El procurador General, Alejandro Ordóñez manifestó ante la Corte Constitucional que si se renuncia la persecución penal en contra de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario se abre la puerta a una impunidad generalizada en contra de las víctimas del marco del conflicto.
Para el jefe del Ministerio Público, el acto legislativo 001 de 2012 más conocido como el marco jurídico garantiza la impunidad puesto que en su ejecución las víctimas no tendrían verdad, justicia y reparación.
En su extensa intervención, Ordóñez Maldonado manifestó que se ignoran además los tratados internacionales que establecen que todos los crímenes de lesa humanidad y de guerra deben ser investigados por las autoridades correspondientes.
“Si se renuncia a la persecución penal, delitos como la tortura, la desaparición forzada, el embarazo forzado, las ejecuciones extrajudiciales, homicidios en persona protegida podrían verse beneficiados”, explicó.
Las herramientas del Derecho
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora manifestó ante la Corte es menester aclarar los criterio de priorización establecidos en el Marco Jurídico para la Paz.
Ante esto consideró que la priorización de los juicios debe ser pública y transparente, con el fin de que se haga un escrutinio para darle legitimidad a este proceso.
En su intervención, en la cual le pidió al alto tribunal que decrete la constitucionalidad de este acto administrativo, aseguró que las personas “no pueden tener una actitud pasiva frente al conflicto por eso debemos utilizar los recursos y herramientas que nos da el Derecho para llegar a la paz”.
“No sería lógico que no utilicemos el Derecho para evitar la perpetuidad del conflicto”, precisó Otálora en su presentación en la que manifestó que todos los colombianos quieren la paz “el debate se presenta en la forma de lograrla”.