28 Jun 2019 - 10:39 p. m.

Ratifican destitución al exjefe de inteligencia de la Policía por “chuzadas”

El general (r) de la Policía Guillermo Chávez estaba al mando de la Dirección de Inteligencia cuando se hicieron interceptaciones irregulares a varios dirigentes políticos y periodistas en la época de las negociaciones en Santa Fe de Ralito con los paramilitares.

Redacción Judicial

Archivo particular
Archivo particular

El Consejo de Estado mantuvo la sanción de destitución e inhabilidad de 16 años que le impuso en el 2008 la Procuraduría General al general Guillermo Julio Chávez Ocaña como director de Inteligencia de la Policía Nacional. El oficial, hoy retirado, fue sancionado por una serie de interceptaciones ilegales de comunicaciones durante las negociaciones para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Era 2005 y el gobierno nacional estaba sentado en la mesa con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, corregimiento de Tierralta en Córdoba. En 15 de abril de ese año, el general Chávez Ocaña emitió la Orden de Servicio 056 del 15 de abril de 2005 para el fortalecimiento de la seguridad, que incluía, entre otros, hacer un barrido en la zona para obtener información de inteligencia. Esta labor implicó la interceptación de comunicaciones, sin previa orden judicial de varias personas.

Según el expediente, “de la captación de estas señales se obtuvieron las grabaciones de varias llamadas telefónicas que se realizaron en la zona de Santa Fe de Ralito y en la cárcel de Itagüí, en las que figuraban como interlocutores miembros de las AUC, funcionarios del Gobierno y otras personalidades de la vida nacional”. El escándalo estalló en 2007 con una publicación de la revista Semana.

(En contexto: Procuraduría destituyó a general Guillermo Chávez por ‘chuzadas')

Entre las personas interceptadas estaban varios jefes paramilitares y había registros de llamadas entre el exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz y la periodista Claudia Gurisatti; así como de otros periodistas, senadores y dirigentes políticos. El general Guillermo Julio Chávez Ocaña fue sancionado por la Procuraduría por no tomar las medidas respectivas para proteger la información reservada de las personas.

El Consejo de Estado estudió un recurso que presentó el oficial en contra de la decisión y ratificó la sanción impuesta en su contra. El fallo señala que la decisión del Ministerio Público fue legal, en la medida en que, si bien estas actuaciones estaban amparadas por el Manual de Operaciones de la Policía, eran inconstitucionales, porque no habían sido precedidas por una orden judicial.

“Además, quedó demostrado que el oficial (r) se abstuvo de iniciar las medidas disciplinarias a las que había lugar en contra de una intendente jefe del área de Contrainteligencia que accedió a los datos recopilados para borrar la información relacionada con su hermano”, señaló el Consejo de Estado.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.