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Después de 21 años de negligencia absoluta, en la que llegó hasta a retirarse de la audiencia de juicio, el Estado colombiano perdió la batalla legal en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a la nación por haber permitido el secuestro y la tortura, así como por ser responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de la periodista. Un fallo crucial que deja entrever los horrores que vivió Bedoya en primera persona a comienzos de siglo, cuando el Estado cumplió un rol precario ante la protección de la libertad de prensa. Una sentencia histórica para la prensa en Colombia, para las mujeres periodistas y para cualquier mujer del país.
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La CorteIDH emitió su fallo el lunes 18 de octubre de 2021. En 92 páginas, el tribunal internacional detalló cada uno de los hechos que permitieron que Bedoya fuera secuestrada y ultrajada sexualmente, todo bajo el conocimiento de agentes del Estado, bajo un plan orquestado por grupos paramilitares. Para finales de 1999, la periodista documentaba para este diario la guerra que libraba el paramilitarismo y la guerrilla en la cárcel La Modelo. A ese penal fue citada el 25 de mayo de 2000 por un emisario del paramilitarismo para recopilar información para su trabajo. A la entrada de la cárcel fue secuestrada. La llevaron a una bodega cercana y la amarraron. La golpearon. La humillaron. Fue ultrajada sexualmente y, horas después, fue abandonada en una carretera en Villavicencio.
“El Estado era conocedor de la situación de riesgo real e inminente de que Bedoya pudiera ser objeto de un ataque que pusiera en peligro su vida o integridad”, añadió la CorteIDH, que recopiló información sobre el hecho de que la Policía sabía de su trabajo y de amenazas en su contra. Días antes del secuestro, la Policía supo de anónimos que llegaron hasta la sala de redacción de El Espectador, e incluso a Bedoya le ofrecieron un esquema de seguridad que, finalmente, nunca le dieron. Como si fuera poco, la instancia internacional explicó que el mismo guardia que la recibió el 25 de mayo de 2000 en la cárcel le dijo que no tenía boleta a su nombre, pero que “sabía de su visita”. Para la CorteIDH no hay asomo de duda de que la visita de Bedoya “se realizó tras la aquiescencia previa por parte de agentes de la Policía”.
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La sentencia de la Corte da cuenta también de una valoración que va más allá de los delitos ya conocidos en este caso (secuestro o violencia sexual) y que dejan claro lo escalofriante del caso de Jineth Bedoya. “La Corte determinó que los actos sufridos por la señora Bedoya el 25 de mayo de 2000 se refieren a diversas violaciones de derechos humanos que derivaron no solo en vulneraciones a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión y dignidad, sino que también fueron catalogados como actos de tortura (...) Bedoya fue sometida a actos de tortura física, sexual y psicológica, los cuales no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia”.
Amedrentamiento a periodistas
Para la CorteIDH, las agresiones contra Jineth Bedoya ocurrieron debido a su profesión de periodista y trajeron consigo un efecto nocivo para la libertad de expresión en Colombia. “Las agresiones en contra de Bedoya y las vulneraciones a su libertad de expresión tuvieron un impacto no solo en ella, sino también un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información, como en sus compañeras y compañeros periodistas a la hora de ejercer su actividad”, escribieron los jueces. A modo de ejemplo, la sentencia recordó varios episodios en los que se vio afectado el ejercicio del periodismo en el país, pero hizo énfasis en lo que vivió Jineth Bedoya durante las más de 10 horas en las que estuvo secuestrada.
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“A lo largo del secuestro, la señora Bedoya fue agredida verbalmente en numerosas ocasiones, en las cuales los agresores hacían expresa referencia a su pertenencia al colectivo de las y los periodistas, con frases como ‘periodistas hijueputas que tienen el país vuelto mierda, por culpa de ustedes es que está el país así’, que los periodistas estaban ‘pagados por la guerrilla’ o que les iban a ‘escarmentar para que no sigan güevoniando y se tiren el país’. A preguntas de la periodista sobre quién los había enviado, uno de ellos le dijo que ‘los habían mandado a sanear los medios de tanto hijueputa que había por ahí’”. Además de los impactos que estas agresiones generaron en la periodista Bedoya, hubo impactos sociales que la CorteIDH también relató en el fallo.
“Otra consecuencia del efecto amedrentador de los hechos descritos en el presente acápite es que el público pierde voces y puntos de vista relevantes y, en particular, voces y puntos de vista de mujeres, lo cual, a su vez, deriva en un incremento en la brecha de género en la profesión periodística y ataca el pluralismo como elemento esencial de la libertad de expresión y de la democracia”, añadió la Corte. La sentencia agregó que lo sucedido fue aún más grave por su doble condición de mujer y periodista. No solo por la disparidad en el oficio, sino porque en la investigación penal la justicia le volvió a fallar en cada etapa. Y, por esas fallas, la CorteIDH condenó al Estado colombiano por no haber investigado en un tiempo razonable lo que sucedió ese 25 de mayo.
A manera de ejemplo, la instancia internacional recordó que, a pesar de las constantes insistencias de Jineth Bedoya, la Fiscalía tardó siete años en pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la cárcel La Modelo, que registraron en su momento cómo fue encañonada y forzada a no pedir ayuda, pues, de lo contrario, matarían a los compañeros que ese día la acompañaron a la cárcel. Además, el ente investigador tardó 10 años en pedirle al Inpec el listado de los guardias que tuvieron turno en la entrada aquel 25 de mayo. Y, una vez Bedoya fue rescatada, nunca se examinó su ropa, como debe hacerse en casos de violencia sexual. Además de incompetencia en las investigaciones judiciales, el trabajo de los fiscales y de policía judicial estuvieron llenas de estereotipos de género.
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En lugar de buscar a los victimarios, la Fiscalía indagó sobre la vida personal de la periodista; el fiscal del caso le preguntó si no le avergonzaba que su mamá se enterara cuántos hombres la habían violentado sexualmente y, en total en estos 21 años, Jineth Bedoya ha tenido que contar 12 veces en distintas declaraciones judiciales lo que le hicieron. Doce. La revictimización por parte del aparato judicial fue tan grave, que un perito le explicó a la Corte lo que sucedía cuando la justicia citaba a Bedoya para alguna diligencia: “Presentaba (Bedoya) una recaída importante en su estado de salud” que podía durar meses, debido a su trastorno de estrés postraumático”. Por esto, la instancia internacional de justicia también valoró la posición del Estado frente al caso.
“Debido a la actuación de las autoridades estatales investigativas, forenses y a cargo de impartir justicia en el caso concreto, el Estado de Colombia no actuó con la debida diligencia reforzada requerida en las investigaciones y el proceso penal por la violencia y los actos de tortura sufridos por la señora Bedoya”, sentenció la Corte Interamericana.
El sufrimiento de su madre
Durante todo el proceso, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y después ante la CorteIDH, Bedoya y sus abogados han insistido en que la madre de la periodista, Luz Nelly Lima, también fue víctima. Esta instancia internacional les dio la razón: “Este tribunal considera que, como consecuencia directa de los hechos de violencia en contra de su hija, por acompañarla durante más de dos décadas en su búsqueda de justicia y que los hechos continúen en una impunidad parcial y por las amenazas que incluso en la actualidad recibe su hija, la señora Lima padeció y padece un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”, añadió la sentencia que, en su parte resolutiva, consignó varios puntos cruciales para la lucha de Bedoya en contra de la violencia de género, especialmente.
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Entre otras medidas de reparación, la CorteIDH le ordenó al Estado a que financie el proyecto de Bedoya “No es hora de callar”, en el que precisamente trabaja con mujeres víctimas y lucha en contra de la impunidad en sus casos. También ordenó la creación de un centro de memoria para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado e impulsar las investigaciones judiciales para establecer quiénes estuvieron detrás de lo ocurrido en el expediente de Bedoya. Ahora al Estado colombiano le comienza a correr el reloj para implementar todas las medidas de reparación y garantizar, como ordenó la CorteIDH, que hechos así no vuelvan a ocurrir. El presidente Iván Duque, luego de conocer el fallo, declaró que se “cumplirá en su totalidad”.
Para llegar a esta sentencia histórica fue necesario que un grupo de abogados especializados entraran a revisar cómo, durante más de 15 años, el Estado y la justicia le seguían fallando a Bedoya. Por los pocos o casi nulos resultados en materia de justicia, en junio de 2011, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) presentó el caso ante la CIDH, alegando la responsabilidad internacional de Colombia por los vejámenes sufridos por la periodista y su madre, Luz Nelly Lima, víctimas de amenazas y persecuciones. Al año de presentada la solicitud, la CIDH aprobó el estudio del caso. En diciembre de 2018 concluyó que el Estado fue responsable de las distintas violaciones a los derechos humanos sufridos por Bedoya.
La CIDH hizo una serie de recomendaciones al Estado colombiano, como una en la que debía promover “una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable que permita esclarecer todas las circunstancias de todos los crímenes cometidos contra la periodista Jineth Bedoya, incluida las amenazas y violencia sexual, y determinar todas las responsabilidades correspondientes incluida la posible participación de agentes del Estado”. El Estado, de nuevo, incumplió esas recomendaciones a favor de la periodista y así el caso aterrizó en la CorteIDH en donde, luego de 21 años de total impunidad y responsabilidades esquivadas, no dejó ni un asomo de duda: el Estado es responsable.
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