Después de la más reciente imputación contra 10 antiguas cabezas de las Farc por delitos de lesa humanidad, el Ministerio Público y organizaciones de víctimas manifestaron su extrañeza ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debido al hecho de que no incluyeron los delitos de violencia basada en género. En la imputación, la Sala de Reconocimiento de esta jurisdicción dio explicaciones sobre crímenes como desaparición forzada, traslado forzoso de población, persecución, confinamiento y otros actos inhumanos, sin incluir la violencia sexual, que anunció que imputará en un escrito aparte, en el futuro.
(Lea también: JEP debe abrir macrocaso para investigar violencia sexual: Procuraduría)
En el comunicado, emitido este miércoles por la JEP, se da cuenta de 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, principalmente, por 10 integrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las Farc. La JEP los señala de generar una afectación sistemática al derecho a la identidad cultural de los pueblos ancestrales indígenas y afrocolombianos, y a las comunidades campesinas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Pero indica que es necesario abordar las violencias basadas en género en una imputación distinta, que hará más adelante.
En un comunicado conjunto, organizaciones de derechos humanos como Caribe Afirmativo, Humanas, Colombia Diversa, Corporación 8 de marzo y la Colectiva Justicia Mujer expresaron su rechazo a esa decisión. Aseguraron que recibieron “con alerta y preocupación la expedición de esta decisión, en tanto constituye un retroceso en el proceso de construcción de paz que pretende el reconocimiento de las formas desproporcionadas y diferenciadas en que el conflicto armado afectó a mujeres y personas LGBTIQ+”.
Incluso señalaron que es un precedente peligroso para futuras decisiones de la JEP: “Esta práctica, de separar el análisis de las violencias basadas en género y violencias por prejuicio de los demás patrones y políticas de los actores armados, no puede seguir replicándose en las decisiones”. Aunque dijeron que reconocen la dificultad de abordar estos temas, consideran que han tenido la disposición para abordarlos de la mano de los equipos investigativos de la JEP, esa justicia “no puede continuar apartando estos crímenes del análisis complejo del conflicto armado”.
Citando documentos de la sala y el Centro Nacional de Memoria Histórica, en los que han señalado la gravedad del fenómeno de violencia contra las mujeres indígenas en el Cauca y Antioquia, la Procuraduría indicó que no encuentra razones para que la JEP no haya priorizado en las imputaciones de este miércoles las conductas de violencia sexual. Asimismo, el Ministerio expresó su preocupación a que “el análisis que se haga termine en abordajes tangenciales, secundarios o aislados que no reflejen la realidad de lo que ocurrió, en este caso, en varios municipios”.
(Le puede interesar: ¿Quiénes son los 10 exmiembros de Farc imputados por violencia en Cauca y Valle?)
No obstante, en el anuncio, la jurisdicción indicó que sí consideró la importancia de las violencias basadas en género ocurridas en el territorio priorizado, incluyendo la violencia sexual y las afectaciones a la población con orientación sexual, identidad y expresiones de género diversas. Y a razón de hacer un análisis integral de estos hechos victimizantes en todas las estructuras de las Farc y no solo en dos de ellas, decidieron abordar esta temática en un documento especial que, según explicó la sala, se emitirá próximamente.
Sin embargo, para la Procuraduría, como garante de los derechos de las víctimas, “esto podría traducirse en el sentir de continuidad de la impunidad histórica que acompaña estos crímenes”. Además, añadió que esto podría demostrar una ausencia de aplicación del enfoque de género en la justicia transicional, ya que reserva a espacios específicos la valoración de hechos que se presentaron en el marco de relaciones desiguales de género, que crecieron y se mantuvieron en el conflicto armado, las cuales fueron relevantes para determinar la comisión de ciertos crímenes y que, también, causaron daños diferenciales.
Esta entidad, luego de analizar todos los antecedentes, los informes de las víctimas y de instancias como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y del Centro Nacional de Memoria Histórica, ya había concluido que la Sala de Reconocimiento debe priorizar el macrocaso de violencia sexual y violencias basadas en género, como consecuencia necesaria de aplicar sus propios criterios de importancia en una investigación. Sobre esto, la JEP había anunciado la posibilidad de abrir el macrocaso 11, sobre la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de la víctima.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.