Un paso más para encontrar a los niños perdidos en la guerra

“Vengo a buscar a mi niña. A ella se la llevaron las Farc hace doce años cuando era pequeña. Estoy aquí porque ella debe estar en ese camposanto donde ustedes están exhumando N.N.”, le dijo una madre a un miembro de Medicina Legal en Villavicencio (Meta) en 2012. La frase se repite en sedes de la Fiscalía y Medicina Legal de todo el país pues, aunque las cifras de estos niños perdidos en la guerra no es del todo clara –cada entidad maneja un número diferente–, tanto la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como la Red Nacional de Cadáveres en Condición de No Identificados, coinciden en que son más de 15 mil. Para reducir el número, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Medicina Legal se unieron en 2013 para identificar a los menores. Tres años después, 500 niños ya tienen su perfil genético plenamente elaborado.

El patólogo de Medicina Legal Pedro Moreno le explicó a El Espectador que se trata de los restos de niños y jóvenes que murieron en medio del conflicto armado en todo el país. “En 2014 hicimos un barrido en todas las sedes de nuestra institución. Tomamos muestras para hacer el estudio de ADN y elaboramos el perfil que tiene su talla, la región donde vivía y su identificación, en los casos en los que sus datos están guardados en la Registraduría”, explicó Moreno. El siguiente paso, indica el médico, es que se elabore una campaña de socialización con los padres que llevan años, incluso décadas, buscando a sus hijos. Esa también es la meta que tiene el ICBF para seguir con el convenio, que hoy ya tiene sus primeros resultados.

De acuerdo con el objetivo con el que se planteó la alianza, la idea es identificar los restos óseos de más de 4.000 niños y adolescentes que fueron enterrados sin identificar. “Esperamos que de esta manera aquellos colombianos cuyos hijos menores de edad han desaparecido, tengan la posibilidad de acercarse a la verdad sobre la suerte que corrieron sus seres queridos, poniendo fin al dolor y a la incertidumbre que han marcado sus días durante años y, en muchos casos, durante décadas”, explicaron fuentes del ICBF, entidad que tiene estipulado aportar un total de $900 millones para identificar los restos de 4.000 menores en todo el país.

Desde el comienzo del proyecto, los médicos y patólogos que se enfrentaron al reto de determinar el nombre, la edad y la talla de los menores explicaron que no era un trabajo con resultados inmediatos. “Estamos frente a un desafío técnico de gran magnitud, que requiere tiempo y rigurosidad”, aseguró Carlos Valdés, director de Medicina Legal. Uno de los grandes retos en este asunto es que, en la mayoría de los casos, los familiares buscan a niños sin importar el tiempo que haya pasado desde su desaparición. En el caso de la madre que buscaba a su hija en Villavicencio, por ejemplo, el patólogo Pedro Moreno recuerda que la mujer no tuvo en cuenta que habían pasado 14 años y lo que buscaba era el cuerpo de una niña. Lo que logró entregar Medicina Legal fue un cuerpo de una persona de 28 años.

“En el imaginario y en el corazón de las familias, ellos siguen siendo niños”, señala Moreno, quien al igual que otros miembros de Medicina Legal, sabe que su trabajo también está enfocado en “ayudarles a las familias a hacer el duelo y a sanar esas profundas heridas”. Por eso, haber identificado a 500 de los miles de menores enterrados sin identificación, es un logro de incalculable valor, tanto para las familias como para el país, que enfrenta un reto de identificar a más de 117 mil personas que se encuentran desaparecidas.

Pero el camino es largo y todavía hay mucho por hacer. El proceso de paz en La Habana ha logrado un avance fundamental para que el trabajo de Medicina Legal y el ICBF sea todavía más efectivo. En el último acuerdo firmado por el Gobierno y las Farc, el 15 de mayo pasado, se pactó la salida de los menores de 15 años de los campamentos de la guerrilla como una medida de construcción de confianza para darle mayor respaldo a la etapa final del proceso de paz. Además de la importancia de este anuncio, pues significa que ya no habrá más niños en la guerra, se reabrió el debate sobre la ilegalidad del reclutamiento de menores y las consecuencias de esta atroz política de guerra.

“Antes veíamos que era muy difícil que los familiares se acercaran a las entidades del Estado a buscar a sus niños, pues pensaban que, al ser reclutados, les iba a caer todo el peso de la justicia. Les daba miedo y pena admitirlo, pues no eran conscientes de que eran víctimas de reclutamiento forzado. Pero con estos acuerdos se están creando las condiciones para que los familiares no tengan miedo de admitir que les quitaron a sus hijos para llevarlos a la guerra. Esperamos recibir a muchas familias”, explica Pedro Moreno, quien agrega que con el trabajo en conjunto con el ICBF solo se necesitará una gota de sangre para acabar con el sufrimiento de miles de padres en Colombia.

“Vengo a buscar a mi niña. A ella se la llevaron las Farc hace doce años cuando era pequeña. Estoy aquí porque ella debe estar en ese camposanto donde ustedes están exhumando N.N.”, le dijo una madre a un miembro de Medicina Legal en Villavicencio (Meta) en 2012. La frase se repite en sedes de la Fiscalía y Medicina Legal de todo el país pues, aunque las cifras de estos niños perdidos en la guerra no es del todo clara –cada entidad maneja un número diferente–, tanto la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como la Red Nacional de Cadáveres en Condición de No Identificados, coinciden en que son más de 15 mil. Para reducir el número, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Medicina Legal se unieron en 2013 para identificar a los menores. Tres años después, 500 niños ya tienen su perfil genético plenamente elaborado.

El patólogo de Medicina Legal Pedro Moreno le explicó a El Espectador que se trata de los restos de niños y jóvenes que murieron en medio del conflicto armado en todo el país. “En 2014 hicimos un barrido en todas las sedes de nuestra institución. Tomamos muestras para hacer el estudio de ADN y elaboramos el perfil que tiene su talla, la región donde vivía y su identificación, en los casos en los que sus datos están guardados en la Registraduría”, explicó Moreno. El siguiente paso, indica el médico, es que se elabore una campaña de socialización con los padres que llevan años, incluso décadas, buscando a sus hijos. Esa también es la meta que tiene el ICBF para seguir con el convenio, que hoy ya tiene sus primeros resultados.

De acuerdo con el objetivo con el que se planteó la alianza, la idea es identificar los restos óseos de más de 4.000 niños y adolescentes que fueron enterrados sin identificar. “Esperamos que de esta manera aquellos colombianos cuyos hijos menores de edad han desaparecido, tengan la posibilidad de acercarse a la verdad sobre la suerte que corrieron sus seres queridos, poniendo fin al dolor y a la incertidumbre que han marcado sus días durante años y, en muchos casos, durante décadas”, explicaron fuentes del ICBF, entidad que tiene estipulado aportar un total de $900 millones para identificar los restos de 4.000 menores en todo el país.

Desde el comienzo del proyecto, los médicos y patólogos que se enfrentaron al reto de determinar el nombre, la edad y la talla de los menores explicaron que no era un trabajo con resultados inmediatos. “Estamos frente a un desafío técnico de gran magnitud, que requiere tiempo y rigurosidad”, aseguró Carlos Valdés, director de Medicina Legal. Uno de los grandes retos en este asunto es que, en la mayoría de los casos, los familiares buscan a niños sin importar el tiempo que haya pasado desde su desaparición. En el caso de la madre que buscaba a su hija en Villavicencio, por ejemplo, el patólogo Pedro Moreno recuerda que la mujer no tuvo en cuenta que habían pasado 14 años y lo que buscaba era el cuerpo de una niña. Lo que logró entregar Medicina Legal fue un cuerpo de una persona de 28 años.

“En el imaginario y en el corazón de las familias, ellos siguen siendo niños”, señala Moreno, quien al igual que otros miembros de Medicina Legal, sabe que su trabajo también está enfocado en “ayudarles a las familias a hacer el duelo y a sanar esas profundas heridas”. Por eso, haber identificado a 500 de los miles de menores enterrados sin identificación, es un logro de incalculable valor, tanto para las familias como para el país, que enfrenta un reto de identificar a más de 117 mil personas que se encuentran desaparecidas.

Pero el camino es largo y todavía hay mucho por hacer. El proceso de paz en La Habana ha logrado un avance fundamental para que el trabajo de Medicina Legal y el ICBF sea todavía más efectivo. En el último acuerdo firmado por el Gobierno y las Farc, el 15 de mayo pasado, se pactó la salida de los menores de 15 años de los campamentos de la guerrilla como una medida de construcción de confianza para darle mayor respaldo a la etapa final del proceso de paz. Además de la importancia de este anuncio, pues significa que ya no habrá más niños en la guerra, se reabrió el debate sobre la ilegalidad del reclutamiento de menores y las consecuencias de esta atroz política de guerra.

“Antes veíamos que era muy difícil que los familiares se acercaran a las entidades del Estado a buscar a sus niños, pues pensaban que, al ser reclutados, les iba a caer todo el peso de la justicia. Les daba miedo y pena admitirlo, pues no eran conscientes de que eran víctimas de reclutamiento forzado. Pero con estos acuerdos se están creando las condiciones para que los familiares no tengan miedo de admitir que les quitaron a sus hijos para llevarlos a la guerra. Esperamos recibir a muchas familias”, explica Pedro Moreno, quien agrega que con el trabajo en conjunto con el ICBF solo se necesitará una gota de sangre para acabar con el sufrimiento de miles de padres en Colombia.