Suspendida fiscal por omitir investigación en asesinato de líder de desplazados
La funcionaria adelantaba las averiguaciones por el homicidio de Yolanda Izquierdo
El Espectador
La fiscal Ledis Isabel Hernández fue suspendida de su cargo provisionalmente por tres meses, luego de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le abriera investigación disciplinaria por sus presuntas irregularidades en la omisión de sus funciones en la investigación que se adelantaba por las amenazas en contra de líder de los desplazados Yolanda Izquierdo, asesinada en febrero de 2007.
Según el alto tribunal, la funcionaria judicial habría omitido sus funciones al no atender las denuncias presentadas por Izquierdo quien señaló que era víctima de seguimientos por parte de grupos paramilitares por sus denuncias de desplazamiento.
La fiscal solamente abrió la investigación dos días después de que la activista fuera asesinada por grupos paramilitares que operan en Córdoba.
La Sala Disciplinaria consideró que “es altamente probable” que la operadora judicial haya presentado omisiones a la hora de indagar por las denuncias que elevó la misma víctimas, quien reclamaba el derecho de varias familias sobre una tierras que habían sido ocupadas ilegalemente por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.
La fiscal Ledis Isabel Hernández fue suspendida de su cargo provisionalmente por tres meses, luego de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le abriera investigación disciplinaria por sus presuntas irregularidades en la omisión de sus funciones en la investigación que se adelantaba por las amenazas en contra de líder de los desplazados Yolanda Izquierdo, asesinada en febrero de 2007.
Según el alto tribunal, la funcionaria judicial habría omitido sus funciones al no atender las denuncias presentadas por Izquierdo quien señaló que era víctima de seguimientos por parte de grupos paramilitares por sus denuncias de desplazamiento.
La fiscal solamente abrió la investigación dos días después de que la activista fuera asesinada por grupos paramilitares que operan en Córdoba.
La Sala Disciplinaria consideró que “es altamente probable” que la operadora judicial haya presentado omisiones a la hora de indagar por las denuncias que elevó la misma víctimas, quien reclamaba el derecho de varias familias sobre una tierras que habían sido ocupadas ilegalemente por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.