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Uno de los grandes problemas que giran en torno al acceso a la justicia en Colombia es la falta de recursos para desplazarse hacia las oficinas e instaurar denuncias. La dificultad es mayor para quienes están en zonas rurales, pues deben ir hasta los cascos urbanos a poner sobre el escritorio de los funcionarios sus casos de violencia de género o intentar recuperar sus predios que les fueron arrebatados durante el conflicto armado. Por eso, la distancia es una barrera cada vez que intentan tocar la puerta de la justicia. Varias entidades e instituciones se han percatado de esto y, con la cooperación internacional, le han dado la vuelta a la situación, pues ya no son las víctimas quienes acuden a la justicia, sino que es la justicia la que llega a sus territorios.
En efecto, las Jornadas Móviles de Justicia son la estrategia para que este derecho pueda llegar a todos los rincones, bien sea en las zonas rurales o en las grandes ciudades. Esta iniciativa del Ministerio de Justicia, apoyada por el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), ha sido una solución para atender las principales necesidades de los habitantes de muchos municipios, que durante años han clamado para que las instituciones le pongan la lupa a sus problemas cotidianos. En lo que va de este año, sin ir muy lejos, estas jornadas han atendido a más de 1.000 personas en Chocó, Putumayo, Cauca, Antioquia, Córdoba y Nariño.
En Chocó, por ejemplo, en febrero de 2023 la justicia móvil llegó a varios municipios y corregimientos. El día 11 de ese mes, en Quibdó, capital del departamento, más precisamente en el corregimiento de Las Mercedes, al igual que en Bahía Solano, municipio ubicado en la costa norte del océano Pacífico, más de 300 personas recibieron atención en diversos aspectos. Con el objetivo de llevar servicios de justicia a quienes tienen difícil acceso a las instituciones, la jornada reunió a organismos como las comisarías de familia y la Inspección de Policía. Este proceso, además, estuvo acompañado por la casa de justicia de Quibdó, que estuvo presente con sus funcionarios, conociendo a fondo casos de violencia de género y otros segmentos de atención.
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Para Heidy Xiomara Buenaños, coordinadora de la casa de justicia de Quibdó, estas jornadas dejan resultados positivos en la comunidad, pues hay zonas donde la justicia es un concepto aislado para muchos. En diálogo con El Espectador, recuerda como también al corregimiento de La Paloma llegaron más de 300 personas en búsqueda de justicia, algo que era muy complicado ver años atrás. “Esto es realmente útil e importante”, anota. No obstante, aunque en las zonas rurales se concentró la mayor cantidad de personas, en Quibdó, al ser la capital del departamento y el municipio con más habitantes, fue necesario convocar un equipo interdisciplinario con las tres comisarías de familia del municipio —que están repartidas por comunas— para el abordaje de las denuncias.
De acuerdo con Buenaños, antes de la llegada de las jornadas móviles a Quibdó, la forma de combatir flagelos como la violencia basada en género era las visitas domiciliarias por parte funcionarios de la casa de justicia; algo que era poco efectivo y no estaba dando resultado. Por ejemplo, asegura, era común no encontrar a los responsables durante la visita o, por el contrario, la presencia de los agresores al realizarla era un tema muy difícil de manejar. “Todo esto mejoró con las jornadas móviles, porque la gente acude a denunciar, y son muchas personas las que allí se reúnen con los funcionarios para hablar de sus casos”, cuenta.
“Mucha gente cuando va a la casa de justicia no tiene tanta claridad sobre las dependencias que hay; entonces, las jornadas móviles no solo han sido de gran ayuda para atender las denuncias, sino también para que las personas reciban orientación sobre qué hace cada una de las dependencias de justicia”, explica la coordinadora. Esta estrategia ha sido un soporte para la casa de justicia, dice Buenaños, porque hace que la comunidad tenga conciencia y conozca las rutas de denuncia; por ejemplo, respecto a la violencia basada en género e intrafamiliar. Las jornadas móviles, además, han llegado a instituciones educativas para orientar a estudiantes, docentes y padres de familia sobre el acceso a la justicia.
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Estas jornadas también se extendieron a los corregimientos de Tagachí y Pacurita, donde fueron atendidas 300 y 289 personas, respectivamente. Durante esos espacios, asegura Buenaños, en dos días de atención se presentaron casi 30 medidas de protección a víctimas de violencias basadas en género, a quienes se les ha realizado un acompañamiento psicosocial hasta hoy. “Hemos salvado vidas durante estas jornadas. Hace poco llegó una usuaria que decía que se quería matar. La atendieron y le han hecho un seguimiento psicosocial y hoy en día es otra. Ella tenía un problema con su pareja que llegó hasta ese punto, y cuando llegó al punto de atención estaba muy mal. Le hemos hecho un acompañamiento estos meses y podemos notar cómo ha cambiado para bien”, cuenta.
Este panorama también se ha visto en varios municipios en Nariño. Más recientemente, en agosto, Magui fue testigo de cómo del 22 al 25 de agosto una jornada móvil asistió a más de 460 personas en distintas necesidades. Ese mismo 25 de agosto, otra jornada llegó al municipio de La Tola, en el evento “Personería al Barrio”, ya que fue impulsado por esa institución. La concentración de esta estrategia se centró, en mayor medida, en el barrio Soledad que, en palabras de Banner Ortiz, personero municipal, es uno de los sectores con mayores necesidades jurídicas desatendidas en el municipio. “En total se atendieron cerca de 70 personas y se les abrió la puerta para confiar en la justicia”, dice el funcionario.
“Personería al Barrio” también llegó a Tumaco, en donde se atendió a más de 100 personas gracias a la justicia móvil. Además, con la presencia de varios organismos, se articuló a operadores de métodos de resolución de conflictos. Antes de llegar a estos municipios, en donde la atención fue todo un éxito, según fuentes del territorio consultadas por este diario; en junio, los funcionarios se desplazaron hacia el municipio de Mosquera, también en Nariño, pues allí la población solicitaba la oportunidad de acceder a la justicia. Allí, la jornada atendió a 200 personas, enfocando su ejercicio en el casco urbano, pues la situación de orden público ha generado zozobra en la población de la zona rural.
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“Desde que se habló de la idea de tener una Jornada Móvil de Justicia, lo pensamos para el casco urbano del territorio, porque no hay que desconocer que en nuestro municipio la presencia de actores armados es constante”, afirma Miguel Guapi, secretario de Gobierno de Mosquera. Durante el espacio de atención, dice, hubo representantes de la Unidad de Víctimas, que concentró la mayor parte de solicitudes y brindó sus servicios para solucionar trámites pendientes. No obstante, realizar estos espacios también es una decisión que se debe tomar en conjunto con la fuerza pública, precisamente para evaluar las condiciones de seguridad en la zona.
“Cada semana yo me reúno con la fuerza pública para ver si es posible hacer este tipo de encuentros o no (...) Ellos siempre van a decir que todo está bien, que no está pasando nada, pero la realidad es otra; entonces, siempre es mejor hablarlo primero”, agrega Guapi. Para él, el casco urbano es una zona protegida y tiene plena seguridad de que allí, actividades como las Jornadas Móviles de Justicia están fuera de todo peligro. Caso contrario es la zona rural, en donde, asegura, “es más complejo” aunque en los últimos días “no hemos tenido hostigamientos ni enfrentamientos entre armados, pero no hay que descartar que el conflicto está presente”.
A pesar de todos los riesgos que implica acercar la justicia a las comunidades de la zona rural de Nariño, para el secretario de Gobierno de Mosquera, una estrategia como movilizar la justicia es de “gran importancia. Al menos en Mosquera, en un solo espacio, las personas accedieron a varios servicios de justicia. Hicieron todos sus trámites y, gracias al programa Justicia Inclusiva de Usaid, tenemos también conciliadores en equidad y mediadores comunitarios oficiales, que ayudan a que la población pueda conocer en profundidad cómo resolver conflictos mediante estas figuras”, añade el funcionario. Por eso, gracias la labor de estos actores, en Mosquera también se resolvieron problemas de linderos e incluso tensiones por ruidos.
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Córdoba, por su parte, vio que la justicia llegó a Puerto Libertador; en particular, al corregimiento de Santa Fe de las Claras. Allí, entre los servicios ofrecidos por los funcionarios, la concentración se enfocó en atender a víctimas de violencias basadas en género. En la jornada brindaron atención y orientación a quienes contaron sus casos y participaron organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Abrigando Sueños. Al respecto, Nuris Dubeys Ramos, psicóloga de esta organización, explicó que la efectividad de la jornada se debe a los talleres que se impartieron para identificar posibles violencias basadas en género.
Entre las labores que ejerce Abrigando Sueños está la atención psicosocial a las víctimas y la representación jurídica, la cual se hizo visible en algunos casos en el corregimiento. Según Ramos, durante la jornada se realizaron encuentros con los representantes legales de algunas víctimas, en donde se acordó solicitar ante la Fiscalía el estado procesal de los casos que ya fueron denunciados. “La representación legal la hacemos directamente desde la fundación, con nuestras abogadas. No siempre tenemos cobertura para todos los casos, por lo que algunas veces nos apoya la Defensoría del Pueblo”, aseguró Yeimis Paternina, cofundadora de Abrigando Sueños.
Las jornadas móviles impulsadas por el Ministerio también han llegado a otros departamentos. En Putumayo, por ejemplo, la justicia móvil registra atenciones en municipios como Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Villagarzón, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Caicedo. Mientras que en el Cauca, que en los últimos meses ha enfrentado una delicada situación de orden público a causa de las acciones de las disidencias de las extintas Farc, estos servicios han llegado a Santander de Quilichao, Guapi, Jambaló, Caloto y El Tambo. Así pues, la justicia se ha movido para brindar atención a miles de personas, quienes buscan que ese derecho no siga esquivando a sus territorios.