Tejas, ladrillos y cemento

A pocas horas de comenzar la votación para los cargos de elección popular, la extensa y rica región del Ariari vive uno de los momentos más críticos de su historia electoral. Amenazas a candidatos y electores, compra de votos, utilización de los recursos municipales hacia "candaditos" predilectos de alcaldías y entrega de mercados, es el camino por donde transita la estrecha democracia en esta estratégica zona del departamento del Meta.

En un recorrido realizado por El Espectador por buena parte de los municipios del Alto, Medio y Bajo Ariari, se constata que la transparencia electoral es apenas un enunciado difícil de materializar. El asedio de los grupos armados ilegales, la corrupción, el miedo y la presión, cercan a los electores y en municipios como El Castillo, Granada, Puerto Rico, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Acacías, San Martín, Guamal, Castilla la Nueva o Fuente de Oro, las denuncias sobre irregularidades abundan.

Por ejemplo, a la candidata por el Polo Democrático Alternativo (PDA) en El Castillo, María Amparo Ferreira, la amenazaron. La semana pasada, tres hombres ingresaron a su casa, intimidaron a su pequeño hijo y le dejaron razón de que debía cuidarse. Dos candidatos al Concejo de la misma organización política, Leysester Castillo y Dioner Galvis, también fueron amenazados por civiles armados.

Igual sucedió con Ancízar Moreno, otro candidato, a quien le enviaron razones de que se retire de los comicios. "No lo dejaremos llegar a la Alcaldía, cueste lo que cueste", le advirtieron. Además, en la localidad aparecieron letreros con aerosol señalándolo como el aspirante de las Farc. Los dos dicen que posiblemente las amenazas vienen de otros partidos políticos que aspiran a gobernar a este pequeño municipio.

Pero este no es el único hecho que ensombrece el panorama electoral en El Castillo. En sus 49 veredas y dos inspecciones de policía se mantiene intacta la amenaza de los fusiles. De hecho, entre 2000 y 2003, miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), en compañía de grupos de autodefensa, en su consigna de exterminar a las Farc, provocaron la muerte y desaparición de 200 personas y el desplazamiento de gran parte del municipio, que pasó de 12.000 habitantes a 5.600, según el censo de 2005.

El caso de Granada

Si en El Castillo las cosas son difíciles, en Granada la democracia anda peor. En este municipio, donde sus 52.000 habitantes definen hasta la Gobernación del Meta, han sido amenazados cuatro de los siete candidatos: Fredy Pérez, del Partido Liberal; Damar Suárez, de Afroinca; Juan Carlos Mendoza, de la Alianza Social Indígena, y Edilto Triana, del denominado Partido de la U.

Según Pérez, la compra de votos, la entrega de mercados, el regalo de materiales de construcción y la adjudicación de lotes con servicios, en plena campaña electoral, fueron utilizados por la administración local en favor del candidato Triana, cosa que tanto el aspirante a la alcaldía como el burgomaestre William Reinoso han negado con insistencia en los medios locales.

Arístides Rodríguez, del Polo Democrático Alternativo, denunció que no hay garantías para hacer campaña. "Aquí los dineros de la corrupción hacen más daño que los grupos armados ilegales", sostuvo. Una constante que, según el dirigente político, es en todo el Ariari y el resto del Meta. De acuerdo con Rodríguez, las cantidades de dinero que circulan en las campañas son abismales. "El tope para las candidaturas era de $86 millones y tan sólo en el cierre de campaña hubo grupos de música norteña traídos desde México".

En medio de las campañas electorales se debaten 3.980 familias de desplazados que han llegado al municipio desde 1998. Paradójicamente, no es raro ver cómo en los ranchos de plástico y tela impermeable ondean banderas y afiches de candidatos. En barrios como Luis Carlos Riveros, Juan Bosco, El Bosque, Florida, La Esperanza o La Reserva fueron lugar común las visitas de políticos que plantearon ayudas a los desplazados. Las mismas que desde 1998 no se concretan.

Una realidad que incomoda a Dagoberto Leal, de la Fundación Trabajemos por los desplazados de Colombia, quien llegó en abril de 2006 a Granada y hoy representa a 317 familias que llegaron con él desde Mapiripán (Meta). Leal afirma que las visitas de políticos a los barrios deprimidos contrasta con realidades como la falta de ayuda humanitaria para el 70 por ciento de la población desplazada y el hambre que aguantan familias enteras en los barrios pobres.

La misma circunstancia electoral que afecta a los vecinos de El Guamal, a 30 minutos de Granada, donde la realidad parece calcarse. También en este municipio las denuncias contra el alcalde proliferan. De acuerdo con el concejal Pedro Rojas, el funcionario fue grabado con una cámara de video haciendo proselitismo y entregando mercados en favor del candidato Jaime Jiménez. Y, según Rojas, puso a la orden de su aspirante 400 lotes con servicios de la urbanización Villa María y está exigiendo a sus empleados 15 votos para que puedan permanecer en sus cargos.

A media hora de Guamal, en Acacías, el alcalde Carlos Julio Plata también fue grabado entregando mercados a nombre de su candidato Henry Gil. Entre tanto, en Castilla la Nueva, se denunció la inscripción irregular de 2.000 cédulas de personas que aparentemente no viven en este municipio. Y no sólo en estas alcaldías el voto está amenazado. La Defensoría del Pueblo de Villavicencio recibió denuncias de habitantes de los municipios de Puerto Rico y Puerto Toledo, donde grupos al margen de la ley robaron ganado y desplazaron familias para presionar votantes.

También se supo de amenazas contra el candidato a la alcaldía de Puerto Lleras, José Eulice. Además, la Policía departamental advirtió que si bien están dadas las condiciones para unas elecciones normales en el casco urbano de Mapiripán, no se puede decir lo mismo de sus áreas rurales, donde guerrilla y paramilitares convirtieron la zona en punto de honor o en botín de guerra.

Las denuncias que se han hecho a lo largo y ancho del departamento coinciden con informes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría y de la Misión de Observación Electoral (MOE), que colocan al Meta como uno de los más vulnerables en materia de garantías electorales. En concreto, el SAT advirtió la semana pasada que los resultados de las elecciones pueden estar afectados por guerrilla, paramilitares o estructuras mafiosas relacionadas con el narcotráfico.

Asimismo, el informe advirtió que, por efecto de control territorial y la puja por el dominio de la región entre insurgencia y las nuevas generaciones de paramilitares, los municipios de Mapiripán, Macarena, La Uribe, Mesetas, El Castillo, San Juan de Arama, Lejanías, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia son vulnerables.

En el conflicto

Para nadie es un secreto que las elecciones en el Ariari se dan en medio de la guerra. Prueba de ello son los recientes golpes a la estructuras del jefe del Bloque Central Bolívar (BCB), Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; el reacomodamiento de los grupos de autodefensas en la región, la muerte del aspirante al Concejo de Villavicencio Robin Salazar, los 18 atentados contra establecimientos comerciales en la capital del Meta y la incautación de más de 300 granadas en lo corrido de este año.

El comando de Policía reporta que a pesar del asedio de los grupos al margen de la ley, estas elecciones no están amenazadas, debido a los golpes asestados a las estructuras de Macaco en Puerto Gaitán, San Pedro de Arimena y El Porvenir, donde además cayeron los jefes de las llamadas Cooperativas de Seguridad de Meta y Vichada, alias Palagos y Mario Bross, se incautó armamento y se capturaron a 147 combatientes. Lo mismo sucedió con las Milicias Bolivarianas de las Farc en Villavicencio. Buena parte quedaron desmanteladas.

Pero la guerra no se ha detenido. El conflicto entre la facción de Pedro Oliveros Guerrero, alias Cuchillo y Los Paisas, comandados por Vicente Castaño, el capturado Hebert Veloza García, alias H.H.; Macaco y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quedó saldada en favor de los paramilitares locales, que a la vez se unieron con sus anteriores enemigos de las Autodefensas Campesinas de Casanare, que lidera Martín Llanos.

Es así como Cuchillo, quien se había desmovilizado el año pasado junto a 1.200 hombres del Bloque Centauros en Casibare, cerca de Puerto Lleras, asumió como único jefe del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac), que tiene influencia en el Guaviare, Vichada y Mapiripán, donde se están peleando las estratégicas riberas del río Guaviare con los frentes 44 y 39 de las Farc.

Según la Policía, no sólo los paramilitares se han reacomodado en el Meta. Las Farc, con sus frentes 1, 26, 27, 31, 39, 43, 44, 53 ,40, y las compañías Urías Rondón, Ismael Ayala y el frente Yarí, ahora se conformaron en nuevos frentes de guerra que son comandados por Henry Castellanos Garzón, conocido como Romaña, y Gentil Duarte, hoy asentado en el Alto y en el Bajo Ariari.

En síntesis, un lamentable escenario para unas elecciones en las que la población civil, en la mayoría de municipios, sigue en manos de politiqueros o grupos armados ilegales, un hecho que les ha permitido afirmar que no sólo las presiones de la guerra definirán estas elecciones, sino también el componente del TLC, es decir, tejas, ladrillos y cemento. Esta receta, en últimas, está jugando un papel determinante para los comicios municipales.