucional, que tiene por finalidad diferenciar el grado de las responsabilidades de quienes teniendo la función de proteger los derechos de la población”, dice la carta.
Otra de las críticas es el hecho de que ese decreto firmado por los dos ministerios respondían a un señalamiento hecho por le fiscal Néstor Humberto Martínez quien dijo hace pocos meses que existía un vacío frente a los beneficios que reciben los militares y policías en comparación con los beneficios de los integrantes de las Farc.
En la carta las organizaciones sociales explican que por esa razón se creó el decreto 706 pero que ahí se creó un desequilibrio mucho mayor pues ahora, los miembros de la Fuerza Pública están saliendo en libertad condicional mientras que los miembros de las Farc se encuentran en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
“De otro lado, suspender las órdenes de captura de los agentes de la Fuerza Pública no supone un tratamiento diferenciado sino un beneficio arbitrario a quienes deliberadamente nunca comparecieron al proceso penal o decidieron ser prófugos de la justicia. Es incluso una medida que vulnera el principio de igualdad entre los propios integrantes de la Fuerza Pública que están efectivamente privados de la libertad”, señala el comunicado.
Para las organizaciones que firmaron la carta, estas políticas están asegurando la impunidad de crímenes de Estado y sus cómplices y aseguran que el hecho de que ahora el Ministerio de Defensa tenga un puesto dentro del Centro de Memoria Histórica pone en duda la independencia de este organismo y “demuestra las prioridades del Estado en la construcción de narrativas que desvirtúen la existencia de la criminalidad estatal”.
La carta concluye con una recomendación a las autoridades para que recuerden que una de las bases del sistema de la JEP es la participación activa de las víctimas que todos los pasos del sistema. Una regla que hasta ahora no se ha cumplido.
Los firmantes:
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEUU
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Ccajar
Corporación Juridica Libertad – CJL
Comité de Solidaridad con Presos Políticos – CSPP
Escuela Nacional Sindical – ENS
Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos – GIDH
Corporación REINICIAR
dhColombia
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP
Centro de Estudios Juan Gelman
Colectivo Sociojuridico Orlando Fals Borda
Asociación Minga
Humanidad Vigente Corporación Juridica
Comision Intereclesial de Justicia y Paz
Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI
Corporación Pacipaz, Territorio, Identidad y Cultura para la Paz
Análisis Urbano
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES
Asociación de Vivienda EMECE
La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – Asovisna
Asociación Campesina de San José de Apartadó – Acasa
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Cpdh
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos – ILSA
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – Andas
Fundación Sumapaz
HIJOS E HIJAS por la Memoria y contra la Impunidad
Coorporación para el Desarrollo Regional
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Organización de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada del eje
cafetero Voces unidas exigiendo justicia
Asociación medio ambiente y desarrollo Enda América Latina-Colombia
Migrantes y Exiliados colombianos por la Paz MECoPa Argentina
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF
Mesa Psicosocial
Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos – ASFADDES
Colectivo 16 de mayo
Corporación construyendo poder, democracia y paz – PODERPAZ
Grupo de familiares de víctimas de crímenes de Estado Vida Memoria y Dignidad
Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara
Ángela María Robledo, Representante a la Cámara
Asociación Campesina de Antioquia – ACA
Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz
SINTRAEMSDES
H.I.J.O.S Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Instituto Popular de Capacitación – IPC
Asociación Paz con Dignidad (España)
Comunidades Construyendo Paz – Conpaz
MOVICE Capítulo España
Unión Sindical Obrera – USO
Equipo Interdisciplinario Forense de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial
Ceac