Solicitud de embargo tienen 94 municipios

Una suspensión por tres meses en el ejercicio del cargo ratificó el Consejo Superior de la Judicatura en contra del Juez Promiscuo Municipal de San Jacinto Bolívar, Álvaro Anselmo Castillo Acosta, por extralimitación de funciones y abuso de poder. Según el alto tribunal, el funcionario desbordó su competencia al asumir la función de coadministrador de gastos y pagador de los dineros del municipio, tras fallar irregularmente varias acciones de tutela, lo que generó un trauma económico en el municipio de San Jacinto.

Las irregularidades del juez estuvieron en el trámite que le dio a 48 acciones de tutela que interpusieron igual número de funcionarios de la Alcaldía, en contra del mandatario local Ricardo Lentino Brieva. El 5 de diciembre de 2002 el juez Castillo ordenó al gerente del Banco de Bogotá en El Carmen de Bolívar que le cancelara a la empresa de energía eléctrica Electrocosta y a otros contratistas y empleados del municipio, la suma de $21 millones.

Dos meses después, Castillo decidió ampliar la medida y le solicitó al Ministerio de Hacienda que consignara en una cuenta de depósitos judiciales, que era manejada por él, $1.500 millones para abrogarse las facultades de pagador y ordenador de distintas obligaciones. Asimismo, recibió las nóminas de los ordenadores del gasto para él mismo autorizar los pagos y como si fuera poco le dio poder a la abogada de los primeros 48 beneficiados con la tutela, Liliana de León Montes, para que ella también hiciera pagos parafiscales y fiscales.

Es apenas un caso documentado de los múltiples excesos en los que han incurrido muchos jueces en la Costa Atlántica, que, pese a que está prohibido por ley y por un decreto expedido por el Gobierno el 10 de enero de 2008, ordenan embargos con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, que es de donde los municipios sacan los dineros para pagar educación, salud, alimentación, saneamiento básico y agua potable, entre otros.

Dicho de otro modo, con sus decisiones muchos jueces están generando un colapso en la situación administrativa y financiera de los entes territoriales, como ha venido denunciando desde hace varios meses la Secretaría Jurídica de Palacio de Nariño. Los embargos ordenados por los jueces de la Costa están impidiendo que los recursos municipales sean invertidos como se debe y la preocupación del alto Gobierno por este tema va en aumento. De hecho, en la Fiscalía ya se han instaurado denuncias en contra de administradores de justicia por estos hechos irregulares.

El propio presidente Álvaro Uribe se ha ocupado en varios consejos comunales del asunto y ha dado órdenes a sus delegados para que le hagan un seguimiento al tema. El Espectador conoció que 94 municipios del norte del país y del Chocó tienen solicitudes de embargo por un valor superior a los $88.000 millones, según datos del Ministerio de Hacienda. Con sus fallos los jueces tienen al Gobierno buscando salidas a las crisis presupuestales de muchos municipios. Es tal la avalancha de omisiones por parte de los jueces a las disposiciones del Gobierno y a magistrados del Consejo superior de la Judicatura, que ya algunos funcionarios están hablando de “el cartel de los embargos”.

Una suspensión por tres meses en el ejercicio del cargo ratificó el Consejo Superior de la Judicatura en contra del Juez Promiscuo Municipal de San Jacinto Bolívar, Álvaro Anselmo Castillo Acosta, por extralimitación de funciones y abuso de poder. Según el alto tribunal, el funcionario desbordó su competencia al asumir la función de coadministrador de gastos y pagador de los dineros del municipio, tras fallar irregularmente varias acciones de tutela, lo que generó un trauma económico en el municipio de San Jacinto.

Las irregularidades del juez estuvieron en el trámite que le dio a 48 acciones de tutela que interpusieron igual número de funcionarios de la Alcaldía, en contra del mandatario local Ricardo Lentino Brieva. El 5 de diciembre de 2002 el juez Castillo ordenó al gerente del Banco de Bogotá en El Carmen de Bolívar que le cancelara a la empresa de energía eléctrica Electrocosta y a otros contratistas y empleados del municipio, la suma de $21 millones.

Dos meses después, Castillo decidió ampliar la medida y le solicitó al Ministerio de Hacienda que consignara en una cuenta de depósitos judiciales, que era manejada por él, $1.500 millones para abrogarse las facultades de pagador y ordenador de distintas obligaciones. Asimismo, recibió las nóminas de los ordenadores del gasto para él mismo autorizar los pagos y como si fuera poco le dio poder a la abogada de los primeros 48 beneficiados con la tutela, Liliana de León Montes, para que ella también hiciera pagos parafiscales y fiscales.

Es apenas un caso documentado de los múltiples excesos en los que han incurrido muchos jueces en la Costa Atlántica, que, pese a que está prohibido por ley y por un decreto expedido por el Gobierno el 10 de enero de 2008, ordenan embargos con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, que es de donde los municipios sacan los dineros para pagar educación, salud, alimentación, saneamiento básico y agua potable, entre otros.

Dicho de otro modo, con sus decisiones muchos jueces están generando un colapso en la situación administrativa y financiera de los entes territoriales, como ha venido denunciando desde hace varios meses la Secretaría Jurídica de Palacio de Nariño. Los embargos ordenados por los jueces de la Costa están impidiendo que los recursos municipales sean invertidos como se debe y la preocupación del alto Gobierno por este tema va en aumento. De hecho, en la Fiscalía ya se han instaurado denuncias en contra de administradores de justicia por estos hechos irregulares.

El propio presidente Álvaro Uribe se ha ocupado en varios consejos comunales del asunto y ha dado órdenes a sus delegados para que le hagan un seguimiento al tema. El Espectador conoció que 94 municipios del norte del país y del Chocó tienen solicitudes de embargo por un valor superior a los $88.000 millones, según datos del Ministerio de Hacienda. Con sus fallos los jueces tienen al Gobierno buscando salidas a las crisis presupuestales de muchos municipios. Es tal la avalancha de omisiones por parte de los jueces a las disposiciones del Gobierno y a magistrados del Consejo superior de la Judicatura, que ya algunos funcionarios están hablando de “el cartel de los embargos”.