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¿El sector privado puede mejorar el acceso a la justicia? En busca de una respuesta afirmativa, varias empresas y fundaciones locales que se mueven en diversos sectores han encaminado sus inversiones y esfuerzos en mejorar el sistema judicial en Colombia. Un trabajo que, si bien se aleja de su cotidianidad como la producción, las labores y los contratos, contribuye a romper barreras al interior de la sociedad. Hoy le contamos de algunos casos que se mantienen vigentes.
Uno de los ejemplos más destacados es el de la Fundación Corona que, durante los últimos cinco años, ha destinado dinero, esfuerzos y personal a investigar qué funciona y qué está fallando en el sistema judicial colombiano. Junto con otras organizaciones, como la Fundación Bolívar Davivienda o la Corporación Excelencia a la Justicia, han publicado dos entregas de “Justicia cómo vamos”: un informe cualitativo y cuantitativo que hace una radiografía judicial.
El informe es valioso, según Diana Dajer, gerente de participación ciudadana de la Fundación Corona, porque extrajo conclusiones que estudios estatales no habían descubierto antes. Por ejemplo, encontró que el 83,6 % de los colombianos no acuden al sistema de justicia y, por ende, o nunca solucionan sus problemas o recurren a la violencia como alternativa.
“Hay que ver la justicia como un sistema de varios engranajes: el Estado es uno, la ciudadanía otro, y el tercero es el sector privado. Este sistema solo va a funcionar bien si todas las entidades tenemos algún rol sobre ella y generamos una corresponsabilidad para resolver los grandes problemas que existen”, cuenta Dajer.
Otro de los hallazgos del informe concluye que son bastantes los municipios y ciudades principales que, por presupuesto o ausencia estatal, no tienen la capacidad operacional para ofrecer justicia a sus ciudadanos. Se encontró que hay media de 11 jueces y ocho fiscales por cada 100.000 colombianos, lo que en cierta parte explica las demoras de la justicia en el país y, tal como lleva alertando el Estado durante décadas, que la demanda supera la oferta del servicio. La cifra es dispar si se contrasta, por ejemplo, con los 355 abogados que, se estima, hay por cada 100.000 habitantes.
Dajer cuenta que invertir e investigar a la justicia permitió visibilizar que hay zonas del país que presentan indicadores aún más en rojo que los de la media nacional. Tal es el caso de San Andrés, Arauca o Pamplona (Norte de Santander), que tienen tan pocos funcionarios que técnicamente es imposible que exista un servicio rápido con tan pocos recursos.
“Esto demuestra que el acceso al servicio no es el mismo en todas partes, tanto por la presencia judicial en los territorios como por las características sociales. Y nos invita a pensar que se requiere de una justicia con diferentes enfoques dependiendo del municipio”, cuenta Dajer.
La Fundación Bolívar Davivienda, por su parte, le ha apostado, entre varios proyectos, a “Mi lado humano”: una iniciativa de pedagogía y atención psicológica a más de 450 jueces, fiscales, magistrados y comisarios de familia que reciben apoyo y talleres para mejorar su vocación en la Rama Judicial y hacer de la justicia más eficaz e inclusiva desde sus despachos.
“Es de suma importancia que el sector privado se integre cada vez más en los procesos que fortalezcan el sistema de justicia desde el desarrollo integral de los servidores judiciales hasta la implementación de tecnologías avanzadas”, comenta Fernando Cortés McAllister, director ejecutivo de la Fundación.
Decisiones estratégicas
Hablar de inversión a la justicia no implica únicamente un desembolso de dinero con fines benéficos o filantrópicos. Hay compañías que utilizan estas técnicas empresariales como una estrategia para mejorar sus resultados y la productividad de sus empleados. Alejandro Vásquez, profesor de la Eafit y colaborador de una investigación sobre los beneficios de invertir en justicia, aclara que, “existen fundamentos desde grupos de interés que hacen deseable e incluso provechoso invertir en este campo desde el sector privado. No solo por razones filantrópicas, sino también estratégicas. Se puede llegar hasta a recibir ocho veces lo invertido tras apostar por la justicia y su fortalecimiento”.
Un ejemplo claro es el de Calzatodo, una megacompañía con 40 años de trabajo en Colombia que, al detectar que las mujeres que integran la empresa eran violentadas en sus propios hogares, decidió invertir en justicia para ellas. Según explicó Jesús Mejía, gerente general de Calzatodo, el 90 % de la planta laboral son mujeres y la mayoría de ellas son, también, madres cabeza de hogar, y se presentaban varios casos en los que no podían llegar a sus trabajos a causa de la violencia intrafamiliar.
Mejía, junto al cuerpo directivo de Calzatodo, entendieron que “no hay un canal rápido y expedito (de acceso a la justicia) que pueda ayudarles a solucionar ese problema en particular”, por ello contactó autoridades en Valledupar, Montería y algunos puntos en Valle del Cauca para que pudieran asesorar a las mujeres y “fortalecer el acceso a la institucionalidad y ayudar a las familias, que es lo más importante”. Con esa decisión ayudaron a que docenas de casos de agresiones pudieran ser tramitados y, además, asegurar que se “reduzca el ausentismo, que es mortal para las empresas, porque afecta el servicio en los puntos de venta”.
Por su parte, Nestlé, el gigante de alimentos y bebidas en Colombia, le apuntó a los programas de acceso a la justicia con impacto, tanto en las comunidades como al interior de sus fábricas. Un buen ejemplo es su iniciativa “Comunidad y respeto por la vida”, con la que viajó a municipios de Valle del Cauca para financiar la formación de 81 conciliadores en equidad.
Estas personas, que hacen el trabajo de mediar miles de conflictos sin necesidad de un abogado o un juez, se capacitaron en solución pacífica de conflictos para convertir el departamento en un laboratorio de acceso a la justicia. En tan solo cuatro años han logrado que al menos 1.000 problemas se solucionen sin violencia y a través del diálogo.
Andrés Peña, director de la sección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, del Ministerio de Justicia, explicó a este diario que “más del 70 % de los procesos de la jurisdicción civil (que trata demandas, arriendos, pleitos de vecinos o asuntos de tierras) ve un acceso a la justicia tardío que dura años”, con lo que este ejercicio no solo tuvo efectos a nivel interno, sino también en el mismo sistema judicial colombiano.
“La facilidad en el acceso a la justicia es algo que nos beneficia a todos como sociedad porque fortalece los lazos sociales y contribuye a tener una comunidad pacífica. Esto se convierte en una posibilidad constante de transformar la sociedad. Como compañía, por ejemplo, nos permite seguir atrayendo y reteniendo talento local clave para la operación de nuestra fábrica en Bugalagrande, Valle del Cauca”, cuenta Carlos Barragán, vicepresidente corporativo de Nestlé en Latinoamérica.
Un camino similar tomó la Fundación Bolívar Davivienda, que aunó esfuerzos con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para fortalecer las Comisarías de Familia y proporcionar herramientas a niños, niñas, adolescentes y maestros en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) para fomentar la resolución de conflictos por medio del diálogo. Además de desarrollar el Premio de Innovación Judicial con el que se identifican y estimulan prácticas exitosas en la gestión del sistema judicial.
Cortés McAllister, director ejecutivo de la Fundación, recuerda que la edición 2024 está abierta a magistrados y jueces, directores y miembros de consultorios jurídicos universitarios, semilleros universitarios, conciliadores en derecho y unidad, y centros de arbitraje y conciliación de las Cámaras de Comercio.
Un ensayo necesario
Aunque hay buenas razones para invertir en justicia, como en todo proceso, los actores encuentran ciertos obstáculos. Uno de ellos es identificar desde qué foco una empresa que se dedica a un sector diferente al judicial puede aportar, además de desmitificar que se trata de una tarea que solo le corresponde al Estado.
En su investigación Retornos y beneficios de la inversión privada en la Justicia, la Universidad Eafit, apoyada por USAID, entrevistó al menos a 26 organizaciones privadas (empresas, Cámaras de Comercio, universidades y fundaciones) y se concluyó que en ese sector hay varios mitos al respecto. “No sabían medir el impacto de su inversión, el aspecto reputacional sobre lo que pueda desprender esa inversión. También está la idea de que esa acción puede significar una injerencia a la autonomía judicial”, dice el informe.
Pero Cesar Alvarado, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), asegura que esos mitos deben desmentirse. Su argumento se basa en que “si yo como inversor ajeno, ya sea nacional o por qué no, internacional, veo territorios que no son sostenibles en materia de justicia ni de orden público, que no son pacíficas, pues difícilmente voy a poder proyectar ahí el desarrollo, el emprendimiento y la formalización de una empresa”.
Para él, la inversión a la justicia es un ensayo necesario, pues al brindar un beneficio colectivo, debe competerle no solo al sector público, sino también a la empresa privada que tiene presencia en los diversos territorios. Con esa idea como bandera se han gestado varias de las iniciativas presentadas, que extienden su invitación para que cada vez sean más las organizaciones en búsqueda de que las comunidades habiten espacios justos para todos.
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