Suspendidos nuevos nombramientos en Judicatura

Suspendido se mantiene el acuerdo a través del cual se pretendía la incorporación de 33 nuevos funcionarios al Consejo Superior de la Judicatura, aclaró el vicepresidente de la colegiatura, Ricardo Monroy, tras las inquietudes que al respecto surgieron dentro de la misma Rama.

El alto jurista aclaró que fue a solicitud de la propia Sala Administrativa, autora del acuerdo, que se optó por analizar más concienzudamente la adopción de este plan de descongestión.

José Alfredo Escobar Araújo, como presidente de la Sala, había firmado el documento, a través del cual se pretendía materializar la  creación de 33 nuevos cargos, entre ellos 13 magistrados auxiliares.
 
Inicialmente, había sido la Corte Constitucional la que había pedido explicaciones, luego de que su presidente Juan Carlos Henao enviara una comunicación a su colega Escobar Araújo en la cual lo instaba a señalar las justificaciones de este plan, que tenía el propósito de promover la descongestión existente en la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
 
A pesar de que algunos sectores rechazaron la medida, teniendo en cuenta que 13 de los cargos que serían incorporados eran de libre nombramiento y remoción, el magistrado defendió la determinación, señalando que era perentorio evacuar unos 9 mil procesos más que llegaron a la Sala en los últimos meses.

Monroy también manifestó que nada de irregular había en el hecho de que fuera por orden del presidente de la Sala que se incorporaran los nuevos magistrados auxiliares, teniendo en cuenta que la normatividad vigente permite que los nombramientos dependan de cada despacho o de cada Sala que lo requiera.
 
Aclaró que él  mismo, habiendo sido magistrado auxiliar de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, ocupó este cargo durante 13 años, no bajo la dependencia de un despacho en particular sino de la Sala misma.

Tras cuestionamientos referentes al supuesto desequilibrio que el plan genera para con las demás jurisdicciones, manifestó que los programas de descongestión implementados por la Sala Administrativa han ocupado un 94 % en las jurisdicciones ordinaria (66 %) y contencioso administrativa (28 %), mientras que a la disciplinaria solo le había correspondido un 1 % hasta ahora.

Suspendido se mantiene el acuerdo a través del cual se pretendía la incorporación de 33 nuevos funcionarios al Consejo Superior de la Judicatura, aclaró el vicepresidente de la colegiatura, Ricardo Monroy, tras las inquietudes que al respecto surgieron dentro de la misma Rama.

El alto jurista aclaró que fue a solicitud de la propia Sala Administrativa, autora del acuerdo, que se optó por analizar más concienzudamente la adopción de este plan de descongestión.

José Alfredo Escobar Araújo, como presidente de la Sala, había firmado el documento, a través del cual se pretendía materializar la  creación de 33 nuevos cargos, entre ellos 13 magistrados auxiliares.
 
Inicialmente, había sido la Corte Constitucional la que había pedido explicaciones, luego de que su presidente Juan Carlos Henao enviara una comunicación a su colega Escobar Araújo en la cual lo instaba a señalar las justificaciones de este plan, que tenía el propósito de promover la descongestión existente en la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
 
A pesar de que algunos sectores rechazaron la medida, teniendo en cuenta que 13 de los cargos que serían incorporados eran de libre nombramiento y remoción, el magistrado defendió la determinación, señalando que era perentorio evacuar unos 9 mil procesos más que llegaron a la Sala en los últimos meses.

Monroy también manifestó que nada de irregular había en el hecho de que fuera por orden del presidente de la Sala que se incorporaran los nuevos magistrados auxiliares, teniendo en cuenta que la normatividad vigente permite que los nombramientos dependan de cada despacho o de cada Sala que lo requiera.
 
Aclaró que él  mismo, habiendo sido magistrado auxiliar de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, ocupó este cargo durante 13 años, no bajo la dependencia de un despacho en particular sino de la Sala misma.

Tras cuestionamientos referentes al supuesto desequilibrio que el plan genera para con las demás jurisdicciones, manifestó que los programas de descongestión implementados por la Sala Administrativa han ocupado un 94 % en las jurisdicciones ordinaria (66 %) y contencioso administrativa (28 %), mientras que a la disciplinaria solo le había correspondido un 1 % hasta ahora.