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Para bajarle al “peloteo” en el sistema judicial, es decir, que los usuarios y sus casos pasen de instancia en instancia sin ser resueltos, en Cali se viene cocinando un Comité Local de Justicia (CLJ), una figura que le apunta a la articulación de los operadores que aportan al acceso a la justicia para no solo descongestionar el sistema, sino también mejorar la confianza en las diferentes instituciones, con la atención de temas como violencia intrafamiliar, disputas entre vecinos, convivencia ciudadana, faltas al Código de Policía, entre otros.
En octubre de 2023, con la participación del Programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), aparece el CLJ con un decreto municipal y, desde ese momento, se dejó programada la primera sesión para el 3 de mayo de 2024.
En este primer espacio, que se realizó el mes pasado, no se trazó una hoja de ruta; sin embargo, se dio inicio a la búsqueda de un pedido comunitario de tener claridad sobre qué tiene que hacer cada uno y cómo puede ayudar a una verdadera articulación.
“La idea es poder empezar a trabajar y hacer unas mesas de trabajo en donde nos reconozcamos, podamos contarnos los casos que más nos llegan y buscar soluciones. Una de las quejas que le decíamos al secretario de Justicia era que muchas cosas que llegan a la inspección de Policía o a la comisaría de familia, teniendo ellos cómo trabajarlos, nos los envían a nosotros. Entonces queremos empezar a hablar y articular todo. Mejor dicho, en uno o dos años va a ser genial”, comenta Gloria María Sánchez, jueza de paz de la Comuna 10 y presidenta del Sindicato Nacional de la Jurisdicción Especial de Paz (Sintrajuspaz).
En ese primer encuentro participaron sectores de la comunidad como mujeres, población LGBTIQ+, la Federación de Juntas, operadores de justicia y representantes de los Métodos de Resolución de Conflictos como los Conciliadores en Equidad, los mediadores comunitarios, jueces de paz, el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio y funcionarios adscritos a la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali. Entonces, ¿cómo va a funcional el CLJ?
Aunque todavía no hay una fecha exacta para la segunda sesión del CLJ, se prevé que sea en julio, y sea allí donde se trace una hoja de ruta más clara sobre los esfuerzos que hará cada actor para un mejor funcionamiento del sistema judicial. Además, tendrían que hacerse mínimo cuatro sesiones en el año.
La idea es que los diferentes operadores de justicia, por ejemplo, los jueces de paz, los jueces tradicionales o los mediadores comunitarios tengan un vocero que represente sus intereses y peticiones para ser discutidas en las diferentes sesiones del Comité. Previamente, estos operadores se reunirían en Mesas de Justicia Comunitaria (MJC), en las que periódicamente hablarán de las necesidades propias, los conflictos que más se están resolviendo y las fallas que podrían mitigarse con ayuda de un trabajo conjunto en el CLJ.
“Se debería dar un cambio del 100 %, porque ahí ya sería tener a todas las autoridades, por así decirlo, hablando el mismo idioma. Vamos a dejar de estar peloteando a los usuarios, porque cuando lleguen la persona que los atienda ya va a estar informada y vamos a saber si puede hacer algo, si realmente le corresponde y no va a crear falsas expectativas”, añade Gloria.
Las primeras temáticas que ha abordado el CLJ es el fortalecimiento del acceso a los servicios de justicia, los retos y oportunidades para consolidar el sistema local de justicia de Cali por medio de una mejor infraestructura de seguridad y justicia, además de generar acciones para la prevención de violencias basadas en género y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal, de la mano de los objetivos de la administración local.
“Me parece muy interesante la figura, porque de alguna manera es una forma de acercar a la comunidad a todas estas entidades y autoridades del Estado que se encargan de resolver conflictos de la gente. Muchas veces las personas tienen un problema con alguien y no saben cuál es la ruta, a dónde ir o a quién acudir. Es importante esta unión para ofrecer una ruta clara y gestionar de alguna forma los conflictos”, comenta Andrea Sánchez Quijano, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana de Cali.
Uno de los integrantes del CLJ son los jueces de paz, los cuales se crean con la Ley 497 de 1999, estos ayudan a resolver conflictos de sus comunidades que sean “susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento”. Hay que aclarar que se trata de una figura distinta a los jueces penales o civiles y, por su finalidad, tienen presencia en sus comunas.
“Las controversias y conflictos que se sometan a la consideración de los jueces de paz constará de dos etapas que estarán sujetas a un mínimo de formalidades previstas en este título. Tales etapas serán una previa de conciliación o autocompositiva, y una posterior de sentencia o resolutiva”, expresa el artículo 22 de la ley.
En Cali, los jueces de paz se han consolidado como una figura muy significativa, al ser la ciudad en donde más hay actores de este tipo. “Esto ha sido así desde su creación. Lo que pasa es que el Concejo Municipal anteriormente elegía a más jueces de paz, pero se redujo a tres de primer instancia y dos de segunda por comuna, ahorita estamos elegidos 108 jueces de paz en Santiago de Cali”, cuenta Nevardo Carmona Restrepo, representante de los jueces de paz y reconsideración de Cali Distrital y municipios del departamento del Valle del Cauca.
A este listado robusto en Cali, pero también en otras ciudades del país, pueden sumarse líderes sociales sin necesidad de requerimientos académicos. El proceso de selección se da, primero, con una postulación de sus comunas y elecciones con voto popular supervisadas por la Personería de cada municipio.
Nevardo coincide con Gloria María Sánchez, una de sus colegas, en que el desconocimiento y la falta de una hoja de ruta estricta hace que, muchas veces, tengan que trabajar de más. “Nosotros trabajamos de gratis, nuestro trabajo lo hacemos porque queremos servir a nuestras comunidades, pero muchas veces no tenemos las herramientas necesarias, la facilidad de estar bien equipados en nuestras comunas y, además, muchos casos que no son nuestros nos los mandan otras autoridades”, dice.
Desde su experiencia, por ejemplo, Nevardo cuenta que casi el 90 % de los casos que atienden corresponden a conflictos por el incumplimiento en el pago del cánon de arrendamiento, pero no han estado excentos de que les lleguen casos de convivencia, manutención de alimentos, injuria y calumnia.
“Tenemos muchos temas y hemos ayudado por ahí en 200.000 casos en descongestionar la justicia de Cali, pero hemos visto que ya se ha vuelto un ‘vaya a donde el juez de paz’, pero hay que revisar qué falcultades hay y qué funciones se tienen”, añade. Este panorama es el principal reto que tiene ahora el CLJ, el cual se pretende complementar con formación a los diferentes actores, así como el acompañamiento y las políticas de la administración local y organizaciones internacionales.
Avances locales
Uno de los compromisos que hizo la administración municipal a los asistentes de esa primera sesión fue el duplicar el número de Casas de Justicia para alcanzar seis en total. Esto permitiría, además de descongestionar aún más el sistema, una mejor atención al ciudadano en cuanto a la resolución de conflictos y los tiempos de espera. Entre los casos de éxito mencionados estuvo el de la Casa de Justicia de Siloé, la cual, en lo corrido de 2024, ha atendido más de 8.000 casos, la cifra total durante 2023 fue de 12.000. Además, hay otro dato positivo: las Casas de Justicia de la ciudad, principalmente las de Aguablanca, se han embarcado en los servicios itinerantes para romper las brechas de acceso.
“Es una muy buena noticia para la ciudad por los casos que manejamos. Asimismo, ya teniendo la articulación desde el Comité Local de Justicia de los demás actores como las Casas de Justicia que tienen a los conciliadores en equidad, vamos a poder colaborar”, añade Gloria, abogada y jueza de paz de la Comuna 10, quien también sueña con un Observatorio de Justicia en el que se puedan abordar y estudiar los casos más recurrentes que maneja cada uno de los actores. Esta idea ya estaría sobre la mesa, según el Plan de Desarrollo.
En su momento, la Fundación Tengo Ganas, que promueve los derechos humanos y reconoce a la juventud como motor de cambio, ubicada en Cauca, informó que otro de los planes que tendría la administración con el acompañamiento del programa de Usaid sería el fortalecimiento a las inspecciones de Policía, corregidurías y las Casas de Justicia, así como la implementación de estrategias para fortalecer las comisarías de familia, “entre ellas la presentación del decreto de la estampilla para la justicia familiar, con el que aspiramos crezca el número de comisarías en la ciudad”, les comentó Luis Varela, subsecretario de acceso a los servicios de justicia de Cali.
Adicionalmente, con estrategias como “Abriendo Caminos: justicia inclusiva desde la acción comunitaria en contextos urbanos”, de la Fundación Alvaralice se continuará con la formación de jóvenes para el rol de mediadores comunitarios. Desde 2023 se han formado 51 jóvenes a través de la Caja de Herramientas en Métodos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia. Y, para el 30 de abril de 2024, como resultado de un trabajo conjunto entre los diferentes actores, se han resuelto 750 conflictos por parte de los mediadores.
En materia de formación también se destacó una alianza con la Universidad Javeriana de Cali, con la que 59 jueces de paz asistieron a sesiones de fortalecimiento técnico en capacidades para el ejercicio de jurisdicción de paz y otra con la Universidad del Cauca que permitió que 29 conciliadores en equidad de Cali se capacitaran y certificaran.
“Tuvimos la oportunidad de contar con tres grupos de jueces de paz de Cali y, en compañía con nuestros estudiantes de la carrera de Derecho de la familia, se les dieron temas de pedagogía en derechos, hablamos sobre temas de constitución política, y ya digamos en el quehacer de ellos como jueces de paz, los capacitamos sobre la manera en la que se debían elaborar las actas, cómo hacen estos procesos cuando ayudan a la comunidad en la que tienen influencia”, añadió Andrea, directora del Consultorio Jurídico de la Javeriana.
Ahora, con los compromisos de la administración local, el apoyo de organizaciones internacionales y la expectativa que hay frente al Comité Local de Justicia, en donde los voceros de las Mesas de Justicia Comunitarias tendrán un papel fundamental para hablar sobre las realidades que atienden y de las que forman parte, los caleños esperan ver cambios significativos en acceso a la justicia desde los próximos meses, para que cada vez más conflictos puedan resolverse de manera oportuna y, no se descarta, su modelo pueda tomarse como ejemplo en más ciudades del país que han luchado contra las mismas barreras.
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