‘“Timochenko” podría ir al Congreso si es autorizado por el presidente'

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J.R: ¿Qué va a pasar con María del Pilar Hurtado?

F: María del Pilar Hurtado ya inició un proceso preliminar de colaboración. Le está contando al fiscal que lleva el caso los hechos sobre los cuales puede colaborar. Siempre, en estos procesos de colaboración, hay una primera fase donde se hace una hoja de ruta, una especie de cronograma sobre los hechos sobre los cuales ella puede aclarar y la Fiscalía valora si son relevantes o no para concederle beneficios. Hay un gran ánimo de colaboración por parte de María del Pilar Hurtado.

J.R: Es decir, ella ya dijo: voy a contar lo que sé

F: Sí, de acuerdo al trámite preliminar que hemos iniciado, ha expresado su deseo de contar la verdad que falta por saber en el caso de las chuzadas.

J.R: Según la fiscalía ¿Cuál puede ser esa verdad?

F: Pues, aquí es claro que hay otras personas contra las cuales hay evidencias en el proceso sobre la posible participación en las chuzadas, diferentes a las que ya fueron condenadas. Se condenó a Bernardo Moreno, a María del Pilar Hurtado, altos funcionarios del DAS, otros me menor rango, pero todavía hay investigaciones en curso contra altos dignatario de la Presidencia de la época.

J.R: ¿Del Palacio de Nariño?

F: Del Palacio de Nariño. Por hechos relacionados con las chuzadas; por la campaña de desprestigio que se inició con la Corte Suprema de Justicia; por la injerencia indebida de autoridades administrativas en la vida privada de los magistrados de la Corte; por el hecho de que se inició actividades de seguimientos y persecución a defensores de derechos humanos, no solo en Colombia, sino en el exterior. Hay cargos de que las autoridades del DAS hicieron seguimientos y actividades ilegales fuera del país para parlamentarios europeos. El tema es muy complejo y la colaboración de María del Pilar Hurtado va a ser fundamental para que sepamos al final quiénes más son responsables y, sobre todo, quién fue el destinatario final de esta información.

J.R: Sobre eso fiscal ¿se podría llegar al presidente Uribe? Se lo pregunto por una razón, porque si usted mira quiénes han sido condenados y quiénes están en la mira, que es el círculo más cercano del expresidente, ¿eso no podría llevar al presidente Uribe?

F: Esa pregunta se la contestaré cuando culminemos el proceso de colaboración con María del Pilar Hurtado y adelantemos y lleguemos a unas primeras conclusiones en los casos. Ahí tendríamos ya un panorama completo y la Fiscalía tomará una posición dependiendo de las pruebas frente a la situación del presidente Uribe, que además no le corresponde definirla a la Fiscalía sino a la Comisión de Acusaciones.

J.R: Pero tampoco lo descarta…

F: Dependerá todo del análisis, del análisis probatorio, sereno y tranquilo

J.R: Se ha hablado mucho de Luis Alfonso Hoyos, el hombre de la campaña del Centro Democrático. ¿Qué va a pasar con él en las próximas horas?

F: El “hacker” (Andrés Sepúlveda) fue condenado a 10 años de prisión por el delito de espionaje, de interferencia y acceso indebido a comunicaciones privadas, acceso abusivo a sistemas electrónicos, interceptación indebida de teléfono. Ya hay un juez que avala la responsabilidad del “hacker”. A Luis Alonso Hoyos la imputación que va a presentar la Fiscalía el día martes, se fundamenta en que él financió que estas actividades indebidas del “hacker”, porque le entregó un dinero para que obtuviera este tipo de información de órganos de inteligencia y eso es una actividad ilícita. Por eso se le va a imputar como determinador, como autor intelectual de muchas de las actividades delictivas.

J.R: Autor intelectual y financiador

F: Sí señor

J.R: ¿Él está afuera del país?

F: Sí señor

J.R: ¿Qué pasa ahí?

F: Pues nosotros tenemos una solicitud ante un juez en la que consideramos que hay evidencias graves contra Luis Alfonso Hoyos. Obviamente, tenemos que respetar su presunción de inocencia, pero vamos a solicitar que expida una orden de captura y una detención preventiva. Si el juez la dicta, pues podría ordenar órdenes internacionales de captura a través de la Interpol para lograr traerlo al país.

J.R: Y, ¿qué pasa con el candidato Óscar Iván Zuluaga y su hijo?

F: Nosotros hemos dividido este caso en dos fases: el “hacker”, caso en el que ya existen ocho personas detenidas entre agentes de inteligencia, patrulleros de la Policía, oficiales de la Fuerza Pública. Esa fase ya se adelantó y ahora sigue una segunda fase que es determinar que vinculaciones existió entre el “hacker” y la campaña del candidato Zuluaga. Estamos en la primera fase, en la que encontramos unas evidencias serias y contundentes hasta el momento. Él (Hoyos) tendrá derecho a la defensa y vendrá un gran debate procesal, pero al menos para dictar detención preventiva. Al culminar esta fase, continuaremos con las investigaciones a ver si existió o no algún tipo de responsabilidad del candidato Zuluaga y de su hijo.

J.R: El expresidente Uribe asegura que lo que hay detrás de esto es un tema político, un complot y una obsesión suya por llegar hasta él. ¿Qué les responde usted?

F: El presidente Uribe, cuando estaba investigado por la Fiscalía, antes de adquirir la calidad de senador, tuvo todas las garantías de defensa dentro del proceso penal. Inclusive tuve muchas conversaciones en mi despacho con el presidente Uribe, muchos diálogos sobre el marco constitucional para la paz. Los casos del presidente Uribe no los voy a determinar yo, yo no tengo competencia alguna para decidir la situación del presidente…

J.R: Pero, pero en un hipotético caso…

F: Si llegare a existir una prueba seria en contra del presidente Uribe sobre las chuzadas, pues yo tengo el deber de poner en conocimiento a la Comisión de Acusaciones y de la Corte Suprema de Justicia esos hechos.

J.R: Dijo también el expresidente en Estados Unidos, que a raíz de todo esto usted desfigura la democracia. Incluso pidió protección internacional para la gente de su partido y quien lo sigue a él.

F: Las condenas que se han proferido en contra de personas de su partido no las ha proferido la Fiscalía. Las condenas contra Bernardo Moreno y Hurtado por las chuzadas, las condenas contra…

J.R: Pero la fiscalía acusó…

F: Acusó, y acusaciones que venían antes de que yo fuera fiscal. Venían las investigaciones y yo impulsé las investigaciones y respaldé las posiciones anteriores de la Fiscalía. Luego este no ha sido un tema mío, ha sido un tema institucional. Las grandes decisiones siempre las toma la Corte Suprema o los tribunales competentes. Además en el caso “hacker”, cómo vamos a hablar de persecución contra la campaña del Centro Democrático si tenemos una confesión de Sepúlveda aceptada por un juez y detenidos 8 funcionarios. Además, las declaraciones del “hacker” están respaldadas por otra gran cantidad de testigos que refuerzan y le dan credibilidad a su testimonio.

J.R: Es decir, la diligencia y la rapidez en esta investigación, es judicial, no política.

F: Pero desde luego. Un hecho grave que ya demostró, por los cuales ya hay sentencias condenatorias. Un “hacker” vinculado con una campaña estaba cometiendo el delito de espionaje, de concierto para delinquir, que tenía actividades ilícitas como interceptación indebida de correos. Es decir, todas esas conductas son delictuosas. ¿Cómo fiscal que podía hacer yo? ¿Omitir? ¿Callar? ¿No contarle al país la gravedad de estos hechos? Yo lo único que he hecho es cumplir con mi deber. Solo que desafortunadamente esto se presentó en el contexto de una campaña electoral y obviamente aprovechan esto para darle lecturas diferentes a las reales.

J.R: El tema de “Simón Trinidad”. Ayer Sergio Jaramillo le dijo a la BBC, eso es revolucionario, que el gobierno diga que el tema no es tabú, que incluso lo ve viable. ¿Cómo ve que “Simón Trinidad” salga de una cárcel en Estados Unidos y termine en la mesa de diálogos en Cuba?

F: La decisión de la participación de “Simón Trinidad” en La Habana depende de dos factores. En primer lugar, de una autorización de una justicia norteamericana que es totalmente autónoma del Ejecutivo. Y en segundo lugar, de la voluntad política que tenga el presidente de designar los representantes en la mesa de negociación. Si se supera el obstáculo y se logra la autorización judicial En Estados Unidos, internamente en Colombia no habría ningún obstáculo para que él estuviera presente. El presidente tiene facultad de nombrarlo representante, la Fiscalía tiene competencia para suspender órdenes de captura. Todo depende de decisiones autónomas de la justicia norteamericana.

J.R: Es decir, la pelota está en la cancha de Estados Unidos…

F: Fundamentalmente, si Estados Unidos abre la puerta para permitir esa participación, las condiciones estarían dadas para la participación de “Simón Trinidad” en La Habana.

J.R: La propuesta que usted hizo la semana pasada de una Constituyente para avalar el proceso de paz parece embolatada. Se le vino encima el Congreso, el establecimiento, el gobierno. Es decir, lo dejaron solo en este tema. ¿Usted insiste en ese tema de Constituyente como una salida para aprobar el tema de paz?

F: Desde luego. A pesar de que el establecimiento político, que la clase política, cerraron las posibilidades hacia futuro de una Asamblea Nacional Constituyente, insisto en que es una alternativa constitucional muy importante que no se puede desechar, porque el marco constitucional para la paz actual, si bien es un marco importante que cumple con estándares internacionales, tiene algunos obstáculos para la consolidación para la paz. Como la prohibición de participación en política de miembros de las Farc que sean condenados por graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué alternativas institucionales de reincorporación a la vida civil y a la vida política se le va a ofrecer a las Farc? Es necesaria una Constituyente, porque en caso de que se requieran reformas a la constitución los tiempos no da. Si no acudimos a la Constituyente y acudimos a los mecanismos normales de reforma constitucional vía Congreso, va a pasar el 2016 y el 2017 y no se ha empezado el proceso de justicia transicional, y eso significa que podría existir una brecha de dos años en los cuales habría una gran incertidumbre y eso va a volver muy frágil el proceso.

J.R: ¿Frágil o lo puede frenar?

F: Desde luego, esto puede poner en riesgo el proceso de paz.

J.R: ¿Esa oposición?

F: Si no hay una salida a mirar inmediatamente rediseños constitucionales, rediseños institucionales para implementar de manera inmediata cambios constitucionales para el proceso de paz, se va a crear una incertidumbre, pueden existir riesgos para el proceso de paz. A mí me parece supremamente importante que la clase política y algunos sectores del establecimiento le hayan tirado un portazo al proceso de paz, cerrando la oportunidad eventual de una Constituyente.

J.R: ¿Ahí podría estar la talanquera?

F: Desde luego, porque los tiempos de rediseño normales a través del Congreso no dan. Nosotros no podemos esperar hasta finales del 2017. Incluso principios del 2018 para que empiece la justicia transicional, es decir la investigación y juzgamiento y sanción de los responsables de las Farc por graves violaciones a los derechos humanos.

J.R: A propósito de ese tema también surgió esta semana una propuesta que pasó desapercibida del congresista Penagos, de aplicar el tema de la ley de Justicia y Paz a los miembros de la guerrilla. Incluso, habló de que haya delitos conexos entre secuestro que sean tipificados como delitos políticos. ¿Usted cómo ve esa propuesta?

F: Es una propuesta muy seria.

J.R: ¿Le gusta?

F: Penagos es una persona muy seria y a mi parcialmente me suena la propuesta del representante Penagos.

J.R: ¿Qué parte le suena?

F: Porque no todos los elementos de la ley de orden público, de la 418 sirven para resolver la justicia transicional con las Farc. Realmente el marco fundamental es el que trae la constitución, pero esta ley, con las trasformaciones que pueda hacer el presidente, pueda hacer le Congreso, sí pueden servir como una ley puente, entre el momento de la firma de los acuerdos y de la desmovilización, mientras entra todo el marco de la justicia transicional, que al paso que vamos entraría a finales del 2017 o principios del 2018. El presidente no tiene en este momento la posibilidad de solicitarle a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura que puedan existir contra los más de 5.000 desmovilizados de las Farc. El presidente solo puede solicitar suspensión de órdenes de captura frente a representantes de la mesa de negociación, pero no hay un marco que permita como consecuencia de los acuerdos, suspenderle órdenes de captura a los 8.000 desmovilizados.

J.R: En este momento no se puede…

F: En este momento, solo a los representantes. Y en segundo lugar, en este momento el presidente no puede crear zonas de concentración, como por ejemplo propone, en eso coincido, Uribe. Zonas de concentración bajo la protección de la Fuerza Pública, porque esa herramienta fue suprimida por el Congreso y que en algún momento tuvo el expresidente Pastrana para el proceso de paz en el Caguán.

J.R: El proyecto de Penagos se estarían metiendo a las muy cacareadas facultades extraordinarias de las que se hablaba para el presidente…

F: Aquí sí se le estarían ampliando algunas facultades que no tiene, que es para crear esas zonas de concentración, no diría de despeje, en ciertos lugares bajo la protección de la Fuerza Pública o de otros garantes internacionales. El presidente Samper ofreció que Unasur, a través de unos mecanismos de tratados internacionales, pueda hacer una presencia internacional. Pero el presidente no tiene esa facultad en este momento. Hay herramientas de la 418 que se pueden utilizar inmediatamente más las que surgen del marco.

J.R: ¿Indulto y amnistía para los guerrilleros?

F: Sí, la ley 418 aprobada por el congreso permite la concepción de amnistías e indultos para desmovilizados de un proceso de paz por el delito de rebelión.

J.R: ¿Incluido secuestro y narcotráfico?

F: En este momento no, pero el Congreso sí podría ampliar el marco de la conexidad. Es que la conexidad con los delitos políticos no está consagrada en la constitución. La única norma que regula la conexidad con los delitos políticos es la del marco constitucional para la paz que no ha entrado en vigencia porque no se han celebrado los acuerdos y la prohibición es de grave violación a los derechos humanos.

J.R: La presencia del máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”, y de Nicolás Rodríguez, alias “Gabino” en La Habana. ¿Eso era posible? ¿Cómo hizo? Porque incluso preguntamos a la Fiscalía y nos dijeron que no hay órdenes de captura levantadas contra este señor. ¿Qué sabe la Fiscalía sobre “Timochenko”?

F: En el mes de diciembre de 2014 el presidente me envió una comunicación donde decía que “Timochenko” había sido reconocido como representante legal y negociador oficial en las negociaciones de La Habana.

J.R: Eso es una bomba, es decir el máximo jefe de las Farc es hoy negociador formal de las Farc…

F: Sí, ya hay una resolución del presidente con ese reconocimiento, en el mes de diciembre me enviaron a la Fiscalía el reconocimiento como representante de las Farc oficialmente en las negociaciones y la consecuencia inmediata…

J.R: ¿Qué implica eso?

F: La suspensión de todas las ordenes de capturan que existen contra “Timochenko”. En el mes de diciembre, creo que el 22, se suspendieron más de 100 órdenes de captura contra “Timochenko” por parte de la Fiscalía y, además, está en suspenso cualquier orden de captura que se produzca contra él.

J.R: Si hoy al señor “Timochenko” lo encuentra un Policía en la calle de Bogotá o en Arauca ¿no lo puede capturar?

F: Si lo puede capturar porque la suspensión de la orden…

J.R: Pero basados en esa resolución del presidente, si el señor está hoy en Colombia en algún lado, un Policía o un militar lo encuentra y él dice: “yo soy negociador de las Farc no me puede capturar”…

F: Si lo puede capturar, porque la suspensión de las órdenes de captura operan fundamentalmente en el sitio donde se haga la negociación. Le negociación está en La Habana.

J.R: Sí, pero si por ejemplo está en Bogotá y dice: “estoy, y el gobierno lo avala, en una misión dentro del proceso de paz”, no se puede capturar…

F: No se puede capturar. No se ejecutan, están suspendidas en el lugar de las negociaciones, pero al ley permite que el gobierno determine otros sitios alternativos. Si “Timochenko” es autorizado por el presiente para venir a Bogotá, en el marco de la negociación de paz, las órdenes de captura están suspendidas y podría hacerlo.

J.R: ¿Podría ir al Congreso, amparado en esa figura?

F: Si viene amparado por el presidente en el marco de las negociaciones, estaría autorizado legalmente para ir al Congreso y no podríamos ejecutar las órdenes de captura.

J.R: ¿Desde cuándo está vigente esta decisión?

F: Está vigente desde el 22 de diciembre de 2014

J.R: Y ¿Por qué tenía usted ese guardado?

F: Porque en la Fiscalía hemos manejado con mucha reserva todos los temas del proceso de paz. Quiero hacerle una confesión, los temas de suspensión de órdenes de captura como consecuencia del proceso de paz los manejo directamente yo.

J.R: Eso es solo suyo

F: Eso es solo mío. Nadie en la Fiscalía, diferente además de una persona que me colabora en la parte logística, sabe que decisiones tomo yo como fiscal frente al proceso de paz por razones de prudencia y de confidencialidad. A veces ni siquiera el vicefiscal. Por eso no hay filtraciones.

J.R: La reacción inicial de mucha gente va a ser: “eso es el colmo, no hay derecho”. Lo dicen las encuestas frente al proceso de paz, que el jefe máximo terrorista, asesino, narcotraficante, secuestrador, no se le pueda capturar. ¿Qué le dice usted a la gente que está indignada con las gabelas que se les dan a las Farc?

F: Son gabelas que consagra la Constitución, son gabelas que da un marco jurídico aprobado por el Congreso desde hace muchos años. Inclusive Uribe cuando era presidente, y el Congreso de la época, impulsaron este tipo de legislación. Yo no he escuchado ninguna oposición del presidente Uribe a este tipo de facultades, es más, las ha impulsado, las ha apoyado porque además fueron instrumento importante que él tuvo cuando para lograr algunas desmovilizaciones y un proceso de desmovilización, que fue exitoso, de más de 18.000 miembros de la guerrilla.

A través de este proceso no debemos olvidar que en la última década, parte de la administración Uribe, parte de la administración Santos, con este instrumento hemos logrado la desmovilización de más de 18.000 miembros de la insurgencia colombiana. Usted se imagina en términos de protección de los derechos humanos lo que es desmovilizar 18.000 guerrilleros y cerca de 30.000 paramilitares. O sea que para este proyecto en esta última década, nosotros hemos logrado la desmovilización de cerca de 50.000 actores del conflicto, generadores de violencia. Luego que si el ciudadano sopesa los costos que tiene suspender una orden de captura frente al éxito que hemos venido logrando de desmovilizar 50.000 personas, hay que pagar ese costo.

J.R: Claro que es un costo, pero la gente se indigna y es comprensible porque la guerrilla ha cometido atrocidades y llegan a decir: “la Fiscalía no hace anda contra la guerrilla”. ¿Qué responde?

F: Todos los colombianos tenemos, porque yo me incluyo, que estar indignado con los 50 años de violencia generados por las Farc. Violaciones a los derechos humanos, actos de terror, desaparición forzada, desplazamiento, crímenes sexuales. Todos, empezando por el fiscal general, estamos indignados. Pero precisamente lo que queremos es acabar con esta guerra violenta y ya está demostrada que la solución militar no es la alternativa. La única solución es sentarnos a negociar. Pero quiero decirle una cosa, se suspenden las órdenes de captura pero los procesos siguen, en este momento yo estoy adelantando con mucha eficiencia, con mucha diligencia grandes investigaciones en contra de las Farc por graves violaciones a los derechos humanos

J.R: Esas siguen andando…

F: Siguen andando con contundencia. En su momento daré a conocerle al país, antes de que me vaya como fiscal, el resultado de las investigaciones que tenemos por el tema de graves violaciones de derechos humanos que ha cometido las Farc frente a los indígenas, con problema grave de confinamiento, de desplazamiento, pérdida de vidas. En el tema de desplazamiento forzado en el país, las violaciones que han cometido las Farc utilizando medios y métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario. Sus políticas de secuestro, graves problemas y acusaciones que hay por la violencia sexual, no solamente frente a la población civil sino al interior de la guerrilla, por sus políticas de aborto forzado y prostitución forzada.

Estamos investigando también la financiación que utilizó la guerrilla para efectos de sus fines políticos y además, todos los casos de reclutamiento de menores y los eventuales crímenes de guerra y de lesa humanidad que han cometido. Antes de irme como fiscal el país debe tener la seguridad y la certeza que entregaré las investigaciones y tomaré las decisiones que corresponda frente a las Farc, antes de que se logren los acuerdos de firma de paz en La Habana.

J.R: Pero quiénes. Esto puede ser una herramienta para quienes critican el proceso de paz, dirán que eso no va a parar en nada, porque terminan perdonándoles eso a los guerrilleros cuando se firme el proceso.

F: No se va a perdonar.

J.R: ¿No se va a perdonar?

F: Este modelo no está estructurado sobre la impunidad, sino sobre el hecho de que toca investigar, acusar, juzgar e imponer las penas que correspondan. Los máximos responsables tendrían que ser llevados a juicio, tendrían que ser condenados por penas que pueden oscilar a 50 años por crímenes de lesa humanidad.

J.R: ¿No van a quedar impunes?

F: No van a quedar impunes, solo que dentro del contexto de justicia transicional es permitido que se suspendan las penas privativas de la libertad condicionalmente por un tiempo y se impongan penas alternativas reales, no ficticias. Es que esto no va a ser ni una caricatura, ni una forma de burlar la justicia internacional, ni una forma de hacerles una burla a las víctimas. Aquí van a existir sanciones reales, pero son penas alternativas.

J.R: ¿Qué son penas alternativas?

F: Hay muchas. En algunos procesos de paz, por ejemplo, el desminado, se ha entendido como parte de la pena. En muchos países se ha entendido el trabajo social, un mecanismo de pena en el cual hay cierta restricción de paz para el condenado, pero implica un trabajo comunitario para reconstruir el tejido social. Es que en un proceso de justicia transicional los fines de la pena son distintos, no es la retribución, no es la cárcel, es el derecho penal, el derecho como un instrumento para la superación de un pasado de violaciones masivas a un derecho.

J.R: ¿Usted cómo ve el proceso de paz?

F: Yo soy muy optimista con el proceso de paz, hemos tenido grandes dificultades como los hechos reprochables recientemente que se ocasionaron en el Cauca. Creo en la voluntad de paz que tiene la guerrilla y creo que estamos en un punto de no retorno. El próximo año, después de 50 años de conflicto, Colombia tendrá la gran noticia de que hemos llegado a una solución negociada al conflicto más antiguo de Hispanoamérica.

J.R: A propósito de su gran contradictor, el procurador Alejandro Ordoñez. Los rounds son muchos, pero hay algunos suspicaces que están diciendo que usted quiere ser procurador…

F: (Risas) S mí me gustaría serlo en el caso futuro hipotético en el que Alejandro Ordoñez fuera presidente y me incluyera en la terna para ser su procurador.

J.R: Y ¿se le mediría?

F: Si él llegara a ser presidente, ahí está mi hoja de vida disponible.